Jarabe de palo

Avui

Este enero, el profesor de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini, uno de los pocos economistas que predijeron la crisis financiera, advertía el Foro Económico Mundial de Davos y en un artículo en el Financial Times que la caída de España sería un desastre para la zona euro , y que para evitarla era necesario un plan de consolidación fiscal creíble con recortes drásticos del gasto público en lugar de subidas de impuestos, para conseguir una devaluación interna mediante descargas salariales y reformas estructurales generadoras de competitividad. Bueno, el plan ya está aquí. Tarde y mal, pero inevitable.

Podemos lamentarnos por las oportunidades perdidas en tiempos de bonanza económica, los engaños repetidos del gobierno español y de su presidente, Rodríguez Zapatero, negando la existencia de la crisis durante meses, por las medidas equivocadas tomadas en los más de dos años que han pasado desde el estallido de la crisis, pero eso no cambiará la necesidad del ajuste drástico. Y la forma más rápida e indolora de reducir el gasto público en un momento en que el paro en España ha superado la barrera del 20% (y en el que en Catalunya roza el 18%) es el recorte salarial de los funcionarios, que tendremos que intercambiar seguridad por sacrificio monetario.

Es evidente que algunas de las medidas que se han defendido estos últimos días, como la de la supresión de los ministerios españoles con competencias traspasadas a las comunidades autónomas, son totalmente razonables y hace años que se deberían haber tomado. De hecho, en algunos casos hay ministerios, como el de Vivienda, que no deberían haberse creado nunca. Pero de un día para otro, ni se pueden despachar todos los funcionarios de estos ministerios, ni suprimir muchas de sus partidas de gasto. En todo caso, esta es una de las reformas del sector estatal español que hay que abordar de inmediato. ¿Qué sentido tiene mantener ministerios enteros dedicados a materias respecto a las cuales no tienen competencias?

Otra de las reformas que habrían tenido que hacer es la del mercado de trabajo. Hace un año, cien economistas prestigiosos firmaban un manifiesto donde advertían de la necesidad ineludible de acabar con la dualidad laboral. La diferencia entre la elevada protección de los contratos indefinidos (45 días por año trabajado en los despidos improcedentes, de las más altas de la OCDE) y la baja indemnización de los contratos temporales (8 días de salario por año ya veces nada) ha generado un mercado dual, con una tasa de temporalidad excesivamente elevada (30%), colectivos desprotegidos y una baja utilización del trabajo a tiempo parcial.

En tiempos de crisis adquieren proporciones más grotescas las inversiones de nuevo rico hechas en tiempos de bonanza. La inversión faraónica del AVE en España, con una estructura radial en torno a Madrid y conexiones con puntos de bajísima actividad económica, ha sido una de las decisiones económicas más ineficientes tomadas en los últimos años. Qué diferencia con una vía de mercancías que conectase el eje mediterráneo (que acumula el 40% de las exportaciones del Estado) con Europa, inversión mucho más barata y rentable.

Hace cuatro años, en una boda en Valladolid de unos compañeros de doctorado, la familia francesa del novio me preguntaba asombrada que compraría todos aquellos pisos y casas. Las afueras de la ciudad estaban llenos de proyectos inmobiliarios a medias, de urbanizaciones de adosados y de edificios de pisos en medio de los campos de trigo, sin núcleos urbanos, ni servicios, en medio del páramo de la meseta castellana . La respuesta de los vallisoletanos: la llegada del AVE hará que gente que trabaja en Madrid viva en Valladolid. No he vuelto para ver cuántos de esos pisos siguen a medias, ni cuántos están todavía en venta, pero las proporciones del estallido de la burbuja inmobiliaria vivida están en línea con la magnitud que la burbuja adquirió en España .

En este marco, ya pesar de que en Cataluña hay sobrevivido con muchas dificultades una estructura productiva propia formada por pequeñas y medianas empresas orientadas a la exportación, ha sido imposible construir un modelo económico propio. La dependencia política ha arrastrado al país al proyecto español de nuevos ricos, y muchos catalanes también han participado directamente.

Pero de las grandes crisis también surgen grandes oportunidades. En Cataluña sobrevivirán aquellos proyectos empresariales que hicieron lo que tocaba en los años de crecimiento y que ahora están resistiendo gracias a los mercados exteriores. Se abre también la posibilidad de afrontar con realismo las reformas del sistema educativo necesarias y las reformas del sector público que lo hagan más eficiente.

