Por sociedad del riesgo mundial entendemos una época en la que los aspectos sombríos del progreso determinan cada vez más las confrontaciones sociales. Se convierte en motor de la política aquello que al principio no era evidente para nadie y se negaba: que nos estábamos poniendo en peligro a nosotros mismos. Los peligros nucleares, el cambio climático, la crisis financiera, los ataques del 11 de septiembre, etcétera, siguen en buena medida el guión de la «sociedad del riesgo». A diferencia de anteriores riesgos industriales, este tipo de riesgos (1) no está delimitado local, temporal, ni socialmente; (2) no es imputable conforme a las actuales normas de causalidad, culpa y responsabilidad; y (3) no es compensable ni asegurable. Cuando las compañías de seguros niegan su cobertura -como ocurre con la energía nuclear y los nuevos desarrollos de la ingeniería genética- se traspasa la frontera entre los riesgos calculables y los peligros incalculables. Estos potenciales de peligro son generados industrialmente, externalizados económicamente, jurídicamente individualizados, técnicamente legitimados y políticamente minimizados. Dicho de otro modo: entre el sistema normativo de control «racional» y los potenciales de autodestrucción desencadenados existe la misma relación que entre los frenos de una bicicleta y un avión intercontinental.
¿Pero Fukushima no se diferencia de Chernóbil en que los horrendos acontecimientos de Japón dan comienzo con una catástrofe natural? La destrucción no ha sido desatada por una decisión humana, sino por el terremoto y el tsunami. La categoría «catástrofe natural»se refiere a algo que no ha causado el hombre y de lo que el hombre no tiene que responsabilizarse. Sin embargo, esta perspectiva es la propia de un siglo que ha quedado atrás. El concepto es erróneo desde el momento en que la naturaleza no sabe de catástrofes, sino, en todo caso, de dramáticos procesos de transformación. Transformaciones tales como un tsunami o un terremoto solo se convierten en catástrofes en el horizonte de referencia de la civilización humana. La decisión de construir centrales nucleares en zonas sísmicas no es un fenómeno natural, sino una decisión política de la que también debe darse razón en el ámbito político. No solo en el caso de la construcción de centrales nucleares, sino también en el de la construcción de rascacielos, o en el de la planificación de una metrópoli como Tokio tales «catástrofes naturales» se transforman en riesgos dependientes de decisiones de las que, al menos en principio, puede responsabilizarse a quienes las toman. El caso actual de Japón pone de manifiesto cómo se entreteje aquello que atribuimos a la naturaleza y aquello que atribuimos al poder humano.
De forma muy general, hablamos de «catástrofe natural» y de «peligro ambiental» en un momento histórico en el que ya no existe algo como una «naturaleza pura» que pueda contraponerse a la técnica y a la sociedad. Lo que unos, digamos la industria química, contaminan como «medio ambiente», es lo que otros, pongamos por caso la agricultura, el turismo o la industria pesquera, ofrecen al mercado.
Para la industria nuclear ya ni siquiera es necesario negar el riesgo: denigrar la alternativa es un movimiento táctico de valor equivalente. En este sentido, paradójicamente, fue el cambio climático lo que abrió nuevos mercados a las nucleares.
Desde el siglo XVIII, lo que se había logrado era alcanzar un consenso sobre los riesgos tempranos de la era industrial en la medida en que tales riesgos se basaban en un sistema de compensación anticipada de sus consecuencias: cuerpos de bomberos, compañías de seguros, atención psicológica y sanitaria, etcétera. La conmoción que embarga a la humanidad, vistas las imágenes del horror que nos llegan de Japón, se debe a otra idea que se va abriendo paso: no hay institución alguna, ni real ni concebible, que esté preparada para la catástrofe nuclear máxima y que sea capaz de garantizar el orden social, cultural y político incluso en ese momento decisivo.
