Uno de los efectos del proceso de independencia abierto hace dieciséis años con la manifestación de la Plataforma por el Derecho de Decidir (febrero de 2006) y culminado con el referéndum ganado el 1-O de 2017 habrá sido comprobar que el Estado español es una máquina perfecta de boicot de su autopropaganda como garante de la democracia. Mientras sus medios públicos y privados, columnistas y escritores, académicos y locutores de radio, exministros y gacetilleros pugnaban por ofrecer una estampa criminalizadora del proceso catalán (“supremacista”, autoritario, racista…) frente a la democracia constitucional representada por la monarquía, las prácticas de los aparatos del Estado han sido una retahíla de actos realmente criminales tanto en el exterior, con una persecución de los exiliados digna de los ‘mortadelos’, como en el interior, desde los fondos de las cloacas hasta la pátina roñosa de los Llarena y Marchena, desde la represión continuada a todos los niveles hasta el espectáculo de una monarquía más caduca que en tiempos de Isabel II, desde la corrupción generalizada del PP hasta el apoyo de los fondos de reptiles al fascismo caduco de Ciudadanos y su charanga “civil” y al ascendiente de Vox y sus escuadras, desde las idas y venidas de los villarejode turno hasta la ocultación de pruebas primordiales en los atentados de agosto de 2016 en Barcelona, con la guinda del escándalo sin precedentes del espionaje con el sacapuntas Pegasus. (No hablaremos de la cuestión de las inversiones en Cataluña, porque esto ya representaba el máximo de “politización” de las clases arrodilladas en tiempos de la dictadura franquista, de modo que sacarlo ahora en procesión retrotrae a los quejosos de turno a los tiempos de los Porciolas y compañía).
El caso es que el movimiento por la independencia no tendrá que hacer grandes esfuerzos para contrarrestar la maquinaria propagandística del régimen borbónico, pero, claro, esperar los errores y rodeos del enemigo para vencer es quedarse a medio camino, porque sigue formando parte de la dependencia (y fomentándola). Una cuestión que, dicho sea de paso, también afecta al tema de la desobediencia, que, en un primer momento, es la primera señal de no aceptar el poder ajeno, pero que no garantiza tu capacidad de crear uno de propio. Como es notorio, demostramos nuestra voluntad de ser (expuesta democráticamente para ‘destituir’ el sistema vigente), pero no nuestra voluntad de poder (impuesta democráticamente para ‘constituir’ el nuevo sistema). Llegamos a poner en práctica el hecho de que las minorías oprimidas y sometidas tienen el “derecho natural” a la resistencia, a utilizar medios ilegales, en cuanto se comprueba que los legales resultan insuficientes, como bien se demostró a lo largo de 2017 y, sobre todo, a raíz de las leyes de desconexión aprobadas el 5 y el 6 de septiembre en el parlament. Pero cuando el Estado recurrió a la violencia, no rompimos la violencia establecida, teniendo bien presente que la resistencia adecuada sólo obliga a la conciencia propia a romper la violencia establecida sin crear, a su vez, nueva injusticia. Y lo que queríamos, precisamente, era una nueva justicia.
Un proceso por la independencia necesita un aparato de información y propaganda destinadas a contrarrestar la del enemigo y horadar sus filas, a disciplinar táctica y estratégicamente a los luchadores y activistas, y a informar y convencer a los ciudadanos en general de su programa político, económico, social y cultural. No me refiero a los medios que, como éste mismo donde escribo, han dado y siguen apoyando el movimiento, porque su tarea, en la medida en que funcionan dentro de un sistema informativo con unas exigencias deontológicas precisas, impone unos límites para no caer, precisamente, en los vicios de los medios al servicio del Estado, contra las mentiras, la desinformación y la política reaccionaria de los que deben luchar. Tampoco me refiero a revistas, boletines, hojas o cualquier otro medio de expresión de entidades y plataformas, sino, básicamente, a medios surgidos directamente de la praxis activista, nutridos de información viva e inmediata, hechos por gente ligada a la lucha cotidiana, escritos con competencia y rigor: una labor informativa como extensión de la dirección política del movimiento y un medio de debate público para forjar esta dirección y sus liderazgos al margen del poder delegado a manos indecisas, dudosas o parciales. Creando una red propia de información al margen del sistema.
Y el tema primero y principal es la financiación, que debería ser capilar, hecha desde abajo y controlada con rigor y claridad desde el primer momento. De esos dos millones largos de votantes del 1-O, ¿la mitad eran clientes de la Caixa? ¿Aprobaron las maniobras de sus directivos en favor del Estado? Seguro que no, pero tampoco pudieron contrarrestar la propaganda del miedo y neutralizar esas maniobras con un cierre masivo de cuentas. No hubo una dirección que incitara a dar pasos adelante ‘colectivamente’ para no cerrarse individualmente en la queja y el desánimo. La dirección política no cae del cielo, debe construirse en contacto directo con el movimiento. Y, entre otras cosas, requiere información veraz, rápida y difundida en todos los ámbitos. Dado que no se cerraron masivamente cuentas de la Caixa hasta doblegarla, quizás haya que ir pensando que hay que financiar desde todos los rincones medios propios de difusión y propaganda, controlados por el propio movimiento, más necesarios que nunca cuando la institución y los medios públicos adoptan posturas que carecen de la independencia como objetivo presente y realizable.
No decimos nada nuevo, pero la información es poder. Y si el poder debe surgir directamente de la praxis colectiva, la información que ayude a crearlo, nutrirlo y difundirlo no podrá ser nada menos que directa, eficaz y colectiva.
VILAWEB
