Un proyecto faraónico de extracción de potasas y sal

Óscar Pueyo, Juan C. Gracia, Antonio M. Casas y Carlos Revuelto [1]. Revista El Ecologista nº 88.

Un plan minero impulsado por una multinacional amenaza varios municipios del Pirineo navarro-aragonés.

http://www.ecologistasenaccion.org/article88.html

Una multinacional australiana quiere poner en marcha un proyecto compuesto por varias minas de explotación de potasas y sal a lo largo del Pirineo navarro-aragonés que tendrá un grave impacto ambiental. La Mina Muga es el primero.

Hace unos meses tuvimos noticia de la existencia de un grupo de proyectos mineros, compartimentados, previstos a lo largo de 550 kilómetros cuadrados y que se pretenden llevar a cabo desde la Sierra del Perdón, en Navarra, hasta el Puerto de Santa Bárbara, en Bailo, provincia de Huesca. En una zona que estos planes definen como económica y poblacionalmente deprimida, nido para proyectos de esta índole.

La primera de las solicitudes de explotación, se presentó en julio pasado. Es el proyecto de la Mina Muga que afectará, principalmente, a las localidades de Undués de Lerda (61 habitantes) y Urriés (37 habitantes), en Zaragoza, y Javier, (103 habitantes) y Sangüesa (5.020), en Navarra, pero con impacto en más municipios, y que se quiere desarrollar durante más de 24 años.

La ciudadanía de estos pueblos, algunos muy pequeños, se ha movilizado y a mediados de 2015 creó la Plataforma Unitaria No a las Minas de Potasas [2]. Los vecinos y vecinas han tenido que ‘descubrir’, casi sobre la marcha, los cauces democráticos de participación e incorporar a su léxico cotidiano términos geológicos y mineros y lecturas aceleradas de normativas.

Sólo en la Mina Muga está prevista la extracción de seis millones de toneladas anuales de sal y potasa del subsuelo, de los cuales un millón, según datos de la empresa minera, serán potasa y otro millón sal para las carreteras. A pesar de que el proyecto de Muga es una pequeña parte de uno de grandes dimensiones, no deja ser de proporciones faraónicas. Va a generar cada año cuatro millones de toneladas de residuos en las plantas de tratamiento, instalaciones que tendrán también grandes dimensiones, superiores a la extensión de algunos de los municipios afectados.

La potasa es un óxido de potasio que se obtiene principalmente de dos minerales: la carnalita y la silvina. Su formación aparece habitualmente asociada a halita (sal común) y se utiliza para la producción de fertilizantes, explosivos o productos para la industria química.

No obstante, el informe de la empresa califica el proyecto de la Mina Muga como “sostenible”, de “vertido cero” y de “ciclo cerrado”.

Estos criterios, con resonancias positivas, se desvanecen cuando se estudia con ojos técnicos. Se plantea como “sostenible” explotar un recurso no renovable hasta su extinción. Un sistema cerrado que requiere la incorporación todos los años de casi un millón de metros cúbicos de agua y un “vertido cero” que implica cuatro millones de toneladas de estériles mineros anuales.

Como en cualquiera de estos proyectos, lo primero a tener en cuenta son la magnitud y afecciones potenciales, en este caso proporcional al volumen del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Mina Muga que consta de más de 5.800 páginas.

Un plan minero de grandes dimensiones

Sin embargo, esta mina, es sólo el inicio de un plan minero monumental que afectará a más de 50 municipios del Pirineo navarro-aragonés. Los permisos de exploración e investigación afectarán a municipios de Aragón como Navardún, Urriés, Undués de Lerda, Sos del Rey Católico, Los Pintanos, Isuerre, Lobera, etc. Y en Navarra a Liédena, Yesa, Javier, Sangüesa, Zabalza, Belascoain Puente la Reina y otras tantos pueblos. Todos ellos se verán afectados no sólo por las minas, ya hay pedidos más de 15 permisos de exploración, también por el impacto de la línea de alta tensión que se va a levantar, las carreteras y otras obras previstas, además de por el paso centenares de camiones.

Al frente del proyecto minero está la empresa española Geoalcali S.L., filial de la multinacional australiana Highfield Resources, cuya principal actividad no es la minera, sino la especulación financiera, a través de fondos de inversión.

Ante la movilización ciudadana de la Plataforma Unitaria No a las Minas de Potasas, la empresa, rápidamente, ha pasado de mantener reuniones con promesas de campos de fútbol y regalos a los ayuntamientos, a organizar charlas ‘divulgativas’ sobre los beneficios sociales y económicos que vienen a paliar la situación de decadencia y crisis por parte de un nuevo Mr. Marshall, en este caso australiano. La multinacional anuncia miles de puestos de trabajo en la zona, que han ido variando según la presión vecinal [3].