Sí que hay, por el contrario, numerosos agentes que se especializan en la negación de los peligros. En vez de seguridad mediante compensación anticipada tenemos el tabú de la infalibilidad: todos los países -muy en especial, faltaría más, Francia, como bien sabe Sarkozy, el experto en energía nuclear- tienen las centrales nucleares más seguras del mundo. Los garantes del tabú son la ciencia de la energía nuclear y la economía de la energía nuclear, precisamente aquellos que, vistos los catastróficos acontecimientos, han sido sorprendidos in flagranti error por la opinión pública mundial.
Solo los reactores nucleares «comunistas» podían explotar; así intentó Franz-Josef Strauss (1986) delimitar los sucesos de Chernóbil, dando a entender que el Occidente desarrollado capitalista disponía de centrales nucleares seguras. Pero ahora este desastre se ha producido en Japón, el país del mundo que pasa por ser el que tiene la más avanzada tecnología, el mejor equipamiento y el que tiene más en cuenta la seguridad. Se ha acabado la ficción de que en Occidente podemos mecernos en nuestra seguridad. Los dramáticos acontecimientos de Fukushima echan por tierra ese mito de la seguridad de la racionalidad técnica. Lo que también nos lleva a plantear la pregunta por el valor de un sistema jurídico que regula hasta el ínfimo detalle de los pequeños riesgos técnicamente manejables, pero que, en virtud de su autoridad, legaliza, y nos hace asumir a todos, en tanto que «riesgos residuales» aceptables, los grandes peligros que amenazan la vida de todos, en la medida en que no sean susceptibles de una minimización técnica.
El «oportunista nuclear» -figura de la que la canciller alemana, Angela Merkel, ofrece un ejemplo actual- nos brinda la ocasión de observar los dilemas de la política pronuclear: ¿cómo puede mantenerse la autoridad política oponiendo enérgicas protestas de seguridad a la conciencia de peligro del electorado, cuando por ese mismo hecho uno se hace objeto permanente de ataque y con cualquier catástrofe, o insinuación de la misma, pone en juego toda su credibilidad?
El hecho de que la última esperanza de Japón estribe en el recurso a las «fuerzas de autodefensa», que han de suplir, descargando agua desde los helicópteros, los averiados sistemas de refrigeración, es algo más que una ironía. Hiroshima fue el horror por antonomasia. Pero aquí fue el enemigo el que golpeó. ¿Qué pasa cuando el horror surge del meollo productivo de la sociedad, no del Ejército? En este caso, quienes ponen en peligro a la nación son los propios garantes del derecho, del orden, de la racionalidad, de la democracia.
Muchos lamentan que las aterradoras imágenes de Japón infundan «miedos injustificados». Pero esto supone ignorar la dinámica política que se aloja en el minusvalorado potencial autoaniquilatorio del triunfante capitalismo industrial. Pues muchos peligros -ejemplo paradigmático: la radiación nuclear- son invisibles, se sustraen a la percepción cotidiana. Eso quiere decir que la destrucción y la protesta están sujetas a una mediación simbólica.
La pregunta por un sujeto revolucionario que subvierta las relaciones de poder definitorias de la política del riesgo cae en el vacío. No son los movimientos antinucleares, ni la opinión pública crítica, o no solo ellos, quienes están en situación de invertir el rumbo de la política nuclear. El contrapoder de la energía nuclear no son los manifestantes que bloquean el transporte de los residuos radiactivos. El más ferviente enemigo de la energía nuclear es… ¡la propia industria nuclear!
El mito de la seguridad reverbera en las imágenes de esas catástrofes que hay que excluir categóricamente, según los gestores de la energía nuclear. Cuando esto se percibe, cuando se demuestra que los garantes de la racionalidad y el orden legalizan y normalizan peligros mortales, se crea el caos en el ámbito mismo de aquella seguridad que promete la burocracia.
Sería un completo error concluir que de esta manera despunta una nueva fase de la Ilustración. Antes al contrario, habrá a quien el panorama aquí expuesto le haga pensar más bien en aquellos que tratan de achicar el agua que inunda el barco perforando un agujero en su casco.
Ulrich Beck es sociólogo, profesor emérito de la Universidad de Múnich y profesor de la London School of Economics. Traducción de Jesús Alborés Rey.
