El pasado septiembre, tras el colosal éxito de la Vía Catalana, este diario me pidió, entre otros colaboradores, mi opinión sobre el proceso. Cuando algunos amigos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) leyeron mi respuesta consideraron que había ido demasiado lejos al decir que esperar el visto bueno del gobierno español sobre la consulta era una pérdida de tiempo que agravaría la crisis social, política y económica (y a la vez ecológica); que la ley de consultas y las elecciones plebiscitarias serían bloqueadas. Finalmente, decía, no nos quedará otra alternativa que la que espera Madrid para reprimirnos: una declaración unilateral de independencia. Esta represión, a pesar del riesgo y sufrimientos que conllevaría, provocaría el impacto mundial que deseamos.
El viaje se acaba y todo indica que la ruptura con España se consolidará obligando al gobierno de Mas a rebajar posiciones. El Gobierno conoce muy bien el talante de CiU durante los años que ha dominado la estrategia del «pájaro en mano» y sabe que las connivencias económicas y complicidades que se han cultivado durante la Transición pueden acabar imponiendo el realismo. Pero lo que no han previsto sus servicios de inteligencia, ni sus «topos» en los medios de comunicación y tertulias, es la capacidad de la ANC de organizarse, de resistir y, si es necesario, de ocupar el vacío que dejen los partidos políticos tradicionales incapaces, por sus propias estructuras jerárquicas, de impulsar una alternativa popular de base democrática. ¿O no es la «demótica» (el gobierno del pueblo) que nos proponía Lluís Maria Xirinacs tan representativa como la vía parlamentaria?
¿Desean una organización más ejemplar que la ANC? Este es el nuevo eje del catalanismo del que deben salir los políticos y las estructuras de Estado del siglo XXI. Ver la ANC como un lobby independentista instrumentalizado por CiU y ERC es desconocer el movimiento por dentro, en toda su fuerza territorial y comarcal. Sus cabezas más visibles, Carme Forcadell y Jaume Marfany, entre otros, trabajan incansablemente, sin radicalismos gratuitos, los principios y la hoja de ruta aprobada en las asambleas nacionales, como la última del 5 de abril en Tarragona.
Todas las sectoriales de la ANC están preparadas para una situación de suspensión política y jurídica de la Generalitat, como lo está la Asamblea de Ayuntamientos Independentistas. Piensan y estudian el modelo fiscal, educativo, sanitario, medioambiental y energético del futuro Estado, que no tiene por qué ser coincidente con el modelo de estados liberales actuales.
El Consejo para la Transición Nacional nombrado por el presidente Mas hará bien su trabajo pero su objetivo parece ser defender el status quo y no pisar los privilegios de los grandes grupos económicos y energéticos que han dominado durante la Transición. El modelo energético, por ejemplo, que preparan los independentistas de Convergencia acepta alargar la vida de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs hasta los 60 años y prevé un pacto con Iberdrola, Fecsa-Fenosa, Agbar, Novartis y Abertis que mantenga sus intereses económicos. La ANC, en cambio, es la única estructura cívica capaz de optar por la democratización del sector energético (agua, gas y electricidad) y de hacer participar en ellas a todos los usuarios.
Cuando se declare unilateralmente la independencia la ANC deberá estar preparada para definir cué Constitución y qué estructuras de Estado quiere el pueblo que nos garanticen la justicia social y una gestión ecológica del territorio y de sus recursos. Incluso tendremos que ser capaces de sorprender al mundo con un Estado de características no homologables a Estados tradicionales heredados del siglo XX; un Estado catalán modélico, con formas de gestionar la energía, la defensa civil, la agricultura y las tecnologías industriales al servicio de una economía del bien común. Esta es la verdadera Ítaca que nos espera al final del viaje.
EL PUNT – AVUI