Para algunas de estas políticas se dispone de instrumentos propios, pero para muchas otras, las competencias siguen en manos del Estado. Se abre, sin embargo, una oportunidad política: una España con riesgo de argentinización está contribuyendo a abrir los ojos a muchos ciudadanos de este país, y el viraje del catalanismo hacia al independentismo ya ha pasado a ser un fenómeno demoscópico que ni la prensa más reticente puede obviar.

Gara

Isidro Esnaola

Concurso de acreedores

Análisis: la crisis económica golpea al estado español

El economista de origen ruso Vasily Vasilievich Leontiev recibió el premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre las relaciones entre los diferentes sectores de la economía de un país. Sus estudios han permitido crear instrumentos estadísticos para manejar la evolución de la economía de un país en su conjunto, el más conocido de los cuales será seguramente el Producto Interior Bruto (PIB). Este indicador se asocia generalmente con la riqueza de un país, y así, cuanto mayor es, más rico es el país en cuestión. Ahora bien, resulta que cuanto más general es un indicador, más detalles deja por el camino. Y, precisamente, en los detalles está la clave.

Se calcula que el PIB del Estado español es de alrededor de un billón de euros, lo que significa que es la octava economía del mundo. Pero si nos fijamos en los detalles, las principales ramas de la economía española son la construcción, los bancos, el turismo e incluso podríamos incluir la industria automovilística. Nada que se pueda considerar una industria puntera y en pleno auge con innovaciones y desarrollos constantes. Con esa estructura económica no es difícil deducir que la economía tardará tiempo en remontar el vuelo. Por un lado, no hay dinero para construir más y hay cantidad de viviendas construidas que no se pueden vender. Tampoco hay dinero para más carreteras y muchas de las construidas no son rentables ni económica ni socialmente.

No hay más que ver el agujero que están generando las autopistas construidas en los alrededores de Madrid. El Tren de Alta Velocidad es otro agujero negro. Si el dinero escasea, la gente recorta los gastos en viajes y el turismo se resiente rápidamente. Las grandes compras, como las de automóviles, se retrasan todo lo que se pueda, hasta que el vehículo ya no da ni para pasar la ITV.

En resumidas cuentas, la economía española no va a crecer a corto plazo, no va a crear empleo y, si no hay actividad económica, tampoco generará ingresos al Estado y los gastos, por el contrario, continuarán creciendo. Ésta es la primera conclusión a la que han llegado los inversores, los especuladores y los organismos internacionales.

Con el PIB se desarrolló la Contabilidad Nacional, que permite valorar las grandes proporciones de la economía de un país. A grandes rasgos, la economía de un país se puede puede dividir en un sector privado -las familias y las empresas- y en un sector público -el Estado con todas sus administraciones-. Entre las cuentas de estos dos sectores tiene que haber un equilibrio: si el Estado se endeuda, el sector privado ahorra y viceversa. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una familia se endeuda para comprar una casa: alguien les tiene que dejar el dinero y alguno de sus vecinos que ha ahorrado está en condiciones de prestarle dinero directamente o a través de los bancos. Las deudas de unos se compensan con el ahorro de otros. Ahora bien, si en conjunto todo el sector privado tiene más deudas que ahorros, ese déficit hay que compensarlo en las cuentas del otro sector, en este caso el sector público, que habrá acumulado ahorros en ese período; dicho con otras palabras, el Estado habrá tenido un superávit en sus cuentas.

En el Estado español han conseguido que las familias y las empresas estén endeudadas y que el Estado también lo esté, es decir, el sector privado y el público se han endeudado a la vez. Eso sólo es posible porque los países no viven aislados e intercambian mercancías y capitales entre ellos. Con lo que al equilibrio interno de un estado hay que añadir el equilibrio exterior. Si un país, como ocurre con China o Alemania, vende mucho más de lo que compra en el exterior, ahorra y está en condiciones de prestar dinero. El Estado español exporta pocas mercancías e importa muchas, con lo que tampoco ahorra con los intercambios exteriores.

La única forma de endeudarse internamente y además mantener un saldo comercial negativo es recibiendo préstamos del exterior. Y eso es lo que ha pasado durante los últimos años de bonanza. Los préstamos han venido sobre todo de Alemania, uno de los grandes exportadores mundiales y también uno de los grandes ahorradores. La deuda total del Estado español, tanto pública como privada, es aproximadamente 3,5 veces el PIB o, dicho de otra manera, 3,5 billones de euros. Segunda conclusión a la que han llegado: el Estado español tiene una deuda inmensa. Por eso tiene gracia que los españoles presumieran de sistema bancario diciendo que los bancos españoles no han quebrado y, sin embargo, los alemanes sí y han tenido que ser rescatados. Claro, ellos sí han prestado dinero y cuando se han hecho malos negocios con esos préstamos se han visto abocados a la quiebra.

