La cuantía del cupo que Navarra deberá pagar al Estado en el próximo ejercicio de 2023 ha sido elevada a más de 645 millones de euros. Y por lo tanto, puesto que las navarras y navarros de la península somos algo más de 645.000 corresponde a 1.000 € por habitante; desde los recién nacidos hasta las abuelicas y abuelicos, que aparecen de ven cuando en los periódicos por haber cumplido 100 años… Ese es el impuesto de españolidad.
La cuantía de ese cupo, al que tradicionalmente se ha venido denominando “aportación” y “donativo” suele constituir la segunda partida de gasto en los Presupuestos de Navarra de 5.000 millones largos de euros; después de la partida de gastos de sanidad y antes que la partida de educación.
Ahora el problema no es solamente que prácticamente cuatro años la cuantía del cupo haya subido de alrededor 400 millones a más de 645 millones por año, sino que además Navarra ha perdido en la Ley del Convenio buena parte del instrumental jurídico para discutir tales incrementos mediante una decisión votada en el Parlamento de Navarra por UPN y PSN y que ya critiqué en un anterior artículo. Manda huevos que la prácticamente única votación de trascendencia de UPN en toda la legislatura haya servido para amputar competencias de Navarra.
La situación actual es que las navarras y navarros aportamos ese dineral para participar en el sostenimiento de las competencias no transferidas; o sea, los cada vez mayores gastos militares, la monarquía, las relaciones exteriores, etcétera, mientras que corren a nuestras expensas salud, educación, bienestar social, etcétera.
Mientras tanto, el balance de transferencias de los últimos años sigue siendo completamente nulo y por lo tanto el tan alabado Amejoramiento sigue sin cumplirse y cada vez más obsoleto. Comentario especial merece, aparte y además de la vergonzosa historia de la no transferencia a Navarra de las competencias de policía integral (que ostentan hace tiempo Cataluña y la CAV) la constante negativa a transferir a Navarra la gestión económica de la Seguridad Social. En el empecinamiento de dicha negativa convergen junto con los partidos de la derecha el propio PSN y también los sindicatos UGY y CCOO con el falseamiento del argumento de la solidaridad y el fetichismo de la antigualla de la “Caja Única”. ¿Es que no son solidarias las políticas de bienestar social, que se ejercen como transferidas? La problemática de fondo de este tema tiene otro lado financiero oscuro mucho más difícil de solventar y que se resumiría en el hecho de que el Estado –no solo España– ya tiene gastados los ingresos percibidos a lo largo del tiempo, o sea, las cotizaciones laborales. Es decir, que paga las jubilaciones de los antiguos trabajadores con las cotizaciones de loa actuales y, si no llegan, con aportaciones desde el Presupuesto General. Es esta deuda encubierta y no la solidaridad ni la memez de inexistente “Caja Única”, la que dificulta la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social.
Sí; es cierto que en los Presupuestos del Estado de 2023, actualmente en tramitación, hay una previsión de inversión en Navarra de 104 millones de euros. Pero la mayor parte de ese gasto –prácticamente más del 75% del mismo– es para el TAV y el recrecimiento de Yesa; ambas inversiones más que discutibles y preñadas de riesgos. El TAV, por cuanto no va a servir para transporte de mercancías, siendo, sin embargo, esa la necesidad más acuciante de Navarra, sobre todo, en cuanto a la industria; por lo que se refiere al recrecimiento de Yesa, además de los riesgos que entraña, carece de justificación económica, tal como lo demuestran la disminución alarmante y el envejecimiento de los agricultores y ganaderos de Navarra.
La Ley apodada Paccionada, que estuvo en vigor desde 1841 hasta 1982, establecía en su Art. 25 que Navarra debía pagar al Estado 1.500 reales al año. El real equivalía a 25 céntimos de euro y por tanto “la aportación” era de 375 pesetas; o sea, menos que dos euros y medio de los de ahora… Con anterioridad a dicha ley, Navarra no tenía que pagar nada, pues había seguido manteniendo la apariencia de reino, con virreyes (que los tuvo desde antes y hasta después que, por ejemplo, Perú, que obviamente era colonia), Cortes (aunque ciertamente estamentales), moneda propia, etcétera.
La acelerada subida del impuesto de españolidad se añade ahora a la preocupante evolución de las deudas del Estado, autonomías y ayuntamientos. En los últimos años el bajísimo nivel de los intereses ha hecho financieramente soportable la gestión de las deudas públicas, pero las previsiones del futuro próximo auguran un importante encarecimiento. Además, habrá de añadirse a ello la preocupante situación de algunas de las industrias más emblemáticas y que mayores ingresos suponen no solo para las arcas de la hacienda foral, sino también para la economía de este pueblo.
Así pues, en el análisis de la decreciente y preocupante tasa de natalidad de los territorios de la antigua Vasconia y sus entornos, habrá que tomar en consideración el impacto originado por el fenómeno de este endeudamiento. A cada recién nacida o nacido de Navarra, además de corresponderle el prorrateo del pago de impuestos como el de españolidad, les va a corresponder también en términos estadísticos la porción correspondiente del billón (con b) y medio euros del Estado, de los más de 3.000 millones de deuda foral, de lo que sea de las deudas del ayuntamiento y, claro está, de las deudas de la familia… O sea, que antes de empezar a tener nada, ya debe todo eso. Quizá piense alguien que todo eso no tiene nada que ver con el decrecimiento de la tasa de natalidad. Tal vez. Pero lo que sí está claro es que nuestro mejor capital es la gente. Nada más ni menos que la gente.
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