La tercera victoria consecutiva del partido islamista dirigido por Recep Tayyip Erdogan pone de relieve que las sociedades y las naciones no cambian súbitamente sus identidades ni por leyes, revoluciones o invasiones. El Partido de la Justicia y el Desarrollo ha conseguido más del 50% de los votos. Es una mayoría insuficiente para promover un cambio constitucional desde el partido del poder, pero representa un consenso político y social para votar a favor de un gobierno que defiende la tradición musulmana de la sociedad turca.
La imagen de la señora Erdogan cubierta con un pañuelo en la noche electoral al lado de su marido es una pequeña muestra de la evolución experimentada por un país que se resiste a perder sus rasgos identitarios más profundos.
Noventa años después de que el padre de la Turquía moderna, Kemal Atatürk, decidiera crear turcos occidentalizados, imponiendo nuevas vestimentas, ordenando afeitar los bigotes, creando un alfabeto de corte europeo y privando de todo poder al sultanato que dirigía los asuntos públicos y civiles en los casi cuatro siglos de imperio otomano, resulta que Turquía confía más en un partido islamista que en las formaciones seculares y occidentalizadas que gobernaron Turquía durante varias generaciones. El nuevo hombre turco se ha quedado en la imaginación de Atatürk de la misma manera que el nuevo hombre soviético de Lenin no sobrevivió al fracaso del Partido Comunista en Rusia.
La pregunta que cabe formularse es si un sistema de corte islámico puede ser democrático. La experiencia de Turquía y la de Indonesia indican en principio que sí. Pero con reservas no menores. No es una cuestión religiosa sino de comportamientos democráticos.
Desde los años veinte, la Turquía moderna ha descansado sobre el indestructible triángulo del ejército, la república laica y el carisma de Kemal Atatürk. Tres mandatos consecutivos del partido de Erdogan van erosionando estos tres pilares de la tradición política turca. El problema no es si Erdogan gobierna con una orientación islámica o laica.
La cuestión está en los contrapesos de un gobierno que actúa por su cuenta con más periodistas en la cárcel que en China, con un control excesivo sobre el poder judicial y con una represión de las minorías, especialmente la kurda, a la que no se quiere otorgar un mínimo de autonomía.
