Desde un punto de vista económico, el creciente apoyo a la independencia es un hecho absolutamente racional
El giro hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación de la mayoría del Parlamento tras la manifestación del 11 de septiembre ha abierto públicamente, como nunca antes, el debate sobre la independencia. El centro del debate son las cuestiones económicas, en las que se centran las amenazas más «civilizadas» que hacen las posiciones unionistas catalanas, y el gobierno, la oposición y los medios de comunicación españoles.
De hecho, lo que está pasando en Cataluña se inserta plenamente en un fenómeno que la economía política ha estudiado a fondo las últimas décadas: la globalización favorece los procesos de secesión. En 2003, en la obra El tamaño de las naciones, Alberto Alesina y Enrico Spolaore desarrollan la idea de que la globalización reduce los incentivos de los pueblos para formar parte de estados grandes y heterogéneos. Cuando los mercados están abiertos, formar parte de un estado mayor ya no es tan relevante y en cambio ganan fuerza los costos de formar parte, presentes porque aumenta la distancia del gobierno con los ciudadanos. Esta tendencia podría contrarrestar con estructuras federales fuertes, aunque su efecto también es ambiguo, porque disponer facilita el proceso de independencia cuando éste se desencadena. En cualquier caso, Cataluña es el ejemplo paradigmático de un país que ha afrontado las décadas de globalización (tanto con expansión como en crisis) con un Estado que ha jugado en contra de los intereses de sus empresas y sus ciudadanos. Los dos ejemplos más claros: unas transferencias netas (el déficit fiscal) excesivas, y una priorización de infraestructuras megalomaníacas para favorecer un gran centro económico en Madrid, perjudicando los intereses empresariales exportadores.
Desde un punto de vista económico, pues, el creciente apoyo a la independencia en las encuestas hasta convertirse en hoy mayoritario, es un hecho absolutamente racional. Además, en un estudio reciente escrito con Albert Castellanos y Daniel Tirado, para la Fundación Irla, veíamos como en el período 2002-2010, los países de menos de 10 millones de habitantes eran los que crecían más en la Unión Europea de los 27, porque son más abiertos, y porque tienen sectores públicos más eficientes y reducidos.
Pero para los economistas unionistas, defensores de la globalización y la liberalización en otros contextos, hay que obviar estas tendencias mundiales y argumentar la catástrofe comercial y por tanto económica para Cataluña si se independiza de España. El argumento más directo es el de la amenaza del boicot comercial. Este fenómeno, sin embargo, en los casos históricos donde se ha dado es muy limitado en el tiempo, y además en nuestro caso, donde el mercado español ya sólo representa el 33% de la facturación, a quien podría perjudicar más es a algunas regiones españolas, a quien perder las compras catalanas abocaría a la ruina económica. Los hay que son más sofisticados y saben que amenazar con boicots es poco aceptable, y se han ingeniado otro argumento, el del efecto frontera. Así Sevi Rodríguez, de Edimburgo, argumenta que con la independencia, la relación comercial entre Cataluña y España pasaría a ser como la que hay entre Portugal y España, que comercian cinco veces menos entre ellos que las regiones españolas entre sí.
Pol Antràs, catedrático en Harvard, ofrece una respuesta contundente, científica y sólida a este argumento, en el bloque de referencia de los economistas académicos españoles, Nada es gratis . Rodríguez obvia que harían falta décadas, quizás siglos, para reproducir los mismos efectos, mientras que la reducción del déficit fiscal sería inmediata, y lo más importante, obvia que con la independencia, el giro de apertura comercial al mundo que Catalunya ya ha emprendido se vería facilitado y reforzado. A los economistas nos viene trabajo.
