La comisión especial creada en el Parlamento federal de Bélgica para examinar su pasado colonial se tomará un tiempo para digerir las casi 700 páginas del informe entregado esta semana por una decena de historiadores.
“Tenemos una responsabilidad histórica hacia las víctimas de los abusos del colonialismo. La tarea es demasiado importante como para abordarla con prisas”, ha declarado su presidente, Wouter De Vriendt, ante la publicación de un documento surgido de la ola de protestas globales desencadenadas por la difusión del vídeo de la muerte de un hombre negro llamado George Floyd bajo la rodilla de un policía blanco en mayo del 2020 en Minnepolis.
La responsabilidad del Estado en la explotación de la República Democrática de Congo, Ruanda y Burundi, el mito de la misión civilizadora y la posibilidad de ofrecer algún tipo de reparaciones, todo se puso por primera vez sobre la mesa. El rey Felipe pidió disculpas por los abusos cometidos al presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el Parlamento creó una comisión de investigación.
Enfrentados a la monumental y sensible tarea de examinar el pasado, los políticos recurrieron a los historiadores y les encargaron investigar los hechos, su impacto y sus consecuencias actuales. Nueve meses después, la comisión Congo tiene su respuesta, 689 páginas que retratan la brutalidad de un sistema de explotación construido sobre el racismo que pasó factura al país incluso después de la colonización.
“La cuestión que se plantea puede formularse así: ¿existen pruebas históricas de una explotación sistemática, de crímenes atroces y grandes sufrimientos humanos causados por el colonialismo belga? La respuesta a esta pregunta es un categórico sí”, sostiene el informe. Pero “los historiadores no siempre están en posición de formular respuestas claras e indiscutibles a las cuestiones que se plantea la sociedad”, en especial la cuestión del reconocimiento (una autora habla de “crimen”) y las posibles reparaciones.
Aunque entre los historiadores existe consenso sobre la mayor parte de los temas abordados en el estudio, como destaca el diario De Standaard , son sin embargo asuntos que siguen tocando una fibra sensible en la sociedad belga. El informe habla de “amnesia colectiva” ante las injusticias cometidas durante 80 años por la empresa colonizadora belga. La propaganda colonial iniciada por el rey Leopoldo, cuando Congo era su empresa particular, y continuada después por el Estado belga aún pesa sobre la memoria del país.
“La idea de que los peores excesos de la violencia colonial bajo el régimen de Leopoldo fueron obra de individuos marginales y aislados no concuerda con las conclusiones actuales de las investigaciones, que revelan diferentes regímenes de terror y extorsión violenta combinados con una impunidad frecuente”, señala el informe. A veces la violencia afectaba a la “vida íntima” de los colonizados, dice de la política de separación de niños mestizos.
Un tópico todavía muy vivo en Bélgica es que la violencia sistémica terminó en 1908, cuando el Estado belga tomó las riendas de Congo al rey Leopoldo. Esta falsa idea procedería de la maquinaria propagandística oficial, que ha disimulado “la opresión, el régimen de trabajos forzosos y otras formas de violencia que siguieron caracterizando al régimen colonial”. En ambas épocas, constituyó “un sistema de gobierno extractivo y racista”. Congo, recuerdan los autores, fue definido en su día como “un escándalo geológico” por su riqueza en minerales.
Aunque quedan por examinar a fondo cuestiones como el papel de la Iglesia católica, el informe tumba el mito de la acción civilizadora blanca en Congo, las aportaciones de la administración colonial en el terreno de la salud, la educación o las infraestructuras. Los historiadores definen el racismo como la base de la acción colonizadora con efectos sociales que llegan hasta nuestros días y recogen las numerosas voces críticas que en su día, no 80 años después, denunciaron las injusticias cometidas por la colonización.
“Las desigualdades del pasado se han traducido, por sus efectos a largo plazo, en una serie de desigualdades contemporáneas”, señala el informe, en el que cada experto firma las conclusiones ligadas a su disciplina. El debate está servido. “El perjuicio sufrido es imposible de cuantificar”, admite Anne Wetsi Mpoma, especialista en historia del arte. “Pero esto no cambia en nada el hecho de que deba repararse con una compensación financiera”.
LA VANGUARDIA
