En los últimos trescientos años, las monarquías han tenido que cambiar para mantenerse en el sistema institucional de los estados europeos. En las monarquías absolutas del siglo XVIII, los monarcas y los funcionarios de la Corte suponían los vértices de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, una situación que fue cambiando en el siglo siguiente en forma de monarquías constitucionales. En esta etapa los monarcas seguían manteniendo poderes significativos, como presidir y dirigir los gobiernos, nombrar miembros de los Parlamentos, etc. Finalmente, las monarquías parlamentarias de los siglos XX y XXI han dejado de tener capacidad de decisión explícita en los tres poderes clásicos, y su papel ha quedado reducido a funciones básicamente simbólicas y mediadoras. Es el precio que han tenido que pagar para pervivir dentro de los entramados constitucionales de las democracias liberales.
En el caso de España, la continuidad de la monarquía quedó en suspenso durante la dictadura franquista, la cual, sin embargo, finalmente la reinstauró -difícilmente habría podido propiciar un sistema republicano tras el levantamiento militar contra la Segunda República-.
Así, el origen de la reinstauración de la monarquía borbónica actual es franquista. Posteriormente, creo que nadie puede negar el papel de Juan Carlos I en la transición hacia un sistema democrático que dejaba atrás la dictadura, así como su papel final -el inicial y el intermedio han quedado llenos de sombras- en el fracaso los golpes de estado de 1981. Sin embargo esta legitimación práctica se ha diluido de manera drástica a partir del comportamiento del mismo monarca, la cuestión, nunca investigada, del enriquecimiento de su patrimonio, la opacidad permanente de las gastos de la casa real o los flagrantes casos de corrupción, actualmente aún en los juzgados.
La abdicación reciente del rey ha cogido por sorpresa a casi todo el mundo, pero el hecho en sí no ha causado ninguna extrañeza, ya que era algo esperado en los últimos dos años. En la actualidad, tras el paso práctico del PSOE de partido con «profundas raíces republicanas» -tal como decía Rubalcaba hace unos días- a partido inequívocamente monárquico, el clásico dilema monarquía-república ha perdido fuerza dentro del contexto español. Determinadas fuerzas de izquierda mantienen un imaginario de valores e instituciones que conecta con la legitimidad republicana de hace ochenta años, imaginario que ahora se mezcla con críticas a la falta evidente de calidad de la democracia española, y con la oposición a las políticas económicas y sociales impulsadas durante la crisis primero por el PSOE y después por el PP.
Desde la perspectiva catalana, en principio la sustitución de un monarca por otro no cambia nada del contexto general. Como decíamos, las funciones del jefe de Estado en una monarquía parlamentaria son, afortunadamente, muy limitadas (a pesar de ser el jefe de las fuerzas armadas, una cuestión que en Europa resulta meramente formal, pero que en el caso español resulta significativa dada la triste historia de este Estado en términos democráticos durante la época contemporánea). Pero hoy España está integrada en organizaciones como la Unión Europea y la OTAN. Y a diferencia de la transición de los años setenta, Felipe VI iniciará su reinado dentro del marco constitucional actual. De esta manera, si Juan Carlos I probablemente pasará a la historia como el monarca de la recuperación democrática, su hijo lo hará como un jefe de Estado normal de una monarquía parlamentaria. Los temas más destacados de la agenda política interna en el momento de su coronación son los de gestión de la crisis y el proceso político de Cataluña.
Así, las llamadas «terceras vías», en caso de que terminen formulándose, no están en manos del nuevo monarca sino, en todo caso, en las de los principales partidos nacionalistas españoles (PP y PSOE). De momento, estas vías ni están ni se las espera. Ese proceso no registra de entrada variación. Su centro de gravedad sigue residiendo en las instituciones, la sociedad civil y los ciudadanos de Cataluña. La siguiente estación es la consulta del 9-N. Esto hace que en el contexto actual, las posiciones a favor de la «Tercera República» resulten ajenas a muchos ciudadanos catalanes. No por republicanas, sino por españolas.
En cualquier caso, los partidarios de las terceras vías deberían asegurar dos cosas igual de fundamentales: el contenido preciso de un nuevo pacto constitucional y los procedimientos de garantía de que este pacto se cumpliría. El pacto, en primer lugar, debería incluir un reconocimiento y un nivel de autogobierno que fuera aceptable para una mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Esto ya no se puede hacer sin establecer competencias importantes en la esfera simbólica, europea e internacional, sin un blindaje preciso de materias (lengua, educación, medios de comunicación, cultura, bienestar, etc.), Sin capacidad de desarrollar políticas económicas y sociales propias, o sin disponer de una financiación justa y estable. En segundo lugar, deberían establecerse garantías explícitas de que el poder central y las instituciones del Estado (ejecutivo, Parlamento y tribunales) cumplirían los pactos establecidos. La lógica de los pactos constitucionales tipo Estatuto resulta hoy caduca, obsoleta. Cataluña lleva ya demasiada historia colectiva detrás como para caer de nuevo en la inexperiencia o en la ingenuidad. En ausencia de garantías, un pacto de tercera vía sería siempre precario. Y vista la experiencia anterior, todo apunta a que estas garantías serían papel mojado en ausencia del derecho de secesión en las reglas constitucionales.
Si se dieran estas dos condiciones podría haber un lugar para una potencial Commonwealth hispánica -monarquía incluida-. Sin embargo, creo que hay que estar, hoy, muy desinformado para creer que esta opción es realista. Vistos los precedentes, la experiencia comparada de las democracias plurinacionales y los datos empíricos del caso español, el análisis racional hace concluir que los ciudadanos y las instituciones catalanas deberán proceder en algún momento a una desconexión del marco constitucional español.
ARA
