El presidente Quim Torra se ha dirigido al ministro del Interior Grande-Marlaska para exigir medidas disciplinarias para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que se han visto implicados en diferentes ataques -sobradamente conocidos- contra independentistas después de que la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, se hiciera ‘la sueca’ a fin de darle tiempo a Madrid para confeccionar el argumentario al uso. En las redes, el personal ha comenzado a cruzar apuestas de cuál será la actuación del ministro. El caso es que ni los más optimistas creen que este vaya a mover un dedo. Sería toda una novedad que en la España de los torturadores franquistas inverosímilmente condecorados por demócratas, quiero decir la de Antonio González Pacheco (Billy el Niño), la de Jesús González Reglero, Félix Criado y Pascual Honrado de la Fuente, un ministro persigue la impunidad policial cuando ésta se dirige contra enemigos declarados del Estado aunque su única arma sea la de la democracia. En ningún caso, el Estado puede dar muestras de debilidad.
Los ciudadanos del País Valenciano tienen un enorme experiencia con la violencia fascista, los policías que no ven nada y los ministros extrañamente incompetentes. Fue un ministro de Gobernación, el fascista Martín Villa, quien puso en marcha durante la Transición la operación del ‘blaverisme’, un movimiento que protagonizó episodios de violencia notables los que nunca fueron investigados. Cuando en 1979 el senador socialista, Alfons Cucó, pidió explicaciones en el Senado al entonces ministro del Interior Ibáñez Freire por la actuación policial ante todos los actos violentos cometidos por fascistas identificados durante los últimos dos años, Freire se limitó a calificar la situación valenciana de normal y a los violentos de ciudadanos que actuaban movidos por motivos de discrepancia política. El País Valenciano, aseguraba Freire, no sufría una situación especial en cuanto al orden público. Freire no olía ni las bombas del anticatalanismo, ni sus palizas, ni menos aún la inacción de sus policías. Muy ofendido, se permitía de recordarle a Cucó que la policía española estaba defendiendo la democracia con su propia sangre. Finalmente, en un arrebato de cinismo le exigió al socialista que diera los nombres de aquellos violentos a los que aseguraba tener identificados.
Dos años después de la intervención de Cucó, el 11 de septiembre de 1981, intentaron matar a Joan Fuster con la colocación de dos potentes artefactos explosivos en su domicilio de Sueca. Era el segundo intento. El primero fue el invierno de 1978, también con una bomba de metralla, similar a la que le enviaron las Navidades de ese año al profesor Manuel Sanchis Guarner. En todos los casos, la investigación policial y judicial fue una auténtica estafa. No es de extrañar, dado que por las características de los artefactos es más que probable que intervinieron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso del ejército. Las violencias continuaron durante años, hasta hoy. La policía nunca movió un dedo ni aún cuando esta violencia tenía lugar ante sus mismas narices.
En algunos casos, los ataques fueron de una especial gravedad. Desde el verano de 2001 hasta finales de mayo de 2002, la sede del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) en la calle Sant Jacint de Valencia sufrió seis de ellos. El entonces secretario general del BNV, Pere Mayor, se mostró absolutamente convencido de que en la delegación de Gobierno sabían perfectamente quiénes eran los responsables de estas acciones. La continuidad de los ataques motivó que el 9 de abril de 2002 Mayor, invitado por el convergente Jordi Xuclà, se reuniera con la comisión de interior del Senado. La intención última era provocar la comparecencia del vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, para que se explicara sobre «la paralización de las investigaciones policiales en esta materia». No hubo ninguna explicación y todo continuó exactamente igual o peor.
El 2 de febrero de 2007 unos desconocidos incendiaron la sede del Bloc en Gandia. Era el tercer ataque en menos de un año ocurrido tras las declaraciones furibundas de dirigentes del PP contra el catalanismo. Tan sólo unos días después dos individuos irrumpían a cara descubierta dentro del Casal Jaume I de Elx gritando vivas a Franco y profiriendo amenazas de muerte contra las personas que se encontraban en ese momento en el local.
La madrugada del sábado 1 de septiembre tres jóvenes disparaban desde la calle con una pistola de perdigones al interior de la entidad privada ‘Ca Revolta’ en el centro de Valencia. Los atacantes dejaron en su huida pintadas en la fachada con los lemas «Mai Catalans» («Nunca catalanes») y «Fuera de aquí».
La noche del 27 de septiembre el portavoz del Bloc de Mislata, Santiago Rosado era brutalmente agredido por un pelotón de jóvenes de la extrema derecha que previamente habían atacado el local de la Asociación Artística y Musical donde se encontraba reunido con otra persona. Durante la tramitación de la denuncia los agentes de la Policía Nacional que le atendieron le dijeron que no entendían el valenciano y que tampoco tenían ninguna obligación de saberlo. Rosado, no tuvo más remedio que redactar personalmente la denuncia.
A media noche del 9 de octubre de 2007 la policía desactivaba junto a la puerta de la sede del Bloc, un artefacto incendiario fabricado con una bombona de gasolina con más de siete litros de capacidad a la que se había adherido una mecha. Curiosamente, lo primero que preguntaron los investigadores policiales a los responsables de la formación nacionalista era si estos sospechaban de alguna facción interna crítica con la actual dirección.
La tarde del 29 de noviembre estallaba un artefacto de fabricación casera reforzado con metralla en la puerta de la sede que Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) tiene en la calle Erudit Orellana de la capital.
Sólo es una muestra de decenas de decenas de actos violentos cuyos responsables nunca se han encontrado. Ni un solo detenido. Fantasmas que aparecen de la nada, golpean, amenazan, desaparecen… Es seguro que en Cataluña pase lo que ha pasado en el País Valenciano en términos seguramente mucho más graves. Después de todo, que veamos un incremento de actuaciones atizadas por los discursos incendiarios de arrimada y Albiol donde las víctimas, a los ojos de dirigentes políticos del régimen y medios de comunicación, serán siempre los agresores, convertidos en ciudadanos discrepantes de una especie de dictadura fantástica.
Cabe decir que Grande-Marlaska, ha estado en el punto de mira del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, por no haber investigado suficientemente las supuestas torturas practicadas por los agentes a detenidos que estaban bajo su custodia. La secretaría de Estado de Seguridad, Ana Botella, es valenciana, y ha sido delegada del Gobierno en ese territorio. Conoce perfectamente la impunidad del anticatalanismo fascista y debe saber qué clase de funcionarios se mueven en su país. Hasta ahora, con la cuestión de Cataluña Botella se ha mostrado tan enigmática como distante. Un actitud habitual de quienes viendo la injusticia callan por disciplina, por miedo, o por quién sabe qué.
Con todo ello, el president Torra lo tiene complicado para sacar el intríngulis en este asunto de un Estado que lejos de ver funcionarios que se extralimitan en sus funciones poseídos por el rancio espíritu de un nacionalismo español de inspiración totalitaria, sólo son capaces de ver ciudadanos que defienden el valor supremo de la patria. Una patria que seguramente querrán defender también de rojos, maricones, inmigrantes y otros antiespañoles… Ya se lo encontrarán.
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