Los bancos españoles no han quebrado, pero al final sí lo ha hecho «España SA». Cuando a una débil estructura económica se le añade una deuda inmensa, los que han prestado dinero empiezan a ponerse muy nerviosos y quieren atar cabos antes de que la cosa se ponga peor. Cuando se huele una quiebra, ya se sabe, todo el mundo se acerca a preguntar que pasa con lo suyo. Y ahí ha venido el plan de rescate preparado por la Unión Europea y el FMI, sólo que ahora ya no confían en los deudores, y los acreedores han puesto condiciones.

Y es que los acreedores también analizan cómo se reparte el PIB, con más atención incluso que los sindicatos. En el Estado español la mitad de la tarta, aproximadamente, se la llevan los trabajadores en sueldos y el resto, las empresas y el Estado. La parte de los trabajadores llegó incluso a aumentar al principio de la crisis porque, cuando empezó a caer la riqueza, la gente que se fue al paro fueron los trabajadores precarios, aquellos con los sueldos más bajos, mientras que los trabajadores fijos y con mejores sueldos continuaron en sus puestos de trabajo. Cayó más la riqueza que toda la masa salarial y, por eso, aumentó un poco la parte de los salarios en el conjunto de la riqueza. La crisis se prolongó en el tiempo y este proceso de ajuste continuó con los trabajadores fijos mediante congelación salarial, reducciones de jornada y de sueldos, etc.

Cuando la riqueza cae, el ajuste, en la parte que corresponde a la clase trabajadora, se produce con un aumento del paro, a no ser que se planteen otras alternativas de distribución de la riqueza y del empleo. De todos estos ajustes están exentos los funcionarios, a menos que haya una decisión política como la que ha anunciado el Gobierno de Zapatero. Ya veremos en qué términos se concreta, pero puede que el ajuste termine por afectar al personal eventual y a las sustituciones de las administraciones públicas -una vía que ya ha sido ensayada en Nafarroa por la consejera de Sanidad, María Kutz-, con lo que la reducción la acabará pagando el conjunto de la clase obrera con más paro.

Esa distribución básica de la riqueza se completa con una redistribución a través de los impuestos que pagamos y las transferencias que recibimos. Y aquí el plato fuerte son las pensiones. El artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social determina que las pensiones se revalorizarán y de qué manera lo harán. Desde el punto de vista del reparto de la riqueza, esto significa que, aunque la riqueza caiga, el trozo de tarta de las pensiones no caerá, e incluso puede llegar a aumentar. Y, claro, esto es inaceptable para los acreedores. La decisión adoptada por el Gobierno de Zapatero anula de facto ese artículo, con lo que a partir de ahora las pensiones se revalorizarán en función de la voluntad política o de la presión que sea capaz de ejercer la clase obrera. Ya no hay derechos adquiridos para nadie; el único derecho que se reafirma con estas medidas es el de los acreedores a cobrar las deudas.

Puestos a atar cabos, lo que ha exigido el concurso de acreedores para rescatar la deuda del Estado español ha sido asegurar que la proporción de la riqueza que se destine al pago de la deuda no disminuya aunque la riqueza caiga, y para eso había que quebrar cualquier derecho que pusiera en peligro ese principio. De todas formas, no nos engañemos, lo que han salvado no ha sido «España SA», sino a todos aquellos que tenían deuda española comprada, fundamentalmente bancos europeos, compañías aseguradoras y, mira por dónde, fondos de pensiones privados. Las pensiones públicas se pueden modificar a discreción; eso sí, las privadas, en ningún caso, aunque el que invierte en finanzas algún riesgo debería correr, ¿no?

La cuestión no es si el plan de ahorro del Gobierno de Zapatero sirve para sacar al Estado español de la crisis, si es necesario o si es suficiente. El plan deprimirá todavía más la economía, pero ésa no es la cuestión. Éste no es un plan para sanear la economía o las cuentas públicas, ni para reducir el déficit, es un plan para pagar las deudas, cueste lo que cueste. Y eso es lo que ha dicho Zapatero a la «Comunidad Internacional» y, de paso, a todo el que quiera oírlo: que lo primero es pagar las deudas, no importa al coste que sea. Los acreedores pueden dormir tranquilos.

