Los intentos por encontrar un camino de solución y/o encauzamiento de los conflictos históricos y más recientes que tenemos en la sociedad vasca han pasado por etapas diferentes (ver cuadro adjunto). Al hablar en plural de conflictos se pretende constatar que no hay una única cuestión a resolver o encauzar, o dicho de otra manera, que hay varios nudos que configuran más de un conflicto y consiguientemente no ha sido ni es sencillo atinar con los senderos que llevan al camino apropiado y conveniente de “llegada”.
Pongo entrecomillada “llegada”, porque si a lo anterior añadimos que a la meta que creemos definitiva se tardará en llegar y que cuando creamos que lo hemos hecho deberemos continuar caminando (“Y cuando creáis que habéis llegado, sabed encontrar nuevas sendas”, Itaca de Kavafis y Llach), tendremos que concluir que lo verdaderamente importante en esta vida es el propio camino que recorremos, la actuación y coherencia diarias (la paz es un proceso no una meta).
Siendo un deseo mayoritario el que podamos coexistir en nuestro pueblo con una pluralidad de pensamientos, la convivencia a reconstruir de forma colectiva deberá asentarse en una cultura basada en los derechos humanos universales. Una cultura que mire hacia delante pero que no olvide lo que ha pasado y por qué ha pasado.
Por el momento tenemos distintas formas de ver lo sucedido y de cómo abordarlo:
Cuatro formas de hacer relato
- 1. Sólo hay unas víctimas
Así lo dice la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y así lo defienden diversas asociaciones, cargos políticos, editorialistas y tertulianos. Y se movilizan por ello.
Desde esta visión, suele exponerse que aquí no ha existido ni hay un conflicto,[1] que todo ha empezado con ETA y el día que ETA desaparezca definitivamente se habrá solucionado todo. Pero a medida que las cotas de enquistamiento han ido aumentando, se ha imputado al conjunto del nacionalismo vasco de haber favorecido, alentado y justificado la violencia de motivación política. Incluso también se ha señalado al Partido Socialista en numerosas ocasiones.
Igualmente, cualquier iniciativa que hable de otro tipo de víctimas se ha querido acallar afirmando que ello favorece el que ETA pueda hablar de dos violencias simétricas. El GAL, por ejemplo, es “un error de mediados de los años ochenta”.[2]
Con ese punto de partida, el Gobierno vasco de Patxi López (PSE) ha sido acusado de crear una lista paralela de víctimas[3]. También el ministro del Interior del Gobierno del PP, Jorge Fernández Díaz, calificó el primer decreto vasco de víctimas de motivación política de “impresentable” al considerar que supone “equiparar a las víctimas”.[4] Asimismo, el proyecto de Instituto de la Memoria, la Convivencia y los DDHH se aprobó en el Parlamento vasco con la oposición del PP y UPyD. “Sólo sirve para que ETA justifique sus crímenes”,[5] diría el portavoz del PP.
De esta forma, se construye el relato según la autoría, según quiénes han sido los perpetradores, lo que lleva a una memoria parcial. Hasta el momento se ha legislado con ese planteamiento: Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, ampliada en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. A ellas se han añadido la Ley Vasca 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo y la Ley Foral 9/2010 de Víctimas del Terrorismo.
- 2. Sí hay otras víctimas, pero…
A diferencia de lo legislado desde el Gobierno español, el Gobierno vasco se ha atrevido en los últimos tiempos a dar pasos en el camino de un reconocimiento más integrador. En este segundo relato se reconoce que hay otras víctimas, aunque se mantiene una escala jerárquica a la hora de legislar partiendo de quiénes han sido los perpetradores. Se recalca una y otra vez que no puede haber equiparaciones entre unas y otras víctimas, de ahí que se considere a las víctimas policiales como “Las otras víctimas”.
