El catalanismo político, sea en su vertiente soberanista, sea en la vertiente independentista, sigue atrapado en lo que para mí es un grave malentendido conceptual. Ahora tanto ERC, como CiU, vuelven a este lema que, desde el primer día que lo oí decir por parte de una organización soberanista, encuentro que cruje: hablo del derecho a decidir. Mi opinión es que se trata de un malentendido en el quel han caído los dos partidos no por algún tipo de incompetencia intelectual, sino porque ha llegado a ser un refugio cómodo para no tener que llamar a las cosas por su nombre. Porque, ¿qué es el derecho a decidir? ¿Donde está reconocido? ¿En qué se fundamenta? ¿Quién lo garantiza? ¿Hasta dónde llega? ¿Quién lo puede ejercer? ¿A quién hay que reclamarlo?
Con el derecho a decidir nos seguimos moviendo con poca destreza para encontrar una vía que nos conduzca a la plenitud nacional. Una expresión como ésta contiene graves trampas que, desde mi punto de vista, lo inhabilitan para convertirse en guía útil y eficaz de cambio. Para empezar, es diáfano que el derecho a decidir es un eufemismo para evitar el uso del término clave que podría crear incomodidades, o sea, el del derecho a la autodeterminación. Que hablar de autodeterminación e independencia en CiU resulta incómodo, es conocido. No toda la coalición es, de hecho, independentista, e incluso líderes de Unión se han expresado abiertamente en contra. No sólo ésto, sino que su estrategia política siempre ha pasado por conseguir acuerdos con España –a favor de Cataluña, no hace falta decirlo–, pero siempre han renunciado a plantear claramente un proyecto de emancipación. ¡Dios me guarde de meterme en casa de los demás –sea la casa pequeña o grande– para decirles qué tienen que hacer! Pero si no se tiene un proyecto independentista, lo mejor seria reconocerlo sin tapujos. Ahora bien, CiU ha encontrado una cierta confortabilidad en la expresión del derecho a decidir, que parece mucho y no es nada. Porque si hablamos en términos políticos serios, el único derecho a decidir que tienen los catalanes es el que está establecido en el Estatuto de Cataluña, y eso mientras el Tribunal Constitucional no diga lo contrario. Fuera del Estatuto, por decirlo así, sólo hay poesía. Y es que, política y jurídicamente hablando, en una sociedad democrática, los derechos los establecen las leyes y no supuestas leyes naturales no escritas.
En el caso de ERC, a pesar de que se escudan menos en él, el hecho de que también utilicen esta expresión, parece todavía más impropio. ERC puede hablar –o tendría que hacerlo– con total desacomplejamiento de la independencia. Ahora bien, una idea de gradualismo, desde mi punto de vista confusa, les lleva también a menudo hacia el derecho a decidir. Porque el caso es que a la independencia uno se puede acercar o se puede alejar sólo en el sentido de que en el país haya más o menos independentistas. Pero no en el sentido de ser más o menos independientes. Independiente, no se puede ser “un poco” o “bastante” o “mucho”, como se pregunta en las encuestas, sino que se es o no se es. La independencia, pues, obliga a formular de manera clara un punto de ruptura, con portazo o sin, pero nunca puede ser visto como un proceso gradual. España tiene esto muy claro. Y no porque un partido independentista gobierne –en coalición– en Cataluña, acepta que nuestro país ya sea “un poco” independiente. En todo caso, en España se encienden todas las alarmas y ponen en marcha todos los mecanismos de autoprotección por si acaso el independentismo se decidiera a dar el paso. Por lo tanto, cuando ERC habla de derecho a decidir, también se escapa del problema, quizás para justificar un gradualismo legítimo, pero que, según mi parecer, crea más confusión y desaliento que entusiasmo y adhesión al proyecto de emancipación nacional.
Ciertamente, fuera de los partidos, también se suele argumentar que el uso de una expresión como derecho a decidir tiene la virtud de aglutinar tanto a los independentistas como a los que todavía se lo están pensando o, también, a los que simplemente querrían más autogobierno pero sin llegar a romper los vínculos con el Estado. Ahora bien, precisamente por su ambigüedad aglutinadora, es una expresión políticamente equívoca. Es muy parecido a lo que pasa con la idea de transversalidad que, con el argumento de la fuerza de la unidad entre varios, suele acabar en la debilidad de todos. Hace algunas semanas, Vicenç Villatoro se refería con su clarividencia habitual en su espléndida columna diaria: la unidad, gran eslogan del final de franquismo, a estas alturas es un objetivo discutible. Aún más: yo creo que la transversalidad no tiene ninguna utilidad, más allá de los foros de intercambio civilizado de ideas entre adversarios. Pero social y políticamente, desde el punto de vista de la acción transformadora, la unidad, ante la carencia de un adversario común perfectamente identificado, ha llegado a ser más un lastre que el combustible necesario para avanzar. El derecho a decidir, en este sentido, creo que es más un residuo del ideal obsoleto de unidad, incubado en el antifranquismo, que una idea de futuro con capacidad de transformación de la realidad actual. Y, por eso, sospecho que, con intención clara o no, para los partidos, el recurso al derecho a decidir, es más una estrategia de justificación de las ambigüedades de su presente que un verdadero horizonte con capacidad para orientar la toma de decisiones.
La expresión derecho a decidir, pues, cae en la trampa de poner más la atención en quien tendría que otorgarlo, que en insistir en el necesario compromiso de quien quiere ejercerlo. Si yo liderara un partido con voluntad de llevar al país hacia su emancipación nacional, de lo que hablaría es del deber de decidir. Exigir derechos significa tener la esperanza puesta en quien los tiene que conceder, en este caso en España. En cambio, hablar de deberes implica hacer hincapié en la obligación y el compromiso de cada uno de nosotros, pero muy especialmente de los propios líderes nacionales, para conseguir la ruptura necesaria que tiene que hacer posible un marco político que garantice el ejercicio de nuestros derechos nacionales. El deber de decidir señala el ejercicio de la voluntad mientras que la apelación al derecho a decidir apunta a unas supuestas obligaciones de unos terceros, que son los que esperamos –inútilmente– que cambien. El deber de decidir recuerda que la pelota de la independencia está en nuestro tejado, mientras la reclamación del derecho a decidir aplaza el debate sobre qué es exactamente lo que queremos decidir. Porque no debemos engañarnos: decisión sólo hay una posible, y no es un derecho, sino un deber patriótico. La independencia no es un derecho natural: es el deber político en el cual se comprometen voluntaria y libremente un grupo cada vez mayor de catalanes.