Pensiones
A 1 de marzo había 611.493 pensiones en vigor en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. La pensión media es de 944,31 euros al mes. La pensión de viudedad media era sólo de 660,46, lo que nos da una idea de la cuantía de la mayoría de las pensiones.

Deuda pública
La deuda pública española llegará a fin de año a 694.000 millones de euros. A día de hoy los mayores poseedores de esa deuda son los inversores alemanes con un 21,6%, seguidos de los franceses con un 20% y de los británicos con un 10,4%.

Avui

Salvador Cardús

Ahora, como hace cincuenta años

«Después de treinta años de Estado de las Autonomías, puede haber quien encuentre natural el clima en que vivimos, como los que viviendo habitualmente en una atmósfera viciada no añoran el aire puro. Pero basta con sacar la nariz fuera para darnos cuenta cómo en España estamos privados de libertad y de respeto». En esta afirmación de dramática actualidad, sustituya a él «treinta años de Estado de las Autonomías» por «veinte años de dictadura», y tendrá una de las frases del panfleto que escribió Jordi Pujol en 1960 con el título «Os presentamos el general Franco», y que acabó con los llamados Hechos del Palau, el cincuentenario se ha celebrado esta semana.

Joan B. Culla, en su intervención semanal en la tertulia con Manel Fuentes en Catalunya Ràdio, precisamente este 19 de mayo, explicó con su magisterio habitual que los Hechos del Palau significaron la salida a la luz pública de un «nuevo catalanismo» que se había ido incubando a lo largo de los años cincuenta. Como desencadenante de este nuevo movimiento, extraordinariamente minoritario por otra parte -Jordi Pujol, en sus memorias, y a raíz de su detención, escribe: «En mi lucha estaba muy solo»-, Culla señala tanto el descubrimiento de la miseria social y económica de los sectores populares por parte de aquellos jóvenes católicos -es decir, la conciencia social-, como la constatación de que, con la Guerra Civil, «lo que habían ganado como católicos, lo habían perdido como catalanes» -la conciencia patriótica.

Con el asunto Galinsoga, la campaña contra el director de La Vanguardia que acabó destituido, y los Hechos del Palau, pues, se iniciaba un proceso liderado por Jordi Pujol que justo veinte años después le llevaría a presidir el gobierno de la Generalitat durante los siguientes veintitres años. Ciertamente, en el año 1960, en plena dictadura, el combate de Jordi Pujol tenía que parecer no sólo temerario, sino condenado al fracaso, por lo que escribía en su panfleto: que la gente se había acostumbrado al aire viciado de la dictadura. Y, no hace falta decirlo, había que ser un visionario -como parece que lo fue Jaume Vicens i Vives, ya muy enfermo, al valorar la importancia de la detención de Pujol- por creer que todo le llevaría al ahora ex presidente a ejercer el gran papel que ha tenido en el destino de Cataluña.

Pues bien: como sugiere al inicio de este artículo, creo que es pertinente establecer una comparación entre ese momento histórico y las circunstancias actuales de nuestro país. Porque, desde mi punto de vista, ahora volvemos a estar ante un movimiento incipiente de voluntad de cambio que, si bien todavía minoritario, indica un nuevo horizonte de libertad para Cataluña: su independencia política. Los puntos de partida no serían demasiado diferentes de aquellos que explica Culla. Por un lado, está la constatación de que la Constitución de 1978, si bien nos trajo la democracia, se ha convertido en una cárcel a la hora de satisfacer las aspiraciones nacionales de los catalanes. Yo mismo he escrito, en referencia a la aniquilación de nuestra voluntad nacional: «Lo que la dictadura no logró con sus crímenes en cuarenta años, podría hacer posible la democracia española en cuarenta años más». Por otro lado, tenemos la evidencia de unas circunstancias económicas que depauperan nuestro país de manera terriblemente injusta y sin perspectiva de poder remediarlo. Todos los indicadores muestran que España está dispuesta a matar a su gallina de los huevos de oro. Así pues, la constatación de que nuestro país, para tener un horizonte de progreso social y económico razonable, no puede seguir sometido a la sangría actual establece la otra base del despertar político de que hablo.