Existe un antecedente previo que se remonta a noviembre de 2000, que se denominó como “Ponencia Víctimas de la Violencia de la Comisión DDHH del País Vasco”. Pero no tuvo mucho recorrido porque en la misma no participaron PSE, PP ni UA. Siete años después hubo un doble mandato parlamentario que desembocó en dos informes en junio de 2008.
Entre estos dos trabajos elaborados por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo (DAVT) y por la Dirección de DDHH del Gobierno vasco, se pusieron encima de la mesa 770 nombres de personas a las que se vulneraron su derecho a la vida o a la integridad física y psíquica por parte de grupos de incontrolados, extrema derecha y GAL (66 personas muertas) y de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales (109 personas muertas).
En los pasos siguientes, tras el cambio de gobierno vasco, los nombres de 2008 se guardaron en un cajón y en junio de 2012 fue aprobada una iniciativa que no tiene rango de Ley: un primer decreto sobre víctimas de motivación política entre 1960 y 1978, y se anunciaba un segundo decreto posterior a esa fecha.
El decreto aprobado iguala reparación a indemnización, olvidándose de desarrollar el acceso a la verdad. Asimismo, no señala victimarios, su ámbito se ciñe a la CAV, las víctimas tienen que probar secuelas físicas, ha retirado elementos como la tortura que sí se recogían en el primer borrador, y no propone mecanismos de investigación activos e imparciales…
Se enfoca como “actuaciones indebidas”, “actos ilegítimos de la autoridad”, “abusos” o “excesos”… las vulneraciones llevadas a cabo por los agentes policiales, y de “olvido institucional” el papel del Estado. Falta por tanto un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la impunidad, en la no investigación y en el esclarecimiento de lo ocurrido en las versiones oficiales que han ocultado, respaldado, protegido o justificado evidentes casos de conculcación de DDHH.
- 3. Construir la propia memoria
En este tercer relato se defiende la existencia de un conflicto político que está en el origen del sufrimiento acumulado, que estamos en un pueblo que lucha por sus derechos políticos y democráticos, y que en esa lucha ha habido gente que se ha alzado en armas. Plantea que este conflicto terminará cuando se consiga un marco democrático inclusivo.
Se reconoce que el dolor y el sufrimiento están en todas las partes del mismo, pero se construye sólo la memoria de las personas represaliadas por la violencia estatal, para contrarrestar con ello la “forma unilateral de legislar durante años el dolor únicamente de unas víctimas”.
A las víctimas causadas por ETA se contraponen 10.000 personas que han denunciado haber sido torturadas desde 1960, 7.000 personas que han sido encarceladas, 50.000 personas detenidas y 474 personas muertas a consecuencia de la “represión del Estado”,[6] sin distinción de cómo han sido los hechos acaecidos.
Esas cifras incluyen casuísticas muy diversas y se mezclan los mapas del sufrimiento y de la vulneración de DDHH, al no hacerse distinción entre lo que es violación de derechos y lo que son las consecuencias dolorosas de un enfrentamiento armado.
- 4. Construir desde los hechos, no por la autoría
Este cuarto relato se basa en los principios y normas del derecho internacional de los Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario. De forma resumida, los ejes básicos[7] en los que se basa son:
- Se parte de los hechos acontecidos, no de quién los ha hecho, tenga uniforme o no.
- A igual conculcación de derechos corresponde igual tratamiento y reconocimiento para todas las víctimas.
- No hay lugar a la discriminación. Busca sacar la fotografía más completa posible de todas las partes, una memoria inclusiva en la que no falte nadie que haya sido víctima de vulneraciones de derechos humanos.
- Los casos de sufrimiento que no son considerados estrictamente como conculcaciones de derechos humanos deben contar con un tratamiento aparte, pero deben ser abordados en un proceso de memoria y reconciliación.