Mientras, la movilización ciudadana es cada vez mayor, pero no es suficiente. En los medios de comunicación la empresa vende las bondades del proyecto pero ha rechazado cualquier debate público con la plataforma o los técnicos que la asesoran.

La evaluación de impacto

La evaluación ambiental debería ser un análisis de impactos y de investigaciones rigurosas desde la prevención y la participación pública. Sin embargo, la vorágine burocrática hace que sea, muchas veces, un simple acto administrativo como en el caso de la Mina Muga.

Más allá de “cumplir la ley”, la perversión aparece cuando un proyecto faraónico como el previsto en el Pirineo de Navarra y Aragón, se limita a cumplir las mínimas valoraciones. Además, el sistema actual de participación pública sólo parece desarrollarse cuando los afectados, en muchas ocasiones sin conocimientos técnicos suficientes, tras ver como se alterará su modo de vida y su entorno se adentran en denunciar las carencias del proyecto. Como norma general, las alegaciones no deberían ser la única forma de revisión de un Estudio de Impacto Ambiental (de la empresa). Se pervierte el sistema de evaluación, porque se traslada la responsabilidad del promotor a la ciudadanía alegante.

Riesgos sin evaluar de la Mina Muga

El estudio de impacto ambiental de la empresa sobre la Mina Muga califica el proyecto previsto con un aprobado justo, 5,3 puntos sobre 10. Pero, además, faltan por evaluar varios riesgos importantes. Uno de esos riesgos [4] es el colapso de las galerías, sin un estudio de la estabilidad de la mina, tanto para los trabajadores como para el entorno. Por otra parte, tampoco se ha evaluado el riesgo sísmico de la zona, cuyo análisis no pasa de la utilización de la normativa sismorresistente en una zona con sismicidad conocida (crisis de la Canal de Berdún y el terremoto de Martes, de magnitud 6). Ni se ha valorado la interacción de los terremotos con los deslizamientos, ya que la Mina Muga estará muy cerca del embalse de Yesa, a varios centenares de metros de profundidad, y a dos kilómetros en línea recta del mismo.

Se emplearán millones de litros de agua. Casi un hectómetro cúbico de agua anual para la Mina Muga, que se tiene previsto sacar del bombeo de aguas que harán viable la explotación, con las repercusión en la bajada del nivel freático de del suministro de agua en las zonas agrícolas y bosques. Todo esto, al pie de la falla de Loiti, reconocida también por su actividad sísmica reciente. Sin olvidar las consecuencias de la entrada de agua en una mina de sal, como son la salinización de aguas y terrenos y su impacto. Problemas aparecidos en Catalunya, en el río Cardener, en Cardona y en la cuenca del Llobregat, en Sallent o en El Perdón, Pamplona. Este proyecto de explotación minera podría servir para cualquier punto del planeta, ya que no considera las características geológicas de la zona.

Por si existían dudas sobre la viabilidad del proyecto, en la memoria de éste no se incluyen las investigaciones previas realizadas por la empresa. Cosa de derechos de autor, cuando precisamente dicha información es la que define el propio proyecto.

Más 500 camiones al día

Tampoco el EIA sobre la Mina Muga hace evaluación alguna de los impactos que harían incompatible el proyecto. Datos como la circulación de vehículos: 102.500 camiones por año, 532 camiones al día, según los datos de la empresa, y con 25 toneladas de sal cada uno, con salida por Sangüesa y destino al puerto de Bilbao.

Tampoco dice nada el EIA sobre la montaña de 45 metros de estériles que quedará entre los ríos Onsella y Aragón (visible desde el Camino de Santiago) o las consecuencias ambientales de secar y desviar los cauces superficiales de la zona.

Por su parte, la empresa española que gestiona los permisos, de la mano de la multinacional Highfield Resources, asegura en los medios de comunicación que va a generar hasta 3.000 puestos de trabajo. Pero en el EIA se habla de 232 puestos de trabajo directos, en una producción de tres turnos al día, aunque técnicamente esos datos no se sostienen. Y se justifica el plan como alternativa a que, sin la mina, la población de la zona desaparecerá en unos años.

La empresa recalca también que en la minería del siglo XXI, no se repetirán errores del pasado, pero los problemas de esta explotación e impactos son los mismos que los que afectaron a esta zona del Perdón o a los municipios catalanes de Cardener, Sallent, o actualmente a Súria. No obstante, no es necesario irse a Cataluña. Se pueden aprender algunas lecciones mirando a la Sierra del Perdón, que se ‘benefició’ durante décadas de una explotación similar.

La ciudadanía de la zona del Perdón [5], cuando conoció estos planes mineros, inició una movilización social que se aglutina ahora en la Plataforma Unitaria No a las Minas de Potasas y que incluye a la mayoría de los ayuntamientos de la zona. Los alcaldes de estos pueblos han presentado un recurso contencioso-administrativo, no sólo para parar la mina, sino para interrumpir cualquier exploración minera en el futuro.

