Jürgen Habermas ha fallecido en Starnberg, en el sur de Baviera, a noventa y seis años. Era el último gran representante de la Escuela de Frankfurt, una tradición filosófica alemana que produjo pensadores de primera fila y –como toda tradición de primera fila– también una cantidad considerable de epígonos de tercera. Pero Habermas era el verdadero. Un hombre digno de ser leído, seguidamente, estudiado.
En España, Habermas hizo una fortuna peculiar. Porque abunda una categoría especial de intelectual –difícil de encontrar en los países serios– que simplemente no lee a los autores que cita. O que solo los lee por encima, cogiendo lo que le conviene y descartando al resto con la displicencia de quien nunca ha abierto el libro más de tres páginas.
Muy especialmente los intelectuales del constitucionalismo –esa tribu madrileña que confunde la lealtad a la constitución con la inteligencia– le descubrieron un día con el entusiasmo de quien encuentra un argumento de autoridad que creen que les hace el juego. Le tomaron el concepto de patriotismo constitucional, sin querer entenderlo –porque si lo hubieran entendido no lo habrían usado nunca–, lo pusieron en un marco y lo colgaron en la pared. Me habrán oído explicar más de una vez que uno escribe lo que puede y los lectores normalmente leen lo que quieren leer. A veces sin malicia, de forma natural, pero a veces con muy mala baba. Y este es el caso.
El patriotismo constitucional es una idea que Habermas pensó para la Alemania de la posguerra –para sus apologetas, seguramente es demasiado entender algo tan básico como es que las ideas, las filosóficas también, no planean en el vacío. Los alemanes tenían que construir una identidad nueva porque la identidad vieja había producido, entre otras cosas, el nazismo, la peor guerra de la historia y el Holocausto. Por eso parecía prudente sustituir la nación digamos étnica por la lealtad a los principios democráticos. Era una tesis razonable. Incluso diría que, en ese contexto, necesaria.
Pero ese contexto era la Alemania de 1945, no la España de 1978. En España en 1978 había un régimen franquista que se reconvertía, unos militares que fumaban tranquilamente por los pasillos mientras llevaban instrucciones escritas a los redactores de la constitución y una transición que acordó –de forma tácita, pero firmísima– que no se podía hablar de determinadas cuestiones. Trasladar el razonamiento exquisito de Habermas a esta tesitura era cómo recetar a alguien un medicamento excelente, pero que valía tan sólo para curar una enfermedad diferente a la que tiene.
La cosa –la vergonzosa instrumentalización– en realidad es muy sencilla de contar. Habermas dedicó la vida a una idea poderosa y profundamente incómoda: la legitimidad democrática no viene de haber ganado una votación, sino de la calidad del proceso que hay detrás de esa votación. Para él, una decisión es legítima tan sólo si todos los afectados han podido participar en condiciones de igualdad, sin coerción, y si los argumentos se han medido por la fuerza racional, no por el rango o el poder de quien los defiende y menos aún por la violencia empleada para imponerlos. A esto lo llamaba “acción comunicativa”. No es tan difícil de entender. Pero es obvio que es absolutamente incompatible con la práctica y la teoría de los españoles. Por eso lo defino, provocativamente, y con un punto de venganza también, como antiespañol.
Ninguno de sus admiradores en la meseta, por ejemplo, aceptó nunca la obviedad de que Habermas no creía que las fronteras de los estados fueran eternas ni sagradas, ni que no pudiera proclamarse una república o decretar la neutralidad militar. Al revés: su sistema exige precisamente que cualquier cuestión que afecte a los ciudadanos pueda ser debatida abiertamente, sin exclusiones previas. De ningún tipo. Sin ningún tabú. Sin barrera impuesta alguna. De modo que cualquier habermasiano riguroso debería haber resaltado inmediatamente y en el primer minuto que el debate sobre la autodeterminación de los Països Catalans, o sobre la monarquía y la forma del Estado, era exactamente la clase de debate que una democracia no puede prohibir en modo alguno. O era esto o hacía trampa. Pero los habermasianos españoles eran rigurosos en las citas interesadas y en las consignas, no en la doctrina ni en la reflexión. E hicieron trampa.
Lo cierto es que en todo ello hay tanta comedia que llega a ser agotador. Habermas pasó la vida defendiendo que los argumentos debían competir en igualdad de condiciones, sin que interviniera el poder de quienes los pronuncian. Y resulta que el constitucionalismo español lo utilizó a él –lo encaramó, le llenó de elogios y medallas– para proponer exactamente lo contrario: cerrar el paso a cualquier debate en nombre de un texto sagrado que no se puede tocar ni se podrá tocar nunca. Con la bendición de los mandarines, contentos de simular que sabían de qué hablaban, y escandalizando a sus lectores honrados, los españoles convirtieron al filósofo de la discusión abierta en el escudo de la discusión cerrada. Impresionante.
Bien sé que la filosofía política es un género que invita a la cita selectiva. Se elige lo que conviene y se esconde el resto. Pero la cosa –hablando del señor Habermas y España– tiene mucha cara. Mucha. Y es representativa de ciertas formas de hacer. Porque tienen la culpa tanto los presuntos intelectuales como los políticos, como todos los periodistas y comunicadores que han intentado –y que insisten ahora con el cadáver todavía caliente– en vender a la gente como pescado lo que en realidad era un excelente corte de carne. Ignorantes o malévolos, que no sé. Aprovechados y amorales, que eso sí lo sé. Quizás, de hecho, las cuatro cosas juntas.
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