Entre las medidas que el Gobierno Blair pretende implantar como respuesta a los ataques de Al Qaeda en Londres una atañe directamente al fenómeno de la inmigración, pero desde una perspectiva novedosa. En lo sucesivo, para la concesión de la nacionalidad a personas inmigrantes, se estipula que se ha de celebrar una ceremonia específica, y se exigirá «saber hablar correctamente el inglés». Es una disposición que, según se mire, tiene todo el sentido del mundo. Porque, ¡qué menos, para considerar a alguien parte de una comunidad, que el que sepa entenderse con sus miembros!
Pero algo tan obvio y lleno de sentido común no debería desprenderse de unas circunstancias tan exaltadas y convulsas como las que rodean a unos atentados. Y menos aún presentarse como parte de una legislación antiterrorista, de excepción, como si quienes no supiesen hablar inglés fuesen, más que meros extranjeros, unos sospechosos destinados a ser vigilados, controlados y considerados como potenciales enemigos del género humano (el anglófono, por lo menos).
En cualquier caso, el tema da para mucho, sobre todo si lo contemplamos desde otro universo lingüístico, el euskaldun, al que jamás se le ha reconocido este derecho de exigir el conocimiento de su lengua (recordemos el vergonzoso encierro de los profesores en Bertandona), cuando ha tenido que hacer frente a una inmigración masiva y no menos traumática en términos colectivos (culturales, sociales, religiosos, de cambio de modelo de sociedad…). Y sin embargo cualquier pretensión de defensa de la propia lengua en nuestra tierra vasca ha sido contestada, rechazada de inmediato, calificada de racista, xenófoba, caduca y muchos otros insultos. Digamos, además, que no se ha percibido ningún gesto similar ante el anuncio de Blair. ¿Será porque detrás asoma un potente Estado?
Sea como sea, la disposición a que nos referimos representa un caso notable (quizás porque no estamos acostumbrados a hablar de estos temas en crudo). Pero, sobre todo, una decisión de hondo calado, porque roza aspectos muy profundos de la organización social en estos tiempos de la globalización: políticas lingüísticas, respuestas ante los flujos de migración, leyes y procesos de integración social, la cuestión de la nacionalidad (la identidad nacional, los derechos de las minorías, etc.) y en definitiva las políticas de Estado. Es cierto que todas ellas están muy cercanas, aunque en su expresión y conflictos se dispersen en un amplio abanico. Pero tampoco es fácil encontrar un punto crítico, candente, en común, en que se crucen tantos vectores problemáticos.
Esta reflexión debería servirnos, de paso, para que abandonemos los tópicos fáciles con que desde muchos ámbitos de la intelectualidad, de los partidos, de los medios de comunicación, del pensamiento, se abordan estas reflexiones sobre la cuestión nacional. Ya vale de latiguillos desfasados y vacíos sobre la identidad, la nación o el Estado. Como vemos, estamos en plena falla de San Andrés del subsuelo de los Estados occidentales contemporáneos.
Hace pocos días el europarlamentario Bernat Joan i Marí, al referirse a la situación del euskara, el catalán y el gallego, afirmaba que «Europar Batasunean, estatu propioa duten hizkuntzek soilik dute lekua» (En la Unión Europea, sólo tienen sitio las lenguas que disponen de Estado propio). La propuesta de Blair, que entre otros requisitos exige el dominio del inglés para que cualquier inmigrante sea nacionalizado, va bastante más lejos, y revela la importancia que los poderes públicos otorgan al monopolio legítimo de la lengua oficial como fundamento de la cohesión social, como base del sistema de integración, legitimación y de control. La unidad reglamentaria de lengua, ya no como fundamento de identidad, sino incluso de la nacionalidad, como conditio sine qua non para el acceso a prestaciones y derechos.
También en estas fechas el embajador español Carlos Robles Piquer replicaba con dureza a Herrero de Miñón, para reprocharle que defendiera los «hechos y derechos históricos», «superados, devorados, subsumidos y absorbidos por la unidad nacional española». Literalmente, en una frase que deberíamos tener bien presente quienes constituimos la nación vasca en ningún sitio, le echaba en cara que «El Estado no es otra cosa que la forma jurídica de la nación». Aunque discutible, es una frase demoledora, que revela que cada Estado sólo admite espacio jurídico para una nación (un demos, una lengua, una soberanía…); y, en contrapartida, de acuerdo con los tiempos, la nación que aspire a su pleno desarrollo sólo puede existir y actuar a través de un Estado propio.
Sabemos que Blair es poco más que un títere, un submarino americano en Europa (en su propio partido), y a lo sumo un consumado maestro de ceremonias. Pero, cuando defiende su terreno, utiliza sus recursos con más solvencia y fundamento que quienes, desde nuestra tierra vasca, hablan de co-soberanías y de inventos parecidos. Cuentos chinos.
Berrian argitaratua
2005/08/23
