En el Estado español hay quien cree que la unidad de España es beneficiosa para todos, catalanes incluidos. Una idea política legítima. Y hay quien cree que sería más beneficioso para los catalanes tener un Estado propio. Una idea política también legítima. Parece que en una democracia tanto los que tienen una idea como la otra tienen todo el derecho a defenderla y argumentarla. Pero resulta que el Estado gasta muchos millones de dinero público en defender, dentro y fuera, la primera idea. Y pide a las grandes empresas -¿a cambio de qué?- que financien campañas a favor. Pero en cambio este mismo Estado acusa de malversación y de no sé cuántos delitos más a quien considera que hace lo mismo que hace él cada día (y en una escala infinitamente más pequeña) pero a favor de la otra idea. Aunque también sea legítima y legal. El Estado finge ante el mundo que puede haber un debate libre entre dos ideas políticas, pero una tiene el altavoz de toneladas de dinero público y de acción institucional mientras que a quien se atreve a argumentar a favor de la otra se le puede arruinar y meter en prisión. En España, pues, el debate político está viciado. Hay ideas que delinquen. Ya antes de hacer nada. Basta con ser pensadas, dichas y argumentadas. No se me ocurre cómo pueden meter esto en el concepto de democracia.
ARA
