EL pasado mes de febrero tuvimos en el Senado un debate sobre la corrupción, consecuencia de una moción de la senadora María Caballero, tema que considero de la máxima importancia para la salud democrática de este país.
En esta época de confusión, donde los valores se tambalean, la corrupción es un mal endémico de la sociedad que se manifiesta en el sector privado y en el sector público. La democracia española tan joven y, por tanto, tan vulnerable, ha ido tejiendo un entramado institucional y normativo tendente a la buena gestión y control de los fondos públicos. Disponemos de órganos de control interno (
Sin embargo, se tiene la sensación de que la corrupción persiste avivada en los últimos años por casos de gran prominencia pública (urbanismo, caso Gürtel) que se suceden. Parece que la sociedad no ha reaccionado en la medida que cabría esperar y, por lo tanto, podemos estar tranquilos, no hagamos más de lo necesario mientras existan temas más importantes como la crisis económica y el paro. Pero, cuidado, este análisis no se puede hacer desde la política partidista (aparentemente no se castiga a los partidos involucrados en casos de corrupción), porque la percepción de los ciudadanos sobre los partidos políticos/políticos se presenta cada vez más como un problema.
Creo que debemos dar más importancia a este tema porque afecta a la esencia de la democracia, porque afecta a la confianza de los ciudadanos en los políticos, porque afecta al funcionamiento de la sociedad. La honestidad y la decencia forman parte del hacer político y de la función pública, todos debemos comprometernos a respetar estas reglas sagradas; de lo contrario, debemos salir rápidamente de la esfera pública.
Actualmente hay 800 imputados en delitos relacionados con la corrupción en España entre políticos, funcionarios y empresarios, y España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de
Por lo tanto, también tenemos que cambiar la imagen de este país, España no puede convivir con la corrupción, porque si este sentimiento cala profundamente en la sociedad, es difícil extirparlo.
Un primer mensaje a transmitir a nuestros políticos es que no todo vale y tampoco que vale todo hasta que los Tribunales digan lo contrario. Por ahí vamos por el mal camino. Dice Emilio Sánchez Ulled, presidente de
Objetivamente existen varias áreas de mayor riesgo, como son la financiación de los partidos políticos; la contratación, especialmente de las Obras Públicas; las subvenciones y el urbanismo.
Si una democracia no establece los mecanismos de control orgánico, control interno y control externo, normativo y parlamentario o político, habrá muchas más posibilidades de que haya corrupción. Si aceptamos líneas de sombra, opacidad o poca transparencia en la gestión y control de los fondos públicos, estaremos creando el caldo de cultivo idóneo para que las prácticas irregulares puedan desembocar en prácticas de corrupción. Siempre es mejor que reforcemos los mecanismos preventivos que los ex post.
Es necesario explicar de qué viven los partidos políticos, deben ser los primeros interesados en explicar sus cuentas, los mecanismos de control sobre sus actividades y su sistema de financiación, sin esperar los informes del Tribunal de Cuentas. El principio de transparencia es básico en las cuentas de los partidos políticos porque son la base del funcionamiento democrático. No se pueden admitir compromisos de no verificar fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Repasemos algunas materias problemáticas.
¿Qué vamos a decir de las obras públicas? Que durante muchos años han sido han sido propicias a las corruptelas, especialmente en los años 90, donde la discrecionalidad daba paso a la arbitrariedad y a la trama de comisiones para adjudicar contratos.
¿Qué vamos a decir del urbanismo, que ha puesto en manos de los Ayuntamientos la potestad de recalificar terrenos y convertir el suelo no urbanizable en urbanizable, o realizar convenios de colaboración urbanística sin ningún tipo de control? Todo ello en un contexto de ausencia de autonomía financiera de las entidades locales, donde la construcción ha sido su principal fuente de financiación; de un urbanismo salvaje; y de una falta de control externo de los Ayuntamientos.
¿Qué vamos a decir de la facturación de servicios inexistentes o inútiles? ¿O de la creación de sociedades pantalla, para desviación de dinero, justificar una subvención o hinchar costes de una actuación pública? ¿O del desvío de dinero a entidades públicas, vinculadas a formaciones políticas?
¿Qué vamos a decir del sistema de subvenciones que, en muchos, casos, provoca una red de clientelismo ligada a intereses partidistas o redes de fraude?
¿Qué vamos a decir de lo que Emilio Sánchez Ulled llama «corrupción de alto nivel», con una utilización ilícita de las potestades, la información (privilegiada) y los recursos públicos para aplicar a finalidades de particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general?
Hay dos artículos que les quiero recomendar. Uno de Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política de
Desde la necesaria dignificación de la política y de la función pública, mantengo la honestidad de la mayoría de los cargos electos y de los funcionarios públicos, pero considero que no hay que dar oportunidades a los que consideran la política como una fuente de negocio o de tráfico de influencias para sus intereses particulares.
Si bajamos la guardia y somos permisivos con estas prácticas, estaremos socavando la democracia que, no olvidemos, hay que alimentarla todos los días.
