Es un hecho demostrado que en los últimos años se observa un creciente flujo de talento desde la Administración Pública hacia la empresa privada. Una situación a la que ya estamos casi acostumbrados, pero que puede llegar a tener un efecto mucho más acelerado en el futuro inmediato, con evidentes consecuencias negativas para la sociedad.
Fundamentalmente afecta a la primera línea directiva-operativa-técnica de los cuerpos superiores del Estado. Como los abogados del Estado que pasan a despachos en la práctica de Derecho Administrativo, a asesorías jurídicas o secretarías del Consejo de Administración de una compañía. O los inspectores de Hacienda que recorren un camino similar hacia la empresa. O los técnicos comerciales y economistas de Estado, que recalan en la banca de inversión o en las direcciones financieras de compañías cotizadas. O los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que asumen las direcciones de recursos humanos o relaciones laborales en la empresa privada. O incluso los comisarios de Policía y mandos del Ejército, que tienen un encaje perfecto en el sector de seguridad y defensa.
Este «trasvase» tiene el mayor de los sentidos para las compañías que reciben, no sólo un valioso talento técnico, sino a quienes conocen los resortes del primer contratador, que es el Estado, por lo que hay valor añadido lobbista. Las empresas importadoras de dicho talento suelen ser de entornos regulados. Un abogado del Estado, por ejemplo, tiene todo el encaje dentro de una compañía eléctrica o de telecomunicaciones; un inspector de Hacienda conoce muy bien la Hacienda Pública y tiene los contactos necesarios dentro de ella como para que su asesoramiento desde el otro lado sea de gran valor; un técnico economista del Estado está acostumbrado a supervisar partidas presupuestarias que superan con creces los volúmenes de una empresa del Ibex; un inspector de Trabajo es muy útil en una compañía que por su gran tamaño tiene alta complejidad sindical o es intensiva en capital humano…
Este continuo trasvase se ve favorecido por el entorno que se describe a continuación:
– Una demanda de talento creciente originada por la separación entre la curva demográfica, en descenso, versus el crecimiento empresarial.
– Una brecha remunerativa entre el entorno público y privado. Brecha muy compleja de solucionar, pues actualizar y hacer competitivos los sueldos de los cuerpos superiores del Estado es inmaterial presupuestariamente pero de gran impacto electoral.
– Una situación operativa en las administraciones públicas que deriva en un entorno laboral más viciado. La curva demográfica afecta al Estado igual que a la empresa privada y cada vez resulta más complejo cubrir las plazas con los mismos criterios de calidad que hasta ahora. Así, la Administración ya no dispone de recursos ilimitados, se tensiona la carga de trabajo y aumenta la presión. ¿Es ejemplo suficiente la situación actual de la Judicatura?
– Un entorno político bipartidista que genera incertidumbre en el medio plazo en los cuerpos superiores. A medida que la carrera de estos altos funcionarios asciende se ve más cerca un techo, pues a partir de determinadas responsabilidades los puestos son políticos, o se vuelven políticos, o se identifican como políticos.
– En definitiva, una no reforma histórica de la Administración que hace que la diferencia de velocidad entre lo público y lo privado aumente, perdiendo atractivo el Estado como empleador.
El resultado de la situación descrita es alarmante. Asistimos a una descapitalización del talento del Estado que ningún país desarrollado se debería permitir. Una manera de intentar frenarla es siendo más laxos con los criterios de calidad de entrada en las administraciones públicas, pero estaríamos así confundiendo descapitalización cualitativa con cuantitativa y no entendiendo el verdadero problema.
En los cuerpos superiores del Estado disfrutamos de profesionales con altísimas capacidades que, muy a su pesar, están valorando la empresa privada como alternativa profesional. En la mayoría de los casos, este «transfuguismo» no se produciría de darse un entorno donde sencillamente la valoración del profesional dentro del Estado fuera más acorde con un mercado alternativo cada vez más competitivo y evolucionado. La vocación de servicio de estos profesionales predominaría así de manera clara en el funcionario.
Un Estado descapitalizado de talento es un Estado intelectualmente débil. Mientras se busca o no una solución seguiremos asistiendo a este trasvase al que nadie parece prestar atención, excepto las empresas…
* José Ignacio Jiménez es director general de Norman Broadbent.