Pasos deseables
Teóricamente, una de las cosas que une a los cuatro relatos es que todo lo que hay por hacer no se construya sobre el olvido sino buscando la verdad de lo sucedido, para que no se repita. Como dice Carlos Martin Beristain, “el dolor no puede repararse pero sí reconocerse”. Reconocer todo lo sucedido y el dolor de todas y todos. Y este cometido debe hacerse cuanto antes. “Llevamos 40 años soportando esta carga. Hay que cerrarlo de una vez y bien”, en palabras de Josu Elespe, hijo de un concejal muerto en atentado de ETA[8].
Pero para cerrar “de una vez y bien” esta parte violenta de nuestra historia reciente, tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar los elementos de acuerdo, y la labor no es fácil. Si concluimos que el conocimiento de la verdad nos une -une a todos los relatos-, posibilitémoslo. En ese camino a recorrer, algunos aspectos a abordar podrían ser los siguientes:
– Reconocimiento de todas las vulneraciones de derechos.
– Investigación exhaustiva de los hechos. La carga de la prueba no puede recaer en las víctimas, por lo que la administración tiene que facilitar el acceso adecuado a la información y al proceso de reparación.
– Reconocimiento de todas las víctimas a la verdad, justicia y reparación. No puede limitarse únicamente a los casos con secuelas o sentencias.
– Los criterios de reparación deben sustentarse en el derecho internacional de los DDHH.
– El proceso de reparación debe culminar en Ley, para evitar discriminaciones entre la diversa tipología de víctimas. Como no se ha empezado así, debe aprovecharse lo que hay para corregir la situación en cuanto sea posible.
– Puesta en marcha de algún tipo de mecanismo de verdad, en base a los hechos sucedidos: facilitaría la consciencia de las conculcaciones, los atentados sin aclarar de toda índole; testimonios no relatados convenientemente, especialmente los de tortura; el paradero de las seis personas desaparecidas; los niveles reales de extorsión y amenazas…
– Autocrítica sincera. Reconocimiento público del daño causado por todas las partes que han ejercido violencia política, incluida la implicación y la responsabilidad del Estado. Ello podría impedir que se repitieran nuevas violaciones.
– Desarme definitivo de ETA.
– Terminar con las leyes y normas excepcionales. Reforma legislativa en profundidad de la normativa penal y penitenciaria. Desaparición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y de la Audiencia Nacional. Acabar con la dispersión y el aislamiento.
– Poner fin a la tortura y derogar el régimen de incomunicación. Adopción de los mecanismos eficaces de prevención de la tortura.
– Reforma de la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre.
– Que el Instituto de Memoria, Convivencia y DDHH que se proyecta tenga un componente más científico y de menos peso político, tal como se le da ahora (“Actúa en sus fines en el marco de las directrices y política general del Gobierno vasco y del Departamento al que se encuentre adscrito que ejercerá la dirección e inspección…”).
– Elaborar una estrategia común de reconciliación social, política y de memoria que lleve a un reconocimiento mutuo y a la integración.
– Pedagogía social. Que los medios de comunicación acompañen de forma positiva un proceso de convivencia. Que los cargos políticos e institucionales sean consecuentes con la reconstrucción del tejido social.
25 años de iniciativas y contexto en la historia reciente |
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2010
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2011
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2012
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[1] “El único conflicto son ellos y los que les apoyan”. X Jornadas Víctimas de Terrorismo y Violencia Terrorista, COVITE, 24-25/11/2011.
[2] COVITE. Balance de dolor. También se dice que ETA ha sido “favorecida por determinadas respuestas equivocadas (…) que además resultaron contraproducentes”. http://www.covite.org/covite_balancedolor.php
[3] COVITE 08/02/2012: www.covite.org/
[4] EuropaPress, 12/06/2012.
[5] Carlos Olazabal, parlamentario del PP, en su turno en el Parlamento vasco el 08/06/2012.
[6] Euskal Memoria, 2010. http://euskalmemoria.com/cont/es_ES/227/V%C3%ADctimas+que+se+quieren+ocultar.html
[7] Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.
[8] El Periódico, 03/03/2012.
