Resultaría literalmente inimaginable que un grupo de inmigrantes polacos en Madrid montaran un cirio en público –y en polaco- porque no hablar ni gota de castellano ni tener ningún tipo de interés por aprenderlo les provocara una cierta dificultad para encontrar un trabajo en Madrid que necesitara trato con el público, y que se presentaran como víctimas de una injusta discriminación, equiparable a ser excluidos por su género, su edad o su color de piel. Y que en consecuencia les pareciera intolerable y ridículo -tan ridículo que haría reír- que se les ofreciera la posibilidad de aprender la lengua que claramente necesitan para poder trabajar. Aún resulta más inimaginable que el Ayuntamiento de Madrid diera a su lamentación airada cobertura y altavoz y avalara, por tanto, la idea de que es discriminatorio en Madrid pedir -¡no hablamos ya exigir!- que alguien para encontrar un trabajo, y más si tiene trato con el público, tenga que saber español o, al menos, que manifieste una mínima voluntad de aprenderlo. Estaremos de acuerdo en que esto, en Madrid, no es sólo que no ocurre, es que no se le pasa a nadie por la cabeza: ni a los inmigrantes polacos ni a los ciudadanos madrileños ni al Ayuntamiento de Madrid ni a la Comunidad Autónoma. Nadie haría una obra de teatro con ello. Ninguna institución la promovería, si alguien la hiciera, en aras de la libertad de expresión. Y esto no es una rareza madrileña. Si en vez de polacos en Madrid habláramos de argelinos en París o de turcos en Berlín sería igualmente inimaginable. Lo que todo el mundo consideraría normal en todas partes es que para poder trabajar en un país sea necesario saber su lengua.
Entonces, ¿por que estas actitudes que resultan estrictamente inconcebibles en todo el mundo, en Cataluña y en el caso del catalán sean no sólo perfectamente imaginables, sino que efectivamente se produzcan, y alguien considere una discriminación intolerable tener que saber catalán para encontrar un trabajo en Cataluña con trato con el público, se consideren ridiculizables y abusivas las ofertas a la gente para aprender catalán y una institución catalana lo incorpore ‘de facto’ en el catálogo de las penas y las imposiciones injustas e innecesarias que se pueden asociar al drama de la migración? No porque la situación sociolingüística del país sea única en el mundo y profundamente diferente a la del resto de los países occidentales. No porque aquí haya más o menos inmigrantes que en Madrid, París o Berlín. Sino porque hay un componente político distinto. En la frase «para trabajar en un país es conveniente saber su lengua» hay una puerta abierta para la interferencia de la política: el sintagma «su lengua». Su definición jurídica.
Porque la definición de cuál es la lengua de un país no está en manos de los lingüistas ni de los historiadores. Está en manos del poder político. Es el poder político el que decide cuál es la lengua del país, que suele ser la lengua del poder. En Cataluña no hace falta saber catalán porque de hecho, políticamente, no es la lengua del país. La lengua del país es el castellano, y sólo subsidiariamente y de forma desigual lo es el catalán. Y lo es y lo ha sido el castellano no porque sea la lengua de muchas de las personas que llegan ahora o de una parte importante de las que viven, sino porque ha sido y es la lengua del poder. Porque era la lengua del imperio. Porque esa decisión del poder se tomó hace ya muchas décadas, cuando prácticamente nadie en el país hablaba castellano y el catalán era la lengua familiar personal de la inmensa mayoría de la población. Es el poder el que dice cuál es la lengua del país, la que sí es necesario saber, aunque sea una lengua importada. Es el poder el que dice cuál no es la lengua del país, la que no hace falta saber, aunque sea la lengua hablada durante siglos por el conjunto de la población. Es el poder político el que consagra cuál debe ser la lengua de todos y cuál es la suficiente aunque sea la lengua de unos pocos y si pudiera ser la lengua de nadie, en el espacio público. Es el poder político el que crea una falsa jerarquía de las lenguas. La Constitución española, por ejemplo. Sobre un trabajo político continuado durante más de un par de siglos.
Los derechos lingüísticos son territoriales. No están vinculados al individuo y le sirven para cualquier territorio en el que esté. Si yo me voy a vivir a Estocolmo, a Rabat o a Madrid no puedo reivindicar mi derecho a ser entendido en catalán o a que mis hijos sean escolarizados en catalán. En Cataluña, sí. Las lenguas generan estos derechos en sus territorios, y los ciudadanos que las hablan están sujetos dentro de unos determinados territorios. ¿Qué territorios? Es el poder el que los marca y los ha marcado. Decía que no me imagino unos polacos que no hablan ni gota de francés ni quieren aprenderlo lamentándose de que eso les impide encontrar trabajo en París. Pero sí me imagino a un grupo de franceses quejándose con mayor o menor intensidad pública de que no pueden acceder a un trabajo en la sanidad marroquí porque no hablan ni gota de árabe o de bereber y con el francés deberían tener suficiente. La lógica colonial interfirió claramente con la idea de lengua propia de cada territorio. La lengua de la metrópoli fue presentada y percibida como lengua del territorio colonizado, aunque allí nunca se hubiera hablado. Porque la naturaleza de la decisión es política. Lo que marca el perímetro de lo imaginable y lo inimaginable es el marco político dibujado por el poder. El catalán no es distinto de las otras lenguas. Lo diferente es el marco político en el que debe moverse. Y en el que se ha movido durante décadas.
El equivalente lingüístico de lo que llamamos en otros ámbitos el ‘nacionalismo banal’ hace que lo que nos parece natural y lógico en ciertas circunstancias nos parezca artificioso e intolerable en otras. Tener que saber, para trabajar, la lengua del lugar, no es una discriminación individual. Si lo fuera, lo sería en todas partes. Si no lo es, no lo es en ninguna. No en según qué sitio sí y en según qué lugar no. En cambio, que en algunos lugares puedas vivir sin saber ni querer saber la lengua del país, burlándote de quienes la hablan y de quienes la aprenden y de quienes la enseñan, presentándolo como una imposición indecente, sí que es una discriminación. Es toda una lengua la que está discriminada. Tratada diferente, y peor, que las demás lenguas. En ese caso el catalán. Y cuando se discrimina una lengua se discrimina, personalmente a todos aquellos que la hablan (y a quienes la quieren hablar).
EL MÓN
