No es la noticia que más espacio mediático ha ocupado, pero sin duda es la que tiene mayor trascendencia para nuestro futuro colectivo. El govern independentista que gestiona la autonomía ha hecho oficial su acatamiento del marco constitucional español. Así ha quedado por escrito esta semana en un documento acordado en la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán y hecho público por ambas partes.
Los términos del acuerdo, más allá de no utilizar la palabra “constitución”, son absolutamente inequívocos. No sólo se habla de un compromiso de “conducir la actividad política” en el ‘statu quo’; institucional sino que también se explicita que cualquier cambio pasa por los procedimientos de reforma establecidos (en referencia precisamente a la Constitución). A diferencia de textos anteriores, no existe ninguna ambigüedad que permita interpretarlo como una puerta abierta a un referéndum acordado ni nada parecido.
El acatamiento de la Constitución y la renuncia a la unilateralidad, que conjuntamente suponen la negación explícita del derecho de autodeterminación, hasta ahora sólo se había realizado en la intimidad del Tribunal Supremo (cuando los líderes del independentismo, sin excepción, hicieron este acatamiento para salir de prisión temporalmente) o en escritos publicados en la prensa (en este caso, sólo una pequeña parte de los indultados). Ahora, la renuncia la hace el gobierno investido por la totalidad de los diputados independentistas.
Cuesta hacer una valoración desapasionada de este acuerdo de la mesa de diálogo, evitando palabras gruesas. No hay más contenido relevante, si tenemos en cuenta que el otro acuerdo sobre la lengua, que tiene mucha más concreción, aparte de ser una reiteración de promesas incumplidas de hace una década y media, lo que hace es recoger el contenido de las últimas leyes sobre la enseñanza aprobadas hace un par de meses. Unas leyes que, casualmente, el TSJ llevó al Tribunal Constitucional al día siguiente. Por tanto, podemos suponer ya cómo acabarán.
Así pues, no es de extrañar que la parte española saliera eufórica a cantar victoria por los acuerdos de la mesa. En concreto, el ministro de Presidencia proclamó que nunca más una parte de Cataluña impondrá su visión a la otra parte. Como si la dependencia y el sometimiento actuales no fueran ya fruto de la imposición (últimamente por la vía del 155 y la represión) sino que la parte independentista lo hubiera aceptado con agrado. Ya se sabe, el ‘statu quo’; tiene el monopolio de la violencia y la capacidad de encarcelar a los disidentes. Pero esto parece que no es ninguna imposición.
Aparte de todo lo anterior, estos acuerdos con el gobierno español se producen en un contexto significativamente diferente a los anteriores. Las palabras ambiguas de anteriores comunicados iban acompañadas de posicionamientos inequívocos del Parlamento en defensa de la autodeterminación y de la independencia votada y proclamada. Unos pronunciamientos que en esta legislatura en la que todo el independentismo acordó transitar por la vía del diálogo con el Estado, brillan por su ausencia.
Que esta renuncia del govern independentista que gestiona la autonomía a llevar adelante el propio proyecto político sin el permiso del Estado sea “con el objetivo de facilitar la superación de la judicialización” es sarcástico. El acuerdo podría resumirse en un “si sois buenos chicos no os castigaremos”. De hecho, no deja de ser un ‘remake’ cutre del chantaje al que Llarena sometió a los presos para dejarles salir de la cárcel (de hecho se quedó a 4 como rehenes), que por cierto acabó con todos los que seguían en política volviéndolos a meter.
Después de esto habrá que reajustar el mensaje. No, la mesa de diálogo no era una farsa ni ha sido un fracaso. El género era la tragedia. Lo que se estaba cociendo hace tiempo pero se ha concretado esta semana en realidad es un desastre descomunal. No es un perjuicio para el independentismo porque dé una imagen de normalidad en la que hay represión y negación de derechos democráticos. Es la renuncia solemne, por parte del govern catalán, de romper con la anormalidad de la dominación española.
Hasta donde yo sé, ningún miembro del govern ni ningún portavoz oficial de los tres partidos que lo investieron (con una unanimidad que no se había dado desde 2010) ha desautorizado el acuerdo con el gobierno español. Nadie ha dicho que vulnera el pacto de investidura, como por otra parte me parece obvio. Y no sólo porque se dijo por escrito que en la “mesa” sólo se iba a hablar de autodeterminación y amnistía y se haya acabado hablando de “desjudicialización”. Es una ruptura del pacto, sobre todo, porque la vía de la mesa de diálogo no ha sido la antesala de un nuevo embate (si tal palabra significa algo) sino la renuncia formal a plantearlo.
A los independentistas que no hemos pasado pantalla del 1-O -¡ni queremos hacerlo!- sólo nos queda denunciar la ilegitimidad de este acuerdo del govern catalán con el español. Ilegítimo porque contraviene los mandatos de las urnas y del Parlament, y porque nunca nadie de los tres partidos que avalan este acuerdo explicó a los ciudadanos que votarles a ellos nos llevaría a ese desbarajuste. Ahora, los que queremos reanudar el camino de la libertad no tenemos más remedio que priorizar a corto plazo el cambio de este govern.
EL MÓN
