Las prácticas de ofrecer una donación a un cónyuge siguen vivas en grandes extensiones de África y Asia. Cuando los receptores son la familia del marido, el término se transforma en “dote”. Por el contrario, cuando es la familia de la novia la que recibe el pago, el concepto se llama “excrex”. Alguien lo ha unido al patriarcado, el primero, y al matriarcado el segundo. Pero no estoy convencido de que las explicaciones sean tan sencillas.
Hay un tercer concepto que tiene que ver con las donaciones cuando estas no tienen que ver con la voluntad de las familias que se unen, ya sea por conveniencia, por deseo mutuo, o por imposición. Aún hay millones de adolescentes y jóvenes en el planeta, cuyo futuro está impuesto por intereses determinados, contra su voluntad. Ni excrex, ni dote, más bien saqueo de los bienes, en general de la familia de la mujer. Hasta el punto de que el infanticidio femenino o el aborto selectivo por sexo siguen siendo opciones de los dominados para evitar ese saqueo nupcial.
Las relaciones políticas de dominación se asientan también en las relaciones de comunidades antiguas, rescatadas para el presente. Como si se tratara de una pareja al uso, España y Francia han impuesto un modelo explícito de matrimonio. Con sus dotes históricas que en ciertas ocasiones han sido validadas por razones bélicas, manu militari.
Estas dotes han supuesto el despojo de gran parte de nuestro país. No sólo económico, sino también cultural. Los iconos de nuestra historia han sido robados en función de un derecho de pernada social, que ha provocado un vaciado en nuestro acervo tradicional. La noticia de la subasta en París a finales de este mes de setiembre de once lotes procedentes de las excavaciones de las cuevas de Isturitze-Otsozelaia, es una muestra más de que el saqueo no sólo ha sido de la corona española o la iglesia vaticana, sino también de particulares que ejercen el derecho a la propiedad.
Lo hiriente del tema es que nuestras instituciones no hacen valer su derecho a la defensa o, en última instancia, una actitud proactiva para defender el patrimonio. Recuerdo a gobiernos de todo el planeta, algunos surgidos de las descolonizaciones, que reclaman la vuelta a casa de sus obras de arte, expoliadas por los imperios británico, español, francés o ruso durante siglos. Hoy, el 95% del patrimonio africano se encuentra repartido en museos de otras partes, tanto en colecciones privadas como públicas.
En el tema de Isturitze-Otsozelaia, el Museo Vasco de Baiona, que tiene un presupuesto exiguo, ya ha anunciado que no podrá pujar. ¿Pero dónde están el resto de instituciones vascas? Chocolate del loro, por ejemplo, para ese Ayuntamiento de Donostia que se gasta casi cinco millones de euros en agujerear la isla de Santa Clara para provocar olas artificiales. Menudencias para la Diputación Foral de Bizkaia que sufraga la mayoría del coste total de la Supersur, 900 millones de euros. Incluso una parte infinitesimal de la ficha del australiano Trevita Kuridrani en el Biarritz Olimpique de rugby.
Hay que recordar que buena parte de este patrimonio expoliado que se reparte por el mundo, lo fue tanto por la codicia de los saqueadores como por la intencionalidad política de los dominadores. En estos días que en Madrid han celebrado el aniversario del “retorno” del “Guernica” del MoMA de Nueva York al Reina Sofía de Madrid, cabría aventurar en qué condiciones lo pintó Picasso, su compra en 1937 por un gobierno republicano y su traslado a un espacio monárquico. Gernika ha sido apartada de este circuito, cuando la villa vizcaína debería ser el destino. Madrid negó el perdón por el bombardeo, al contrario que Berlín que lo hizo en 1998. La arrogancia del colono israelí que confisca huertos, olivares y bienes materiales, se reproduce en la cercanía, en la pictórica.
La biblioteca nacional de París alberga el único ejemplar del primer libro escrito en euskara, el de Bernard Etxepare en 1545. La del Congreso de Washington conserva el diario del lehendakari Aguirre, contando su periplo, que fue incautado por el FBI. El periódico vasco más antiguo, al parecer de 1688 y por cierto dirigido por una mujer, se conserva en la Hemeroteca de Madrid.
Efectivamente, el compromiso institucional de las instituciones vascas con nuestro patrimonio es muy leve. Es cierto que no poseemos esa riqueza arquitectónica que dejaron los faraones en Egipto, o los griegos en el Partenón, algunas de cuyas piezas se encuentran en el British Museum. Pero tenemos un patrimonio a preservar que, aunque humilde frente a otros pueblos, incluidos vecinos, tiene su relevancia. Las iniciativas particulares en nuestro país han desperdigado el patrimonio guardado y rescatado en multitud de pequeños y dignos archivos, sin presupuesto y abocados a la supervivencia de guerra.
No sólo eso, sino que a veces el desasosiego ahonda nuestra preocupación. Hace bien poco que oímos hablar del yacimiento de Herrikobarra en Zarautz, que se debió a un descubrimiento inesperado al realizar unas obras para una nueva urbanización. Durante un mes se realizaron rápidamente trabajos arqueológicos y de inmediato continuaron las obras que concluyeron con nuevas viviendas.
El despojo en la Plaza del Castillo de Iruñea fue, quizás, el paradigma de una política de desecho. Las ruinas que afloraron se remontaban a los dos mil años: un menhir, una necrópolis musulmana, unas termas romanas y una gran muralla. El Ayuntamiento de Pamplona, sin embargo, prefirió la especulación urbanística y arrojó al vertedero de Beriáin el patrimonio de todos. El recorrido de Praileaitz, en Deba, es muy similar a los anteriores. Las empresas constructoras son dueñas de nuestro pasado.
Sin Biblioteca ni Hemeroteca Nacional, sin Archivo Nacional, sin instituciones dedicadas a la preservación activa de nuestro patrimonio, las dotes de este matrimonio impuesto, seguirán vaciando nuestro enclave comunitario. Revertir la tendencia es tarea urgente.
