La fiscal general del Estado español, María José Segarra, ha rechazado la presencia de observadores internacionales en el juicio previsto contra líderes independentistas catalanes. Y ha terminado el tema con la afirmación de que, como será «televisado y en directo», entiende que «no podemos ofrecer nada más» y, por ello, que la transparencia ya queda garantizada por completo. Y se ha quedado de lo más tranquila, como si nada, después de haberla soltado de la altura de un campanario.
Con aquella ingenuidad seráfica tan nuestra, que tanto nos caracteriza a la hora de hacer política, algunos compatriotas se han apresurado a decir que no es exactamente lo mismo seguir el juicio por televisión que hacerlo, en directo y personalmente, de presentes en la sala. Sobre todo, dicen, porque el control de las cámaras lo tendrá el Supremo, el tribunal que los juzgará, y seguro que habrá matices, imágenes, gestos, reacciones, comentarios, que no aparecerán en la retransmisión y, en consecuencia, no permitirán tener una visión completa de todo lo que se llevará a cabo, sin restricciones de ningún tipo en el campo visual.
Al final, pues, puede acabar pareciendo que el rechazo a la asistencia de observadores internacionales es una cuestión simplemente técnica, o bien, incluso, de espacio, porque tanta gente no cabe en la sala. Todavía se les deberá agradecer que, con el fin de evitarles la incomodidad de aguantar todo el tiempo dentro, situados quizás en un lugar no muy apropiado, se les facilita la comodidad de la imagen televisiva, en casa o en el hotel, comodidad que te permite levantarte cuando convenga, sin molestar a los vecinos de asiento.
Evidentemente, debe de estar de más afirmar que el problema de los observadores no es técnico, ni de espacio, sino exclusivamente político. Lo que España no se puede permitir es, precisamente, que en un juicio de esta naturaleza, uno de los más importantes de toda su historia, asistan observadores internacionales. Y no quiere hacerlo por dos motivos. En primer lugar, si hay observadores internacionales, significa que hay quien cree que, en el juicio en cuestión, España no da suficientes garantías de imparcialidad, objetividad y criterios justos, en un juicio que será eminentemente político de todos modos. Por lo tanto, que el nivel de calidad de la democracia española plantea serias dudas en cuanto a la defensa de derechos democráticos, humanos y civiles fundamentales, la autenticidad de las pruebas, la credibilidad de los testigos, la interpretación no forzada de la ley, etc.
Dicho de una manera aún más comprensible, si hay quien observa si las cosas se hacen como es debido democráticamente hablando, quiere decir que, desde el punto de vista democrático, España no es de fiar, porque no ofrece suficientes garantías democráticas en todo el procedimiento. Aceptarlo significaría situar al Reino de España junto a estados como Turquía, Arabia Saudí o Filipinas, que no son precisamente, ejemplo de calidad democrática.
En segundo lugar, sin embargo, la presencia de observadores internacionales significa algo aún más importante: que el conflicto que mantiene España contra Cataluña no es una cuestión interna española, sino que se trata de una realidad que ya se ha internacionalizado y, por lo mismo, que interesa más allá de las fronteras del Estado, No es, sólo, un problema español, sino también europeo e internacional. Y es esto lo que España quiere impedir a toda costa: que hay un conflicto entre un pueblo que quiere emanciparse nacionalmente, de forma pacífica y democrática, y un Estado que lo impide a porrazos y garrotazos de ley, de modo violento y empleando el uso de la fuerza sin ningún complejo ni escrúpulo.
La cuestión catalana se juega en la escena internacional y se desencallará por la acción internacional. España lo sabe muy bien y por eso no permite a los observadores internacionales en la sala del juicio y le dan pánico porque certifican la existencia de un conflicto político no resuelto que quiere ocultar, disminuir o manipular a los ojos del mundo. Es por ello que el Ministerio de Asuntos Exteriores hará una inversión multimillonaria, pagada también por nosotros con nuestros impuestos, para contrarrestar el impacto exterior del juicio, con las intervenciones de los acusados y sus abogados. Por este motivo nos conviene internacionalizarnos más que nunca, con inteligencia, de manera planificada, con mano izquierda y sentido de estado.
Ya hace años que pude comprobar que, a la hora de la verdad, cuando vamos a por todas, cuando la cosa vaya en serio, tendremos más cómplices de los que ahora pensamos. Pero estos cómplices, hoy potenciales o con una simpatía latente, deben estar informados en su lengua de lo que pasa, de cuáles son nuestros proyectos y maneras y, cuáles, los del Estado. Se deben cuidar, deben tratarse de manera prioritaria, con un plan preparado, debemos tener media docena de personas girando por el mundo, hablando con gente influyente, personas, instituciones, medios de comunicación, universidades, fundaciones, etc.
Pero no debemos perder de vista, ni un solo instante, que nadie nos hará un trabajo que sólo a nosotros nos corresponde hacer, porque nadie se moverá fuera, si nosotros no nos hemos movido dentro con criterios políticos, acciones de masas y comportamientos cívicos tan escrupulosamente pacíficos como contundentes, claros e inequívocos.
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