El posicionamiento para el cambio, publicitado en las últimas elecciones en Navarra, no sólo era para retirar democráticamente a UPN-PP del poder autonómico, sino para ejercer los imprescindibles derechos civiles y políticos, incluidos los sociales, económicos y culturales, por todos los navarros. La memoria histórica de la sociedad navarra se halla repleta de negaciones al derecho a decidir, que proceden de la misma dirección española o francesa: desde las más recientes, como el Estatuto de Autonomía, denominado Amejoramiento, que no fue sometido a referéndum de los ciudadanos, y la imposición manu militari del Convenio de 1927, que profundizó aún más el desmantelamiento institucional de Navarra de la Ley de 1841, siempre sin consulta a los ciudadanos, hasta las conquistas de 1200, 1512…
Este reiterado gran fraude a la democracia ha sido realizado ahora por el PSOE, al permitir un gobierno en minoría de UPN-PP. A la postre, lo que hemos vivido en la última designación del Gobierno de UPN es un capítulo más de la conocida novela subordinacionista, incluido el baile de máscaras, con equívocos colores para ocupar engañosamente el lugar que le corresponde a la mayoría, suplantada por partidos políticos subordinacionistas de obediencia ajena a esta ciudadanía. Este juego, aparentemente inofensivo y legal, oculta la suprema negación de derechos políticos generada por el conflicto de soberanías, que con toda crudeza aquí se padece.
A UPN-PP y al PSOE no les preocupa que NaBai sea de izquierdas, ni tan siquiera que sea euskalzale, lo que realmente les pone en guardia es el componente soberanista. Por muchas declaraciones que hagan los líderes de NaBai, de que son una fuerza de izquierdas, no exclusivamente nacionalista, o no soberanista llegado el caso, PP y PSOE no se lo creen ni se lo creerán. Son precisamente el PP y el PSOE, con su monopolio del poder político, quienes reconocen el cariz de choque de derechos colectivos, no identitarios, al impedir el funcionamiento democrático, en el relevo de los puestos políticos en las instituciones, y justificar dicho comportamiento con declarados, expresa o tácitamente, intereses de Estado.
Estos hechos analizados, no suponen solo la entrega a la extrema derecha del gobierno autonómico de Navarra, que también lo es, sino que entran de lleno en la ocultación de esta sociedad subordinada y de su capacidad de decidir. La percepción de la ciudadanía navarra, a pesar de todo, es cada vez más clara en el sentido de que se ningunea su voluntad democráticamente expresada, aunque no del todo libremente, debido a la falta de igualdad y trasparencia.
La gente de izquierda tiene inclinación, a no ser que sea neojacobina o estalinista, a que los ciudadanos sean iguales, soberanos, y esté en sus manos decidir quiénes han de ser sus gobernantes. Los propios actores de la última representación, reconocen que hay algo más allá del cambio derecha a izquierda, que no es asumido ni quiere ser entendido por Madrid. ¿Qué podría llegar a hacer la izquierda navarra si respeta la soberanía de su ciudadanía?, todo. De lo contrario, nada. Sin soberanía se convierte en mera gestora de la subordinación.
Que en la Historia de este País, la violencia absolutista, y su correlación la sumisión servil, haya sido la partera del sistema que niega la existencia a una sociedad subordinada como la nuestra nos da la explicación del antidemocrático planteamiento, de aquellos que quieren mantener el insostenible statu quo sobre los navarros y otras ciudadanías, como la catalana.
Se está hablando de política casi como nunca, pero ¿qué les pasa realmente a los navarros? Esta anómala situación de falta de soberanía la padecen todos los navarros, o lo que es igual, todos los vascos. ¿Y qué es la soberanía, cuya carencia tiene tan graves consecuencias? En el análisis de la coyuntura política no se puede perder de vista que el entramado constitucional español ha sido construido para controlar a otras realidades sociopolíticas ciudadanas, subordinadas. La soberanía en la actualidad es la cualidad de los ciudadanos y de su sociedad, por la que pueden ejercer libremente sus derechos políticos y civiles. Estos derechos consisten en la plasmación concreta de las libertades individuales y colectivas.
Para reemplazar a la ausencia de soberanía existen unos sustitutos, preparados ex profeso, cuya misión es aparentar normalidad. Este es el cometido de los llamados Estatutos de Autonomía: Amejoramiento y de Gernika, aunque el segundo haya sido refrendado no por eso respeta y ampara más la soberanía ciudadana que el primero. Sin embargo, en un caso como en otro, no son suficientes los mencionados sustitutos jurídico-institucionales. Les resulta imprescindible, para que el tinglado se mantenga, la presencia de los partidos subordinacionistas, cuya función es evitar que, el control de las citadas instituciones autonómicas, pase a manos de fuerzas soberanistas, que puedan tener como objetivo recuperar el ejercicio de los derechos por todos los ciudadanos.
El eslabón más débil de la subordinación de la sociedad navarra es precisamente el electoral. De ahí la enorme dedicación en medios y recursos económicos que destinan a la supremacía de los partidos subordinacionistas, sedicentemente constitucionalistas, al objeto de que impidan el triunfo de fuerzas que defiendan la democracia real. Los partidos políticos no sólo deben publicitar sus ideologías, sino que su función es procurar que la ciudadanía recupere y ejerza sus derechos civiles y políticos, posibilitando que elijan a sus representantes para que lo lleven a cabo, algo que ni el PSN-PSOE ni UPN-PP lo hacen.
Esta sociedad subordinada debe dotarse de las fuerzas políticas que, agrupadas, puedan vencer democráticamente a los partidos subordinacionistas. Esta es la enseñanza de las últimas confrontaciones electorales habidas. La vía electoral democrática es a la que realmente tienen miedo los subordinacionistas y sus partidarios, la vía que a la vez articula políticamente a la sociedad, que busca la soberanía, contando con sus propias fuerzas.
El obtener el poder, en las instituciones subordinadas o autonómicas, a pesar de ser dificultado por todos los medios, es el camino necesario que deben andar las fuerzas políticas, al objeto de conseguir la recuperación de la soberanía para esta sociedad plural y diferenciada. El viejo contencioso no ha concluido. A pesar de los actuales «neojacobinos», en el tema de los derechos ciudadanos y de la soberanía no ha habido ni punto final, ni, por supuesto, solución final. Sólo se resolverá con el consecuente respeto y ejercicio de los «derechos humanos», civiles y políticos, individuales y colectivos.
La ciudadanía navarra se halla privada del derecho a decidir, sobre su sistema jurídico e institucional y sobre quienes han de ser sus gobernantes. Ni UPN-PP ni el PSN-PSOE quieren cumplir el mandato de la ciudadanía navarra, convirtiéndola por tanto en una sociedad privada de soberanía. La libertad del ser humano está reñida con planteamientos que traicionan la voluntad colectiva de los ciudadanos. Aquí se ha producido un hecho trascendental, al descubrirse con toda nitidez la burda falacia de la imposición de las ideologías subordinacionistas, que no respetan los derechos de los ciudadanos, lo que en consecuencia deberá hacer cambiar el curso político navarro en el futuro inmediato.
