Uno de los mantras del procesismo es que la resolución del conflicto entre Cataluña y España va de democracia. Este argumento, intrínsecamente, implica que España no es una democracia, y que, si lo fuera, permitiría un referéndum de autodeterminación. Todos lo hemos dicho alguna vez, y no sólo los independentistas. Eso de le que ‘le llaman democracia y no lo es’. Pero este argumento no sólo no es del todo cierto sino que nos va a la contra.
La medida de los estándares democráticos de un país no parte de un consenso. Incluso el tan alabado índice de ‘The Economist’ genera controversias por su metodología. Y aún menos hay consenso en que un país sea menos democrático por no respetar el derecho de autodeterminación, como que no lo sea por no combatir la pobreza con la suficiente contundencia, por tener un sistema educativo que no vela lo bastante por la igualdad de oportunidades o por no trabajar lo suficiente por la paridad entre hombres y mujeres.
En este sentido, estamos dando la razón a España en que la resolución del conflicto político no va de democracia, porque este Estado figura en todos los índices como una democracia plena, aunque a veces bascule hacia una democracia defectuosa como también lo es considerada los Estados Unidos, con una defensa de las libertades en muchos aspectos muy superior a la nuestra, o Francia, o Japón, o Bélgica. Y si España fuera una democracia plena, e incluso mejorara sus indicadores, como nos quieren hacer creer que puede pasar los que quieren reformar España (empezando por Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP, con batallas tan absurdas como la de derribar la monarquía), entonces no tendría sentido reclamar el derecho de autodeterminación.
En la parte contraria, si España se desestabilizara hasta el punto de convertirse en una dictadura, para lo que haría falta mucho recorrido, lo tendríamos más fácil para la liberación del país. El argumento se cae sólo con pensar en qué medida cualquier sistema político anterior por el que ha pasado España nos ha acercado a la independencia más que ahora, empezando por el franquismo. Y a diferencia de lo que sostienen los que hablan de la represión española como si estuviéramos en el franquismo, son precisamente los niveles de bienestar y de libertad que disfrutamos hoy, a pesar de las agresiones de España, los que, por un lado, hacen que el coste de imponerse se sea más bajo que entonces, y por otra, que el coste de los que nos quieren reprimir de forma más brutal sea más elevado que entonces.
La autodeterminación de Cataluña va de soberanía. Soberanía, para empezar, para decidir votar la independencia de forma democrática, independientemente de la posición de España. Porque recordemos que la mayoría de países no se han convertido en independientes mediante un referéndum, sino después de ganar una guerra. Y esto lo saben muchos ciudadanos. El Ómnibus de este otoño hecho por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP), aportó un dato interesante que no había aparecido nunca en los medios de comunicación: un 41% de los encuestados, cambiaría su voto negativo a la independencia por un voto positivo por una o más razones. Los que se abstendrían, en un porcentaje mayor variarían su voto a un sí: más de un 65%.
Esto nos indica, además que España nunca aceptará un referéndum pactado, porque sabe que lo perderá, que estas personas atribuyen a España la soberanía de decidir sobre esta materia, ya que los motivos más esgrimidos entre los que cambiarían el ‘no’ por el ‘sí’ son que el referéndum fuera acordado con España, un 22% de los encuestados, seguido por que votaran todos los españoles (casi un 20%). Esto, entre los que se abstendrían, las razones de más peso para pasarse al voto afirmativo serían que no hubiera una salida de la UE (un 34%), que no hubiera represalias económicas contra las empresas catalanas (un 40%) y que realmente se llevara a cabo la independencia a raíz del resultado (un 22%).
Un movimiento político independentista honesto, sea del tipo que sea, tiene que partir por explicar claramente que la independencia sólo se logra tomando la soberanía. Una vez hecho el único referéndum que permitirá votar alguna vez la independencia, que es el del 1 de octubre de 2017, donde se fue ‘independiente’ para decidir democráticamente que Cataluña debía ser un Estado independiente, se abren las cárceles, se dan las órdenes pertinentes a los mossos d’esquadra, que para decidir a quién obedecer primero deben ver un choque real de soberanías y ver quién tiene más opciones de ganar, controlando las infraestructuras de forma sostenida como se vio que se podía hacer con el simulacro del aeropuerto de octubre de 2019.
Y sobre todo, explicando claramente a la gente que ni siquiera una independencia acordada garantiza que el conflicto con España se acabe, porque como hemos visto históricamente, y lo vemos ahora, por ejemplo, con Gibraltar, el lenguaje que ha mantenido con Cataluña ha sido siempre el de la confrontación. Pero la independencia permite mantener el conflicto en unos niveles por debajo de la confrontación directa gracias a la protección de su soberanía (sin FAES, sin la policía o la Guardia Civil en el territorio, sin una judicatura haciendo de ejército…), que le requiere su entorno para su supervivencia.
EL MÓN