Una gran mayoría de los españoles -dos tercios de los madrileños, por ejemplo- consideran que la amnistía es un «privilegio» y una «injusticia». Creo increíble que no sea un cien por cien en un sistema de medios de comunicación como el madrileño/español que logró que su opinión pública apoyara los apaleamientos del Uno de Octubre y, después, a la aplicación del 155 y las represalias judiciales que fueran necesarias. A la España española -en su mayoría- le han parecido bien las operaciones de las cloacas contra el independentismo, el espionaje sin control, los informes creativos de la Guardia Civil y el CNP y las represalias indiscriminadas del Tribunal Supremo o el Tribunal de Cuentas. De la misma forma que, anteriormente, había habido un consenso social muy transversal en cuanto a consentir las torturas en los cuarteles de Euskadi o las operaciones parapoliciales que causaron cientos de muertes desde la transición hasta el contraterrorismo en el País Vasco.
El resultado de la encuesta no lo determina el texto de la amnistía, sino la catalanofobia estructural que empapa la sociedad española. Incluso resulta impactante que en tan poco tiempo la mitad de los votantes del PSOE hayan hecho un recorrido tan grande como para pasar del dogma transversal de la venganza contra Puigdemont al ultrapragmatismo de conformar una mayoría con el independentismo catalán y vasco. Una rectificación que sólo puede entenderse en una sociedad que vuelve y devuelve a la fractura política de la Guerra Civil.
Puigdemont, en sí mismo, es un jarabe difícil de tragar para el nacionalismo español. Pero Puigdemont en Suiza negociando en una mesa con un verificador extranjero es totalmente indigerible. Un escenario inesperado que, por otra parte, significa una pequeña victoria simbólica del independentismo, en estos momentos tan necesitado de resultados tangibles.
EL MÓN
