La estrategia del exilio cuenta las batallas por victorias. Desde el hecho evidente de que los políticos independentistas que están fuera de España no han pasado por la cárcel -a excepción de Carles Puigdemont durante unos días en Alemania- hasta las reiteradas resoluciones judiciales que contradicen las tesis de la justicia española. La reciente decisión de Bélgica en contra de extraditar al exconsejero Lluís Puig -y los argumentos utilizados por el tribunal-, y la negativa de la fiscalía belga a presentar un nuevo recurso, así como el retorno del activista Adrià Carrasco, ponen de manifiesto la anomalía que se vive en España y choca con la realidad que sufren los presos políticos desde 2017.
Los líderes del 1-O hace más de tres años que están en prisión, pendientes de si obtienen un nuevo tercer grado después de que el Tribunal Supremo se lo tumbara a principios de diciembre. Los indultos o la reforma de la sedición no se han concretado todavía en nada y la amnistía no tiene mayorías suficientes en el Congreso. Hay cerca de 3.000 represaliados y los tribunales -especialmente el Supremo y el Tribunal Constitucional- no han hecho ningún gesto para destensar la situación. Este mes, el TC abordará los recursos de amparo de los presos contra la sentencia del 1-O, y todo apunta a que uno a uno los irá desestimando. La respuesta, confían los dirigentes encarcelados, deberá venir de Europa, aunque el Supremo ya ha dejado claro que podría no haber dicho todavía la última palabra.
La última evidencia de esta doble realidad es el retorno de Adrià Carrasco este lunes después de que un juzgado de Granollers decidiera archivar el caso. En una entrevista a Nació Digital (1), Carrasco se reafirmaba en la decisión de marchar para evitar la detención de la Guardia Civil, que le acusaba de terrorismo y rebelión en una operación que se ha acabado hundiendo por la falta de evidencia. «Si me hubiera quedado, la cosa habría ido diferente porque habría sido un asunto doméstico de España», sostiene el joven activista. Esta idea, que también avalan fuentes jurídicas consultadas por este diario, refuerza la importancia del exilio como herramienta para denunciar la situación que se vive en el Estado. «Sin duda, las decisiones recientes demuestran que la estrategia del exilio ha sido un éxito», dice Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y de Adrià Carrasco.
Mientras en España Tamara Carrasco era detenida y confinada durante más de un año en su municipio acusada de los mismos delitos que Adrià Carrasco, el joven estaba en Bélgica, libre y sin orden de detención por parte del Estado. «Si era un terrorista, según su relato, España habría tenido que hacer todo lo posible para atraparme, ¿no?», se pregunta Carrasco. Paralelamente, la Audiencia Nacional y la Guardia Civil ya impulsaba otra operación contra los CDR, en este caso la operación Judas, que terminó con el encarcelamiento de varios activistas durante más de tres meses acusados por terrorismo. Luego fueron liberados, aunque la acusación se mantiene. Una evidencia más, dice Carrasco, de la impunidad con que actúan los poderes del Estado.
La no extradición de Puig: una decisión que tendrá consecuencias
La estrategia del exilio ha sido extensa y lenta, y en algunos momentos ha costado entender, pero ha dado frutos significativos para evidenciar las irregularidades que han vivido los independentistas represaliados en el Estado. «Es una estrategia compleja que en un principio no se entendía, pero día a día se está demostrando que ha sido un éxito y aún quedan cosas por resolverse», apunta Boye. Una de las decisiones más importantes de los últimos días es la resolución de la justicia belga en contra de la extradición del ex-conseller Lluís Puig. Como el resto de exiliados, Puig continúa libre en Bélgica y la amenaza de un retorno a España se ha esfumado después de que la fiscalía belga haya renunciado a recurrir en casación para que un tercer tribunal viera el caso.
Lo más significativo, sin embargo, son los argumentos que esgrimen los jueces para rechazar la extradición del exconsejero. Unos argumentos que, dice Boye, deberían tener efecto en las diversas causas que hay abiertas contra el proceso. «Si no tiene efectos ahora los tendrá más adelante en tribunales europeos», prevé el abogado, que junto con el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha sido uno de los ideólogos de la estrategia judicial de los exiliados. Boye se refiere básicamente al suplicatorio de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que este jueves ha dado un paso más en la decisión sobre su inmunidad, pero también al caso de los presos políticos, encarcelados desde hace más de tres años y que en los próximos días obtendrán de nuevo el tercer grado tras la decisión de las juntas de tratamiento.
El golpe de Bélgica al Supremo
La decisión del Tribunal de Apelación belga ha dejado a Pablo Llarena y al Tribunal Supremo en una posición incómoda. Los jueces argumentan que el alto tribunal no es el órgano competente para pedir la eurooden, y la defensa de los exiliados deduce de ello que tampoco es el tribunal que tiene capacidad para juzgar a los presos políticos. Por lo tanto, todo el procedimiento que condena por sedición y malversación a los presos políticos debería ser nulo. «El tribunal belga dice lo que el Supremo no quiere reconocer, pero si no lo hacen ellos lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», afirma Boye.
Pero no es sólo la cuestión de la competencia lo que esgrime la justicia belga. También advierte que una eventual extradición a España podría vulnerar los derechos fundamentales de Puig, y hace referencia a declaraciones de jueces y fiscales españoles contra el independentismo. El tribunal también hace referencia a los posicionamientos de la ONU a favor de la liberación de los presos. Unas opiniones que ni el Supremo ni el Tribunal Constitucional -que revisa ahora la sentencia del 1-O y que debería pronunciarse en las próximas semanas- han tenido en cuenta.
Vistos los precedentes hasta ahora, se hace difícil pensar que el Supremo cambiará sus decisiones hasta ahora en relación a los presos políticos, pero Boye tiene claro que si los jueces belgas ven el resto de euroórdenes -ahora bloqueadas a la espera de la decisión del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio, prevista para abril- tomarán la misma decisión. En el ámbito español, una vez que el TC se pronuncie sobre los recursos de amparo, desbrozará el camino de los presos hacia el Tribunal de Estrasburgo, el horizonte del independentismo para encontrar justicia. Boye tiene claro que allí sí que se tendrán en cuenta las victorias obtenidas en el exilio.
(1) https://www.naciodigital.cat/noticia/214194/adria-carrasco-exili-fet-solid-politicament
NACIÓ DIGITAL