Como hace cincuenta años, pues, hay una nueva generación -con la misma edad de los que entonces se rebelaron- dispuesta a pasar a la acción. A esta generación ya no le basta «repensar» el país, no sólo porque ya somos el país más repensado del mundo, sino porque a estas alturas volver a pensar se convierte a menudo en un ejercicio de dilación en la toma de las decisiones necesarias y urgentes. Ahora bien, las diferencias en favor del momento actual son notorias. En primer lugar, el marco democrático nos ahorra el terminar en la cárcel, y no es poca cosa. La independencia ya no da miedo. En segundo lugar, treinta años de Generalitat han acabado creando unas expectativas nacionales a las que difícilmente querremos renunciar y que ponen en evidencia permanente la insuficiencia del modelo actual. Y, en tercer lugar, Pujol se encontraba muy solo en aquellos años sesenta, ahora el independentismo, sólo habiendo movido el dedo meñique, y según la última encuesta de un diario tan poco sospechoso de sesgos secesionistas como La Vanguardia, ya tiene un 37 por ciento de apoyo popular.

En contra, el actual momento de despertar nacional tiene la necesidad de un liderazgo sólido. Probablemente no es hora de esperar líderes fuertes, sino que habrá que contar con otras formas de guía más horizontales. Pero detrás de todo despertar profundo hay personas sólidas, y estas personas están y pronto las iremos conociendo. Tampoco hay, en estos momentos, una traducción estrictamente política de toda esta expectativa de cambio, y parece que hay quien se impacienta. ¿Hay que recordar que de los Hechos del Palau a la creación de CDC, en 1974, pasaron catorce años y que de esta creación a las primeras elecciones pasaron seis años más? Con todo, los tiempos de la política se han acelerado, y tengo la certeza de que no habrá que esperar veinte años para ver la consolidación política del proyecto independentista. Además, al igual que el catalanismo acabó desbordando los límites de CDC y Jordi Pujol, el independentismo también se canalizará a través de las diversas opciones políticas actuales o futuras. Pronto veremos emerger el independentismo socialista en el PSC, se reforzará el independentismo en CiU e ICV y veremos la reformulación estratégica de ERC, quienes siempre así se han llamado. Además, dispondremos de una plataforma electoral donde seguro que habrá Reagrupament y todo aquel que quiera contribuir a empujar al conjunto del resto de partidos hacia lo que es primero y principal.

Sin embargo, me pregunto si a la vista de los Hechos del Palau y de todo lo que significaron para el futuro del país, no deberíamos esperar de sus propios protagonistas y de todo el catalanismo político que derivó -y que durante muchos años hemos llamado nacionalismo- una mayor contribución al gran paso que el país debe hacer los próximos años. ¿Les podemos volver a pedir la misma lucidez, coraje y riesgo de hace cincuenta años para dar el nuevo paso que nuestra libertad y respeto nacionales exigen? No quiero creer que se han acostumbrado al aire viciado del autonomismo …

Avui

Quim Torrent

AVE: la ruina del Estado

El Estado ha gastado 50.000 millones en proyectos que no tendrán suficiente viajeros para pagar el mantenimiento de las líneas • Los Estados Unidos o Francia, mucho más poblados, han descartado el modelo español de alta velocidad

El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas, dice uno de los nuevos anuncios de Renfe. Y también en el centro de nuestros problemas, se podría añadir. El empeoramiento de la crisis ha cogido con el pie cambiado el gobierno español, que, hasta no hace muchos días, presumía de ser el gobierno que más invierte en ferrocarril de alta velocidad del mundo. Pero por mucho que brillen los raíles por donde circulan los trenes a 300 km / h cada vez son más los que discuten que el AVE sea una buena inversión, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social.

El gasto en líneas de alta velocidad que ha hecho el Estado ha sido estratosférica. Actualmente España tiene 1.800 kilómetros de estas líneas en servicio y 2.200 en construcción, muy por delante del resto de países europeos. De hecho, sólo China, con 10.000 kilómetros en construcción, supera ahora mismo la inversión española. Tanto Francia como Alemania descartaron una inversión similar a la española por considerarla insostenible económicamente. Y eso que Alemania tiene un PIB de 3,2 billones de dólares y una población de 82 millones de personas en Francia viven 65 millones que suman un PIB de 2,8 billones.

España, en cambio, con 46 millones y la mitad de PIB que Francia, ha permitido el lujo de haber gastado ya más de 50.000 millones de euros-el recorte por el déficit es de 15.000 millones-en ferrocarril de alta velocidad . Y lo ha hecho ayudado por los fondos europeos de cohesión, la mayoría de ellos provenientes de Francia y Alemania. No es extraño, pues, que estos países hayan reclamado a Zapatero que se apriete el cinturón para que ellos ni siquiera se han planteado obras de este calibre.

