En términos objetivos, la situación es la siguiente. El Estatuto de Cataluña no es lo que votó la ciudadanía catalana y refrendó después el Parlamento catalán y las Cortes españolas, sino lo que quedó después de que el Tribunal Constitucional lo hubiera ‘cepillado’, según la recordada expresión de Alfonso guerra. De igual manera, el president de la Generalitat de Cataluña no es el que votaron los catalanes, sino que, hoy, ni siquiera hay president: el último, que era interino o vicario, ha sido recientemente destituido de acuerdo con un formulismo legal aplicado a una cuestión menor. El president que sí fue votado por la ciudadanía está en el exilio, y otros dos que fueron propuestos como posibles sustitutos (antes de éste que ha acabado inhabilitado) están en prisión. El president anterior al inhabilitado y al exiliado también sufrió pena de inhabilitación, así como expoliación de sus bienes. Los dos presidentes frustrados que están en la cárcel son como presos políticos, junto con siete dirigentes políticos y civiles más de su misma cuerda ideológica. Buena parte de todo lo que estamos exponiendo se produce como consecuencia de una aplicación forzada y arbitraria de un artículo de la Constitución del 78, el 155, que se usó para desmontar, un sábado por la mañana del que pronto hará tres años, todo el autogobierno de Cataluña, a pesar de que el artículo en cuestión no contiene nada que pueda hacer pensar en una actuación como ésta. No parece exagerado considerar una ruptura de esta envergadura como un golpe de estado, una expresión de la que se ha abusado hasta la extenuación, pero que aquí toma bastante de sentido. También en el caso de la sentencia del TC contra el Estatut, que el jurista Pérez Royo ha calificado en reiteradas ocasiones (y sin que nadie haya podido desmentirlo con argumentos jurídicos) como un verdadero golpe de estado.
La situación también se puede resumir de la siguiente manera: desde el año 2010 a esta parte, el Estado español se dedica, bajo argucias jurídicas y legalistas bastante escandalosas, a escamotear, sabotear, perseguir y/o condenar la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía catalana. Para ello se ha servido de los tribunales, de la misma manera que no dudó en servirse de la policía para agredir a esta misma ciudadanía (pacífica e indefensa), el 1 de octubre de 2017. El rey Felipe dio su visto bueno a la situación. Ahora visita Barcelona protegido por unas medidas de seguridad que incluyen francotiradores en las azoteas.
La situación es que no hay ninguna otra región de la Unión Europea que viva una ruptura de la democracia y el estado de derecho como Cataluña, ni ningún Estado miembro de la Unión que desafíe su propio ordenamiento jurídico de una manera tan escandalosa como lo hace España. En esta situación, los resultados de una encuesta sobre si preferimos monarquía o república son interesantes, pero tampoco dejan de ser un entretenimiento. (Artículo inspirado/basado/influido por algunos tuits de Julià de Jòdar, no sólo uno de los grandes escritores, sino también una de las cabezas claras que tenemos).
ARA
