La mayoría de las democracias están rodeadas de sombras de impunidad, vinculadas a episodios silenciados en los relatos oficiales y personajes asociados a crímenes horrendos. La Europa contemporánea se ha construido con ángulos muertos que sin embargo ilustran sobre la continuidad autoritaria del Deep State y el aliento que la impunidad de algunos verdugos procura a sus herederos políticos.
Para el público vasco, un personaje como Gaetano Azzariti resulta desconocido, pero su personalidad puede servir para entender mejor la república cisalpina desde su constitución en 1861. La trayectoria de ese napolitano, heredero de la nobleza borbónica, ejemplariza la transición de quien, tras cambiar lealtades y vincularse a los Saboya, pudo llegar a presidir un tribunal de estado fascista encargado de la persecución antisemita durante la dictadura musoliniana, y luego alcanzar la presidencia de la Corte Constitucional en una república democrática. Su trayectoria recuerda a la de Joseph Fouché, quien un siglo antes en Francia fuera responsable de la seguridad del estado durante la revolución, continuó en idénticas funciones con el imperio napoleónico, para proseguir después en el cargo con la restauración monárquica. Un periplo asimilable, salvando las distancias, a la de Edgard Hoover, que en EEUU se mantuvo como director del FBI durante ocho presidencias y casi 40 años, alternando administraciones republicanas y demócratas.
La siniestra carrera que auparía a Azzariti está ligada a la aventura imperialista que Italia desarrolló desde 1882 hasta que fue forzada a renunciar a sus colonias en 1947. Durante esas décadas fue uno de los juristas que organizaron el orden colonial, y entre 1928 y 1947 fue responsable del Ministerio de Gracia y Justicia. Tras el cambio de poder en favor del mariscal Badoglio, fue (re)nombrado ministro, también de Gracia y Justicia, cargo que ya había ocupado durante el fascismo. Refugiado en Roma al amparo de varios conventos, colaboró en la reconstrucción constitucional del estado hasta alcanzar la máxima magistratura en 1955, y la presidencia de la Corte Constitucional en 1957, que mantuvo hasta su muerte en 1961. No sería hasta 2015 cuando la municipalidad de Nápoles decidió que, en lugar de su nombre, la vía cerca de la universidad que en 1970 se le había atribuido se dedicara a una de sus víctimas, Lucia Pacifici, un bebé de 18 meses que fue deportado a Auschwitz en 1943 mientras Azzariti era presidente del Tribunal fascista de la Raza, responsable de las deportaciones.
La historia funcionarial y política de Maurice Papon resulta también perversa y alucinante. Quien fuera el sangriento represor de la república francesa en Constantina, un cargo asociado a decenas de miles de asesinatos en el contexto de la guerra contra el independentismo argelino, fue ascendido a la prefectura de París donde fue responsable de la muerte de cientos de manifestantes argelinos arrojados al Sena en 1961 (Masacre de París). Atrocidades que contaron con la complicidad del general De Gaulle, entonces presidente de la República, y antes con el amparo de quien fuera ministro del interior durante la guerra argelina, François Mitterrand. En su larga carrera al servicio del estado, Papon había sido previamente responsable de «Asuntos judíos» en la Gironda, y encargado de implementar las leyes antisemitas durante la ocupación, es decir, de la expropiación de negocios y propiedades, y de los transportes a Auschwitz y otros campos de exterminio de miles de judíos, incluidos centenares de niños. Luego en su trayectoria ascendente durante la V República, fue diputado y ministro de presupuesto del «liberal» Raymond Barre con la presidencia de Giscard d’Estaing. No sería hasta 1984, cuando Papon fue llevado ante los tribunales y acusado formalmente, sin llegar a ser procesado hasta 1997, dada la protección y las altas complicidades que actuaron para exonerarle. Así, logró escapar a Suiza, e incluso en 2002 el Tribunal de Apelaciones francés suspendió su condena por razones de salud. Ha sido el único alto funcionario francés condenado por colaboración con los nazis.
Por su parte, la trayectoria del leonés Rodolfo Martín Villa ilustra sobre la ruta de quien desde una pequeña aldea rural va escalando posiciones en la nomenclatura de una dictadura hasta llegar a alto cargo franquista, sigue ascendiendo como preboste durante la transición y luego se consolida como intocable con la democracia. En su larga hoja de servicios a la dictadura, tras una militancia como joven flechilla falangista, M.V. fue promovido a secretario del sindicato de universitarios fascistas, y más tarde, a gobernador civil de Barcelona, procurador en Cortes, miembro del Consejo del Reino y ministro de Relaciones sindicales. En la transición, fue nombrado ministro del Interior, y en democracia, ministro de Administraciones Territoriales y vicepresidente del Gobierno. En Euskadi se le recuerda por su implicación en los asesinatos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, represión orientada a aplacar las reivindicaciones laborales, por su responsabilidad en el uso masivo de la tortura y por la impunidad de los crímenes de la extrema derecha y de los aparatos policiales y parapoliciales cuando ejercía como ministro del interior. Tampoco se olvida su ridículo televisivo cuando fue confrontado por Mario Fernández en torno al contenido autonómico mientras era ministro de Relaciones (pre) autonómicas.
Oculto tras unas gafas de opacidad franquista, quien guió la represión contra la oposición a la dictadura y amparó la violencia durante la transición ha disfrutado de una cómoda y gratificante impunidad democrática. Promovido a diputado «nacional» por el PP durante más de una década, y luego a diferentes consejos de administración de grandes empresas españolas, ha disfrutado de la presidencia de Endesa y Sogecable. Una jubilación de oro por servicios a la patria y la monarquía, y una manera de blanquear y promocionar por el mundo la ejemplar transición española. Los intentos para llevarle ante la justicia han tenido que promoverse desde Argentina, dada la protección que le ha prestado la judicatura española. Todo apunta a que morirá impune y millonario, así como miembro de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas.
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