Pocos pasajeros
El economista Germà Bel lo tiene claro: «el AVE ha sido el prototipo de los años maravillosos de España. Es una inversión política, sin ningún sentido desde el punto de vista económico «. Bel, uno de los principales especialistas en infraestructuras del país, considera que ni siquiera las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona son lo suficientemente grandes para que la inversión tenga sentido. «La alta velocidad sólo tiene sentido en ciudades muy pobladas, como París o las ciudades japonesas», señala Bel.

En este sentido, las comparaciones son sangrantes. Quizá el dato que mejor ilustra el que el AVE puede acabar siendo una inversión ruinosa es el número de pasajeros por kilómetros de línea. Los últimos datos oficiales de la UIC-la organización mundial de las compañías de ferrocarril-ilustran la diferencia entre los modelos de España y Francia. Mientras la ratio de pasajeros por kilómetro es de 2,8, en Francia llega a 41,5.
Encontrar voces críticas en un sector muy endogámico como el de la construcción no es fácil. Pocos quieren hablar y algunos de los que lo hacen piden no publicar su nombre. Uno de los problemas, según explica un ex asesor del ministerio de Fomento, que ha revisado diferentes proyectos de AVE, es el poco rigor de los estudios, tanto los que prevén el coste de la infraestructura como los que evalúan la demanda de viajeros. «En Inglaterra, donde tienen la red colapsada desde hace años, todavía se están pensando un TGV entre Londres y Birmingham porque no están seguros de que salgan los números», señala él.

El inglés es un caso similar al americano. Hace unos meses el secretario de Transportes estadounidense, Ray LaHood, visitó España para ver in situ los fantásticos trenes que hay en la península. El político estadounidense se mostró encantado hasta que le enseñaron la factura. Uno de los que estuvieron presentes en aquel viaje explica lo que LaHood le dijo a Blanco: «Ustedes son ricos, nosotros esto no nos lo podemos permitir».

Descartado en EEUU
En Estados Unidos una infraestructura debe demostrar que será rentable para poder ser financiada con dinero público. Por ello, el Estado de California ha desestimado, de momento, una línea de alta velocidad entre San Francisco y Los Ángeles, dos ciudades separadas por 600 kilómetros y con áreas metropolitanas que suman 19 millones de habitantes, casi tres veces la suma de Madrid-Barcelona.

Pero el coste de construcción no es el único que hay que contabilizar a la hora de construir alta velocidad. El coste de mantenimiento de cada kilómetro de línea, también según datos de la UIC, es de entre 28.000 y 33.000 euros por año. Una cifra muy alejada de las que mantiene Fomento, que asegura que el mantenimiento cuesta 10.000 euros por kilómetro y año -20.000 en en túnel-ya que sólo cuenta el mantenimiento de vía. Hay que añadir el mantenimiento de la electrificación, la señalización y las telecomunicaciones. Esto significa que cuando acaben los 2.200 kilómetros que hay en obras, la factura de mantenimiento del AVE ascenderá a más de 120 millones de euros anuales.

El ex director de proyectos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Mateu Turró, salva por los pelos las líneas de Madrid y Barcelona porque son las únicas que pueden pagar una parte del mantenimiento. «El resto-lamenta Turró-habría que replantearse la foto». El problema, sin embargo, es que es muy difícil volver atrás. Hay incluso quien habla de hacerlo aplicando la teoría de costes sumergidos. Esto quiere decir que aunque se descontara el gasto realizado en AVE -30.000 millones si no contamos el Sevilla-Madrid-Barcelona-muchos de los proyectos que se han de pagar a partir de ahora no vale la pena hacer para que ni descontando la inversión realizada serán rentables.

Un ejemplo clarísimo son las líneas que unirán Madrid con el Cantábrico y Galicia. El tramo entre Madrid y Valladolid sólo tiene 174.000 viajeros anuales de AVE. Si sumamos el resto de trenes se llega a 1,5 millones de viajeros, aunque con un billete más barato. Para que una línea de AVE financie como mínimo los costes de mantenimiento debe pasar de los seis millones de pasajeros. Madrid-Barcelona suma cinco y Madrid-Sevilla apenas pasa de los tres. El AVE es más rápido y confortable que el avión, pero el Concorde también lo era respecto aviación tradicional y acabó desapareciendo por los elevados costes económicos que tenía.