Con la transición, el PSOE y toda la nueva arquitectura autonómica, municipal y estatal descubrieron una maquinaria maravillosa que los antifranquistas de ayer podían utilizar para enriquecerse sin cambiar ni un caracol
Esto debió de ser en 2010, quizás en 2011. En Copenhague había quedado a cenar con mi viejo amigo Jens Linden y su esposa Isabel. Jens acababa de dejar la dirección de la radio nacional danesa. Yo entonces ya lo debía de conocer desde hacía quince o veinte años y me gustaba mucho hablar con él porque es uno de los amigos que más me ha facilitado las cosas siempre. Jens sonríe permanentemente, dice siempre las cosas como es debido y tiene una facilidad escalofriante para hacerte sentir cómodo.
Como gente del país, propusieron el restaurante –el Kanalen, un espacio en Christianshavn, rodeado de barcos– y, conscientes de mi obsesión por la política, invitaron a un par de electos locales para charlar. Llevado quizá por una extraña vanidad o por la mala salud de nuestro país, en un momento determinado me puse a celebrar la superioridad moral de las sociedades escandinavas: la transparencia, el estado del bienestar, la poca corrupción; aquella maravillosa higiene cívica que tanto envidiamos a los del sur.
Cuando hube terminado, uno de los políticos –un hombre de esos arquetípicos, flacos y huesudos, con minúsculas gafas redondas y canas alborotadas– me dijo, con una media sonrisa triunfal: «Nosotros no somos moralmente superiores a vosotros. Nosotros tenemos unas leyes bien hechas que nos impiden robar”. Y a continuación se bebió la cerveza con la pose de quien acaba de pronunciar una banalidad perfectamente prescindible. Yo, por el contrario, me quedé completamente boquiabierto y me sentí profundamente ridículo.
Suecia, por ejemplo, aprobó la primera ley de libertad de prensa en 1766 –poca broma– y en esa misma ley incorporó el principio de acceso público a los documentos: una práctica que lleva ya más de doscientos cincuenta años. Cualquier ciudadano puede reclamar cualquier documento de cualquier administración sin tener que justificarlo, y no existe ningún organismo exento de dar explicaciones. Los cargos electos deben declarar empresas, contratos anteriores e intereses financieros, y la declaración es accesible a todo el mundo. Revelar la identidad de un funcionario que ha denunciado una irregularidad en los medios es un delito perseguido porque se espera que los funcionarios delaten a los políticos corruptos. En fin, la figura del ‘ombudsman’, encargada de fiscalizar la administración en nombre de los ciudadanos, es una invención sueca, nada menos que de 1809.
En Noruega, hace más de doscientos años, las declaraciones de renta de todos los ciudadanos se publican anualmente. Me han explicado –pero no sé si es cierto– que antiguamente se repartían impresas y se leían en voz alta en la plaza del pueblo. Hoy se cuelgan en internet una noche de octubre –si no estoy equivocado– y todo el mundo puede consultar cuánto ha ganado su vecino, su médico o su diputado. Desde 2014, la persona consultada recibe un aviso con el nombre de quien lo ha buscado –pero los periodistas quedan exentos, para guardar el secreto de nuestro trabajo. En Finlandia, una operación similar ocurre cada mes de noviembre; en ambos países, los sueldos de todos los funcionarios son públicos, a un clic de distancia.
Esta transparencia tiene consecuencias que aquí cuesta imaginar. En 1995, Mona Sahlin, vicepresidenta del gobierno sueco y candidata segura a suceder a Ingvar Carlsson como primera ministra, tuvo que dimitir porque se descubrió que había utilizado la tarjeta oficial para comprar pañales, tabaco, gasolina y –el detalle que acabó dando nombre al escándalo– dos barras de chocolate Toblerone. La suma no era ninguna barbaridad y ella había devuelto el dinero. De hecho, la investigación preliminar se archivó porque el fiscal no vio delito en ninguna parte. Pero dimitió igualmente y estuvo tres años fuera de la política. El asunto todavía se conoce, con un fondo de sarcasmo helador, como el ‘Tobleroneaffären’. Pocas veces un dulce ha costado tan caro.
Evidentemente, aquí ocurre exactamente la contraria, pero no por azar.
Paul Preston, que estudió el franquismo con una paciencia benedictina, explicó con claridad que la dictadura de Franco no era sólo una construcción ideológica: era, sobre todo, una red de pequeñas corrupciones interconectadas. Millones de personas sacaban un beneficio concreto –un sueldo hinchado, un cargo pequeño, una licencia para determinados trabajos, un permiso, una plaza para el cuñado, una recomendación oportuna. El régimen se sostenía porque aquellos millones de pequeños beneficiarios no podían permitirse su caída. Habían empeñado al mismo tiempo el alma y el patrimonio.
Y la funesta transición, como en tantas otras cosas, no desmontó el dispositivo: solo lo heredó. Y lo repartió. El PSOE y toda la nueva arquitectura autonómica, municipal y estatal descubrieron una maquinaria maravillosa que los antifranquistas de ayer podían utilizar para enriquecerse sin cambiar ni un ápice. Los cargos, los padrinazgos, las comisiones, los contratos amistosos, las empresas públicas convertidas en oficinas de colocación, las diputaciones como mecanismos opacos de lealtades… La maquinaria ha seguido funcionando de forma implacable hasta la fecha. Sólo han cambiado las caras –a veces ni eso– y sus siglas.
Conviene tener presente esta historia de largo alcance ahora que, finalmente, la Audiencia española ha encausado a José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueamiento de capitales, en el caso Plus Ultra. La fórmula del juez Calama –que Ot Bou analiza punto por punto en este artículo (1)– no admite circunloquios: habla de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” con una “estructura estable y jerarquizada”, “liderada” por Zapatero, que supuestamente puso sus “contactos personales” y su “contactos personales” y la cambio de “beneficios económicos”.
Ya veremos qué acaba ocurriendo. La justicia española es tan extraña e imprevisible que vete a saber dónde va a parar todo. Pero el mero hecho del encausamiento –y los registros en la oficina de la calle Ferraz y en la empresa de sus hijas– ya es lo suficientemente grave como para que el caso no se pueda despachar con una nota de prensa. Cabe decir que nunca había visto tantos partidos teóricamente opositores defendiendo a capa y espada a un político de otro partido. Realmente lo del PSOE y la dependencia de los demás es algo único.
Sea como sea, aquí viene la parte interesante. Al régimen del 78 no lo sostiene ninguna idea fuerte ni ningún consenso transversal, ni ningún notable entramado legislativo: lo sostienen los dos partidos que se turnan en la gestión de la maquinaria heredada del franquismo. Lo sostienen el PSOE y el PP, pero sobre todo le sostiene el PSOE, porque es el que ha sabido dar al sistema el barniz democrático indispensable para hacerlo más o menos respetable en la Europa del siglo XXI. Si el PSOE cae, por tanto –y un caso como éste, bien administrado, podría derribarlo–, el régimen se tambalea. No tanto porque el PP no pueda tomar el relevo como porque la sospecha de que todo es exactamente eso que parece –una continuidad fluida y putrefacta de métodos, entre un régimen corrupto y otro igualmente corrupto– se hará insoportable. Espero. Y deseo.
(1) https://www.vilaweb.cat/noticies/converses-acorralen-zapatero-plus-ultra/
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