Unos de los criterios más elementales que se deben de que seguir cuando se quiere tener una perspectiva lo más objetiva posible de la realidad social es observarla en contra de lo que se sospecha que se encontrará. En cambio, limitarse a buscar lo que nos dará la razón, concentrarse en lo que confirma las hipótesis iniciales, es lo mismo que hacer trampas jugando al solitario. Y el resultado, lógicamente, es que se acaba viendo una realidad deformada; eso sí, coherente con los propios prejuicios. Haciendo una paráfrasis del principio que irónicamente se aplica al mal periodismo, aquí también podríamos decir que hay observadores que procuran que la realidad no les estropee un buen prejuicio. Contrastar las propias hipótesis, pues, es un principio que tiene que seguir todo buen científico y, en general, cualquier persona que pretenda aproximarse a la realidad de una manera racional, buena y procurando controlar el efecto de sus prejuicios sobre lo que observa.
Pero, ciertamente, este no suele ser el procedimiento habitual de muchas organizaciones que se dedican a presentar encuestas, estudios e informes con el único objetivo de darse la razón, de justificar sus prejuicios y sus batallas y, al fin y al cabo, de defender sus intereses políticos y de supervivencia profesional. En oficios como el mío, vinculados a la producción de conocimiento, sabemos hasta qué punto muy buena parte de las investigaciones que se hacen responden a los intereses de quienes las pagan, y que no resistirían el más mínimo control de calidad si tuvieran que pasar alguno.
Siempre he lamentado que las asociaciones de consumidores no traten las encuestas y los estudios como si fueran brics de leche o latas de atún, y que no estudien las consecuencias que tienen sobre la salud pública. Y esto vale tanto para las ciencias sociales como por otras áreas científicas con aureolas más serias –médicas, químicas…– pero todavía más condicionadas por los intereses comerciales.
Lo digo, en este caso, por la coinciència, en días sucesivos, de una encuesta sobre la opinión de los catalanes sobre la inmigración publicada por un medio de comunicación escrito y el informe «El estado del racismo en Cataluña» de 2009 presentado por SOS Racismo. Ambos textos, cargados de prejuicios, han dado lugar a todo un conjunto de comentarios catastrofistas sobre los peligros de xenofobia en Cataluña que me parecen absolutamente infundados. En el primer caso, es obvio que el análisis que se hace de las respuestas a la encuesta busca obsesivamente la mala noticia y acomoda los datos al prejuicio del observador. pondré un ejemplo: el periodista –no sabemos si lo escribe basado en el informe de la empresa que ha hecho el estudio o por su cuenta y riesgo– encuentra que la encuesta demuestra que “el juicio claramente negativo sobre el fenómeno migratorio ha llegado a índices que no se habían dado nunca” y que es un paso más en “un camino de endurecimiento de la opinión pública” en contra de los inmigrantes. Sin embargo, la realidad es que el mismo diario incluye un gráfico que muestra que de 2007 a 2010 lo que los catalanes han considerado cada vez más grave, y con crecimientos espectaculares, ha sido la falta de trabajo, la crisis económica y la insatisfacción política. En cambio, la inmigración ha pasado de ser vista como problema por sólo el 30% de los catalanes a poco más del 20, y ha bajado en este periodo de primera a cuarta posición. ¡Incluso en Vic, según este diario, una encuesta reciente dejaba la inmigración como novena preocupación de los vigatans! Y, naturalmente, dejo de lado el abuso que del hecho de que se considere problema la inmigración, o incluso de que se la considere mala en tiempos de crisis, se deduce automáticamente que esto demuestra actitudes xenófobas. Desde mi punto de vista, lo que me parece increíble es que, dadas las circunstancias críticas de la economía del país, todavía haya un 33,8% de catalanes que sigan pensando que la inmigración es buena, dicho así en términos morales. Por cierto, unos catalanes entre los cuales debe de incluirse los que contratan inmigrantes ilegalmente y a sueldos bajos…
Con respecto al informe de SOS Racismo, al leerlo se ve que sólo está preocupado por señalar todo lo que pueda ser indicio de lo que esta organización considera que es una discriminación. La ONG olvida todo lo que pueda mostrar la enorme y meritoria capacidad que tiene la sociedad catalana por, a pesar de las dificultades, seguir considerando –con toda justicia– que a los inmigrantes se les tienen que reconocer los mismos derechos laborales, educativos o sanitarios que a cualquier otra persona, como también mostraba que era la opinión mayoritaria en una encuesta reciente en AVUI. Todavía peor: ¿es de justicia que el informe considere las denuncias contra la policía como pruebas de racismo antes de que éstas sean enjuiciadas? Los aspectos positivos quedan reducidos a 15 de las 183 páginas del informe, no fuera el caso de que se estropeara el tono alarmista fundacional y que la ONG explicita en su nombre con este SOS de alerta. Por si no quedaba bastante claro el espíritu de la organización, tenemos el análisis de su portavoz, Begoña Sánchez, sobre el partido racista PxC: si entra en el Parlamento en las próximas elecciones, dijo, “ejemplificará el fracaso de los partidos con tradición democrática”, y si no entra, probablemente será porque el racismo se habrá “colado dentro” de estos partidos. Fantástico: ¡pase lo que pase, somos racistas! Lo que decía: ¡que la realidad no estropee el prejuicio que justifica su razón de ser!
Vuelvo al principio. No tengo ningún tipo de duda de que en nuestro país hay actitudes racistas y xenófobas que hay que denunciar. Y estoy seguro de que hay personas a quienes la incertidumbre ante el futuro en tiempos de crisis les hace recelar sobre la posibilidad de que el extranjero los quite el puesto de trabajo y haga bajar su remuneración. Pero tampoco tengo ningún tipo de duda de que hay extranjeros que han encontrado en la acusación de racismo un mecanismo para conseguir un trato de privilegio. Y conozco bastantes casos, en todas partes, de abuso desleal en relación con los recursos públicos que una sociedad sobreprotectora como la nuestra pone a disposición de los ciudadanos. De forma que, ciertamente, sería interesante tener buenos informes de cuál es el estado de la cuestión, de los usos y de los abusos del racismo, y seria muy interesante poder compararnos con otras sociedades, vecinas y más lejanas. Pero, por favor, encarguémoslo a organizaciones independientes y creíbles. Y si alguien tiene mala conciencia racial, que no lo haga pagar a todo el mundo con este tipo de informaciones más propias de aquellas ridículas campañas del «Todos somos racistas».
