Vivimos unos tiempos en los que el dominio de una nación sobre otra ya no se expresa en una forma de ocupación territorial sino a través de mecanismos de ocupación capitalista. La crisis del euro y de la deuda soberana desplegada durante la pasada década puso de manifiesto cómo el dominio de la República Federal de Alemania sobre los estados periféricos de la Unión Europea, incluido el Estado español, a través de la imposición de medidas de austeridad que garantizaran la estabilidad monetaria y el retorno de los rescates, resultó mucho más efectivo que la invasión militar sobre buena parte del continente impulsada por el III Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
De manera similar, es probable que la República Popular China no tenga incentivo alguno para iniciar un ataque a gran escala sobre California para apropiarse de todas sus riquezas que, en buena parte, son intangibles derivados de la economía del conocimiento, pero en cambio puede ejercer una influencia mucho más profunda con la compra de bonos de algunas de las empresas con sede en el mencionado estado americano y también de deuda pública emitida por el tesoro de Estados Unidos, hasta el punto de que, antes de la crisis global de 2008, algunos economistas habían vaticinado que el descalabro financiero se podía producir por una venta masiva de deuda pública estadounidense hasta entonces en manos de tenedores chinos.
Bajo estos parámetros, la situación catalana del presente se podría describir como la rémora de una antigua ocupación territorial ejercida por el aparato del Estado español en el marco de una ocupación capitalista que afecta al propio Estado español. Más allá de las razones sociopolíticas y culturales que explican el rechazo atávico al movimiento independentista por parte de las oligarquías estatales, el horror a un Estado catalán se expresa en el hecho de no poder continuar con la extracción de recursos que permita cubrir la deuda descomunal en la que este mismo centro de poder español ha incurrido ante el ocupante capitalista para mantener su estructura de dominación social y nacional.
En paralelo, el ‘cierre de filas’ a favor del gobierno español por parte de todos los estados miembros de la Unión Europea y de las instituciones comunitarias también se explica por el pánico que causa una implosión del Reino de España a consecuencia de la ruptura catalana y de la imposibilidad de satisfacer las exigencias financieras impuestas por los tenedores públicos y privados del continente. Privar a España del veinte por ciento de su PIB implicaría condenarla a la quiebra técnica y precipitar un alud de quiebras que podría llegar a perjudicar el corazón del poder político y económico europeo: la República Federal de Alemania.
Sólo en este contexto se puede entender que buena parte de los eurodiputados alemanes de las grandes familias políticas conservadora, liberal e incluso socialdemócrata sucumbieran a las presiones españolas y votaran a favor de levantar la inmunidad parlamentaria del president Puigdemont y los diputados Toni Comín y Clara Ponsatí. No deja de ser inquietante que este amplio sector de representantes alemanes votara para propiciar un resultado, la extradición del president Puigdemont, que había rechazado uno de sus tribunales (el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein).
También es alarmante que los eurodiputados alemanes aludidos desprecien los dictámenes de órganos de las Naciones Unidas de garantía de derechos fundamentales que pedían la liberación inmediata de dirigentes independentistas como Junqueras, Sánchez y Cuixart encarcelados por los mismos delitos que se imputan a Puigdemont. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial (y después de toda la barbarie que el régimen nazi causó), políticos alemanes han mostrado una actitud abiertamente hostil contra el derecho internacional de los derechos humanos.
Si el resultado de la ocupación capitalista debe ser el abandono de los valores fundacionales de la Unión Europea y de la lucha por su preservación en sus estados miembros (y no parece que esta tendencia se vaya a contener mientras, por ejemplo, la UE concluya grandes acuerdos en materia de inversiones con la República Popular China como ha sucedido este invierno), el proceso de integración ha perdido su sentido y probablemente camina hacia su condena.
