Hacer una declaración transparente implica dos cosas. Por un lado, debe incluir una justificación política y jurídica del proceso que inicia. Por otro, deberá indicar, con la mayor precisión posible, su objetivo final: en este caso, un referéndum sobre el nivel de soberanía deseado por los catalanes. Sin justificación y, sobre todo, sin un objetivo concreto, se convertiría en una mera declaración de intenciones, como la que, de hecho, el propio Parlamento ya ha aprobado en otras cosas cuando afirmó que el pueblo de Cataluña tiene y conservará el derecho a autodeterminarse. Sin plantear la celebración de una consulta, la declaración moriría en el momento mismo de ser votada, sin poder resolver ninguno de los retos del país. Por tanto, pedir, como parece que quiere hacer la dirección del PSC, la redacción de una declaración genérica, hecha de rasgos difuminados y palabras vagas, no tiene ningún sentido.
Todo esto no significa, sin embargo, que, en su parte justificatoria, el borrador de la declaración pactada por CiU y ERC no sea mejorable. Los párrafos 1, 2 y 3 del preámbulo apoyan la convocatoria de un referéndum en las frustraciones y los fracasos del catalanismo, desde que se constituyó como fuerza política hace cien años y, sobre todo, desde que las Cortes y el Tribunal Constitucional descabezaron el proyecto estatutario del 2005. Pero hay silencios que convendría evitar. Primero, habría que subrayar la situación permanente de minoría de Cataluña en España y la correspondiente falta de garantías de la autonomía catalana, porque este argumento será uno de los centrales para legitimar el proceso en la arena internacional. Segundo, habría que mencionar los principios que justifican el derecho a la autodeterminación en el derecho internacional. Tercero, quizás sería bueno recordar que este proceso es también una estrategia de regeneración política: es cada vez más evidente que los que se oponen a la posibilidad de una consulta y a un cambio político son los que viven dentro del entramado de dependencias políticas y económicas que forman el Estado español y que explican buena parte de la crisis actual.
Ajustarse al principio de neutralidad supone evitar prejuzgar el resultado del referéndum. Teóricamente, la declaración del Parlamento puede ir desde una fórmula radical o de ‘resultados’ a una redacción moderada o de ‘procedimiento’. Una declaración radical definiría el pueblo catalán como soberano, le otorgaría la representación en el Parlamento y procedería a hacer una declaración unilateral de independencia. Una moderada o procedimental tendría suficiente con la convocatoria al país a pronunciarse sobre su futuro político y sobre la posible creación de un Estado independiente o no.
Creo que los partidos firmantes de la resolución quieren (o deberían querer) hacer una declaración procedimental por razones filosóficas (el derecho de decidir no presupone el resultado final de la decisión) y de prudencia política (no podemos interpretar directamente los resultados del 25-N como un plebiscito, aunque se acercan, y una declaración de máximos hace peligrar el tipo de mayoría amplia que hace falta para llevar a cabo la consulta). Sin embargo, el borrador aparece como excesivamente maximalista porque define a priori un resultado que sólo puede ser definido por el proceso mismo. El párrafo 3 del preámbulo afirma que «el pueblo de Cataluña ha expresado […] la necesidad de constituir Cataluña en un Estado». El párrafo 5 afirma que las últimas elecciones llaman a iniciar «el proceso para la constitución de Cataluña como nuevo Estado». El punto 4 de la declaración en sí da por supuesto que se negociará con el Estado español y las instituciones españolas, aunque no sabemos si el resultado de la consulta será favorable a la independencia.
La democracia no se justifica por los resultados de las elecciones sino por la celebración de las elecciones independientemente de quién gane. Este principio vale también para el referéndum. Hasta ahora, la consulta ha captado la imaginación del país porque ha apelado a la libertad y al derecho inalienable a decidir, más allá de la mayoría que se pueda articular. Continuemos por este camino. No queramos excluir a los indecisos o a los que votarían que no. Aprobemos una declaración que simplemente llame a los catalanes a participar en una consulta para decidir qué estatus político se quieren otorgar y para determinar si (así, escrito en condicional y no como afirmación) quieren establecer un Estado propio o no. Contar con una mayoría amplia o, si no es amplia, abierta y generosa, a favor de la consulta será entonces la primera victoria en un camino que se prevé apasionante pero difícil.
