La competición por ver cuál es la ciudad más verde y más sostenible ha comenzado, y el liderazgo de esta transición ecológica está en juego. La gran mayoría de ciudades que persiguen este objetivo buscan transformar su espacio público, pacificando espacios antes destinados al vehículo privado, priorizando la movilidad activa e introduciendo verde para conseguir una ciudad más resiliente, con una mejor calidad del aire y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Pero objetivos que a menudo se tienden a olvidar, que no sólo son de carácter ambiental, sino también sociales y económicos, y buscan combatir las desigualdades.
Hace pocos días conocíamos las conclusiones del estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA_UAB) liderado por la urbanista y geógrafa Isabelle Anguelovski. Éstas apuntaban a que renaturalizar las ciudades promueve la desigualdad social ya que hace que nuevos habitantes con más recursos se instalen junto a estas nuevas zonas verdes, expulsando a los vecinos y vecinas del barrio con un poder adquisitivo más bajo. Es lo que conocemos como gentrificación verde o “greentification”.
El estudio ha analizado 28 ciudades de 9 países, como Atlanta, Copenhague, Vancouver, Boston, Edimburgo o Barcelona, la mayoría de las cuales han sufrido procesos de gentrificación derivados de la planificación de zonas verdes, resultados también recogidos en el documental ‘The Green Divide’.
Este estudio no hace más que corroborar la realidad en la que se encuentran la mayoría del vecindario de estas grandes ciudades, que tras años de lucha por conseguir la pacificación de una vía o la creación de un espacio verde, ven cómo no podrán disfrutarlo. Terminarán expulsados de sus hogares, sea por la imposibilidad de asumir la subida de alquileres que se les aplicará por la revalorización de la zona y/o por la desaparición de ese tejido comercial de proximidad que dará paso a actividades más dirigidas a otro tipo de público. En este marco, surge la pregunta clave: ¿quién capitaliza los cambios impulsados por la administración?
Paradójicamente, los ‘lobbies’ que más se oponen a las pacificaciones son aquellos que las acaban aprovechando más para sacarles beneficio, comprando edificios para suministrar viviendas a unas élites que buscan estar cerca de los espacios verdes. El ejemplo de esta realidad lo podemos ver en el ‘High Line’ de Nueva York y en la ‘Promenade Plantée’ de París, pero también en nuestra ciudad, en Barcelona, en lugares como el 22@, en el Poble Nou, donde parte de los residentes fueron desplazados por otros con un poder adquisitivo más alto que les privaron de disfrutar de las mejoras urbanas implantadas. Y ahora corremos el riesgo de que ocurra lo mismo en las transformaciones que se están llevando a cabo actualmente en el Eixample.
Ante este fenómeno, no corresponde detener la creación de espacios verdes en nuestra ciudad, ya que sólo con ellos podremos llegar a alcanzar los objetivos climáticos y de salud que afrontamos. Ahora bien, lo que sí es necesario es que estas transformaciones físicas se implanten de manera democrática y equitativa en nuestras ciudades, y no de manera desigual como ocurre en la actualidad, empezando por aquellos barrios con más vulnerabilidad y a la vez acompañadas medidas complementarias que permitan detener sus efectos negativos sobre la población. Medidas como planes de usos, políticas activas de adquisición y movilización de viviendas y locales hacia el parque público, control de los alquileres, mejora del transporte público en la zona, implantación de equipamientos de proximidad como escuelas en las zonas verdes o la continuidad del comercio de proximidad y evitar el monocultivo comercial.
La complejidad de nuestras ciudades va en aumento, lo que hace que sus problemas no se puedan solucionar con actuaciones sencillas, sino que es necesario que éstas sean múltiples, equitativas, a diversa escala, transversales y engloben varios campos de actuación. Sólo así podremos conseguir que la justicia ecológica sea también social y llegue a todos nuestros vecinos y vecinas de forma equitativa.
NÚVOL