Últimamente las noticias sobre España se han centrado especialmente en los dos recién llegados a la escena política, Podemos y Ciudadanos, y en su desafío al statu quo en que el PSOE y el PP se habían instalado cómodamente desde el fin de la dictadura franquista. Explotando la indignación general por la manera de enfocar la crisis económica y la desconfianza en un estamento político manchado por la corrupción – y con la ayuda inestimable de determinados medios – esos dos movimientos populistas obtuvieron bastante buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Sin haber conseguido ni mucho menos la victoria espectacular que algunos les auguraban, ahora pueden ser decisivos en ciertos ayuntamientos y parlamentos autonómicos. La candidata de Podemos es la nueva alcaldesa de Madrid, y en Barcelona una coalición de izquierdas ha conseguido por poco la alcaldía gracias a promesas que serán difíciles de cumplir.
En cambio, el proyecto independentista catalán, que tan solo el pasado noviembre llenaba portadas internacionales, parece haber perdido interés en los últimos meses. Sus principales valedores políticos no supieron aprovechar el impulso generado por el referéndum no oficial – y, según dicen algunos, ilegal – en el que cerca de dos millones de personas votaron a favor de separarse de España. Las escaramuzas demasiado públicas que ha habido dentro de su frágil alianza también han recibido mucha atención, y han enfriado un poco el entusiasmo de la gente con el proceso. Con todo, los partidos favorables a la independencia han ganado 300.000 nuevos votantes en las últimas elecciones. Han recibido alrededor del 45% de los votos, mientras que otro 12% ha ido a quienes no se pronuncian sobre la independencia pero apoyan la celebración de un referéndum. Esto incluye la coalición que gobernará el ayuntamiento de Barcelona. Los unionistas han caído al 44% del total. Pese a que esos resultados confirman un apoyo sólido a la separación, voces interesadas se apresuraron a declarar muerta la vía catalana hacia la plena soberanía.
Sin embargo, cada vez que se da por enterrada la cuestión catalana ocurre algo que recuerda a todos la existencia de un conflicto secular que no está resuelto. El 30 de mayo, antes de que diera comienzo la final de la copa del rey entre el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona, los 90.000 vascos y catalanes que llenaban el Camp Nou pitaron el himno nacional que sonaba a todo volumen a través de los altavoces del estadio. Su desaprobación no iba dirigida a ninguno de los políticos presentes, ni al rey personalmente, ni siquiera a la institución de la monarquía. Era más bien un recordatorio de que un gran número de vascos y catalanes no consideran como propio el estado español, no se sienten representados por los símbolos nacionales españoles y les molesta que se les quieran imponer esos símbolos.
La parte española entendió perfectamente el mensaje: que la protesta apuntaba directamente a los fundamentos del estado. Y España no acepta de buen grado la discrepancia. Los rasgos autoritarios que la han caracterizado a lo largo de los siglos reaparecen cada vez que quienes ocupan el poder sienten peligrar su posición. Al día siguiente, buena parte de la prensa de Madrid ponía el grito en el cielo por el ultraje intolerable al honor nacional. Un nuevo alud de insultos a los catalanes – pero no tanto a los vascos, curiosamente – llenó inmediatamente las redes sociales. Una organización de extrema derecha amenazó con actuaciones judiciales, aunque no se sabe muy bien contra quién ni por qué delito. En un comunicado hecho público muy poco después de los hechos – mientras todavía se estaba jugando el partido– el gobierno español solicitó a las autoridades deportivas que buscaran la manera de penalizar a los dos clubes por incitación a la violencia, pese a que en realidad no se produjo ningún incidente violento. La Defensora del Pueblo española – que nadie se engañe: esta marquesa andaluza y antigua ministra del PP no puede considerarse en modo alguno imparcial – encontró indicios de odio en la protesta, y el Ministro del Interior se apresuró a declarar que las incitaciones al odio no pueden quedar sin castigo. Y un portavoz del gobierno español no tardó en anunciar cambios legislativos destinados a tipificar como delito ciertas formas de disconformidad en que intervengan los símbolos nacionales.
En un tono más racional, una de las estrellas del FC Barcelona, Xavi Hernández, sugirió que en vez de amenazar con sanciones las autoridades deberían reflexionar sobre las causas de la protesta. Efectivamente, una expresión de oposición tan clara por parte de lo que podría considerarse una muestra representativa de la población vasca y catalana tendría que haber dado motivos de reflexión a la otra parte. Pero estamos hablando de España, donde nadie, ni las autoridades ni el público en general, parece haberse detenido ni un momento a preguntarse por qué esos dos grupos nacionales se encuentran tan incómodos en un orden político que se les ha impuesto desde el exterior.
Este episodio demuestra que el conflicto del estado español con las naciones que lo integran sigue bien vivo. La protesta del público del Camp Nou indica que hay defectos muy fundamentales en la configuración del estado, y la desaforada reacción española indica una falta de voluntad de reconocer esos defectos. Quienes tradicionalmente han ocupado el poder se han negado siempre a afrontar la realidad plurinacional del país y a buscar un arreglo aceptable para todos. Y ahora, más allá de las proclamas radicales de la nueva izquierda o del reformismo inconcreto de la nueva derecha, y más allá de sus pretensiones de un nuevo estilo de hacer política, ninguno de los dos movimientos presenta ninguna idea para desencallar la cuestión. En realidad, Ciudadanos era en sus orígenes un grupo de presión contra las reivindicaciones de autogobierno de Cataluña, lo que lo convierte en parte del problema más que en parte de la solución. Podemos – de manera parecida a sus antecesores trotskystas de los años 20 – combina expresiones genéricas de apoyo al derecho de todos los pueblos a la libre determinación con una fuerte resistencia a renunciar a las ventajas de un estado centralizado. En esto, la vieja política y la nueva están totalmente de acuerdo. No es una característica de España interrogarse sobre su forma de actuar, por muy contraproducente que esta haya sido a lo largo de la historia. Y este rechazo permanente a buscar el compromiso en lugar de la imposición no hará más que empujar a los catalanes a seguir avanzando por su camino propio.
Texto traducido y adaptado del original inglés
Monday, 15 june 2015 | EDITORIAL
http://www.collectiuemma.cat/editorial/2091/la-nueva-politica-de-siempre
