Una Loapa de nuevo tipo (ajuste a la baja del poder autonómico) está en marcha y se despliega, con más prisas que pausas, en al menos en tres ámbitos: sistemática campaña de desprestigio de la descentralización del poder político en España; medidas de homogeneización que no se concretarán hasta después de las elecciones locales y regionales de mayo, más una severa castración del viejo vínculo (clientelar en muchos casos) entre las cajas de ahorros y el poder territorial. Comienza una nueva e incierta etapa del ‘café y cajas para todos’.
No es la Loapa de 1981. No es una nueva ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Es una dinámica de fondo. Es un proceso. Es una concatenación de circunstancias. Hoy no hay ninguna necesidad de calmar a los militares. Las urgencias son otras. España debe cumplir con las exigencias de austeridad del Directorio Europeo; transmitir garantías de pago a los compradores de deuda pública y a los bancos extranjeros –alemanes y franceses, principalmente– que financiaron el fenomenal despegue crediticio del periodo 1996-2008; y ofrecer nuevas oportunidades de negocio: la desamortización de la mitad del ahorro español, por ejemplo.
La decisión del Ejecutivo de forzar la venta de buena parte de las cajas de ahorros al sector bancario modificará la anatomía del poder en España con más intensidad que una ley de armonización autonómica. Será, además, un cambio desigual. asimétrico, puesto que no todas las cajas de ahorros bordean la insolvencia por sus pecados inmobiliarios.
Uno de los mayores interrogantes se cierne sobre la alianza Caja Madrid-Bancaja, principal instrumento financiero del poder territorial en manos del Partido Popular y hoy símbolo de la tradicional apetencia madrileña por Valencia. La batalla del 2008 por el liderazgo del PP se libró en muy buena medida en torno a la presidencia de Caja Madrid. Si Esperanza Aguirre hubiese conseguido –como pretendía– el control total de la segunda entidad de ahorro española, quizás Mariano Rajoy hoy no sería candidato a la Moncloa. Rajoy ganó la batalla, aceptando a Rodrigo Rato como presidente. Caja Madrid-Bancaja se halla en estos momentos por debajo de los ratios (core capital) exigidos por el Ejecutivo para evitar la recapitalización forzosa, bajo amenaza de nacionalización, advertencia claramente dirigida a los poderes autonómicos. Palo al que no obedezca y quiera enrocarse en la taifa. En los activos de Caja Madrid figuran estratégicas participaciones empresariales (Iberia, Indra, Mapfre, Realia…).
La Comunidad de Valencia, duramente golpeada por la crisis inmobiliaria, se quedó sin cajas de ahorros en la fase de las fusiones frías. Sólo le resta Caixa Ontinyent. La alicantinaCAMha sido absorbida por el banco Liberta, que lidera Caja Astur (PSOE), a su vez trasfondo de la singular crisis en el PP asturiano.
El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, quiso evitar la órbita de Madrid y logró la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, pese a la tradicional rivalidad entre La Coruña y Vigo. Esa alianza gallega puede ser ahora insuficiente.
La Junta de Andalucía, pese a intentarlo, no consiguió la unificación de todas las cajas del Sur. Hay un orden disperso en la España meridional. Y de la crisis saldrá un banco catalán controlado por La Caixa. Desde la presidencia de la CECA, Isidre Fainé ha evitado que triunfasen los criterios maximalistas que pretendían una Loapa completa: la puesta en venta de todas las cajas, sin distinción de solvencia. Era la tesis del gobernador del Banco de España, apoyada por la gran banca española (lógicamente interesada en la tarta del el 50% del ahorro), que, en algún momento, habría seducido al presidente del Gobierno. En Catalunya, el debate girará sobre la antigua Caixa Catalunya, cuya casa matriz, la Diputación de Barcelona (PSC), será estrella polar de las próximas elecciones municipales.