Estos municipios se ‘beneficiaron’ hace años de las minas de potasas, abiertas entre los años 60 y los 90. Fueron explotadas por el antiguo Instituto Nacional de Industria, INI. La última mina, en el sector del Perdón, estuvo operativa hasta 1996.

Hoy estos municipios conocen las secuelas de estas explotaciones: grietas en edificios, hundimiento del terreno, la salinización de aguas y de la tierra, estructuras mineras abandonadas, bocaminas sin cerrar, montañas de residuos mineros contaminantes, terrenos arrasados sin reforestar y microseísmos que continúan produciéndose. Está en manos de la ciudadanía de estos pueblos parar las consecuencias ambientales y sociales de los planes especulativos de la multinacional australiana.

Notas

[1] Óscar Pueyo y Antonio M. Casas profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. Juan Carlos Gracia, de Ecologistas en Acción de Aragón y Carlos Revuelto, Geoscan SLP Consultoría. Todos son miembros Geoforo por Una Nueva Cultura de la Tierra.

[2] https://noalasminasdepotasa.wordpress.com

[3] http://www.geoalcali.com/blog/2016/01/28/geoalcali-eleva-a-mas-de-800-los-puestos-de-trabajo-nuevos/

[4] http://geologianuevaculturadelatierra.blogspot.com.es/

[5] https://noalaminadelperdon.wordpress.com/

Alertan sobre los peligros por sismicidad en dos proyectos

Las federaciones navarra y aragonesa de Ecologistas en Acción aúnan sus esfuerzos y recursos para oponerse a dos proyectos en marcha que amenazan los territorios de ambas comunidades, uno de cuyos nexos en común reside en la sismicidad potencial que entrañan, peligro sobre el que esta organización quiere alertar a la opinión pública.

El primer proyecto sobre el que alertan es el recrecimiento de Yesa. Conocido es el empecinamiento del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro que no se han detenido ante los problemas surgidos con los deslizamientos de ladera (apenas un aviso de los ostensibles temblores a que daría lugar el llenado del futuro vaso), por más que las voces de algunos conocidos expertos en riesgos geológicos y constructivos hubiesen advertido de ello desde el ámbito universitario y que, a posteriori, los trabajos de estabilización se muestren ineficaces y engullan sin decoro ingentes cantidades de dinero público, en un irracional sobrecoste de las inversiones presupuestadas. A propósito de lo cual el oscurantismo de la CHE resulta completamente inadmisible desde los más mínimos estándares de transparencia democrática. De nada sirve tampoco que los objetivos confesos de esa obra de ingeniería civil hayan sido refutados con argumentos y con hechos: p. ej. –y sin ser exhaustivos, que las necesidades para agua de boca de Zaragoza capital estén colmadas con las dimensiones actuales del embalse; o las limitaciones que para la distribución supone el Canal de Bardenas, sólo apto para vehicular el concreto caudal de que dispone; o que las demandas de regadío se satisfarían de manera mucho más eficiente mediante otros sistemas alternativos ya analizados y presentados al público. Sin embargo, el grado de apoyo que el recrecimiento ha ido encontrando en los dos gobiernos autonómicos a lo largo del tiempo, matizado según las diferentes mayorías políticas que se configuraban, ha variado desde que el actual ejecutivo foral empezó a sentirse preocupado por las consecuencias de un colapso de la presa.

En cuanto al segundo de los proyectos mencionados, reclaman para él una especial atención, puesto que su reciente incorporación a la agenda ambiental lo convierte por ello en menos conocido. El proyecto Mina Muga para la explotación de potasas, cuya demarcación comprende desde la Bal d’Onsella (Altas Cinco Villas) hasta la Sierra del Perdón (junto a Iruña/Pamplona), se caracteriza, en línea con lo anterior, por provocar:

• Aumento de la sismicidad.
• Contaminación salina de cauces y acuíferos.
• Desmedida carga de transporte, cifrada anualmente en 102.500 camiones pesados en las carreteras hasta el puerto de Bilbao, puesto que no se ha conseguido transporte por ferrocarril.
• Excesivo consumo de agua, casi 1 Hm3 anual (819.784 m3 en concreto): equivalente al suministro de una ciudad de 16.500 habitantes.

Por lo que se refiere al primero de esos puntos, y entrando en pormenores, la sismicidad en el entorno de la falla de Loiti, localizada inmediatamente al N del yacimiento, ha sido interpretada como origen de la crisis de la canal de Berdún en los años ´20, por lo que resulta imprescindible que un estudio detallado de la misma acompañe la memoria técnica del proyecto (que, por el contrario, carece de él) a fin de garantizar la seguridad de la zona, pero sobre todo por la probable afección al embalse de Yesa y a los deslizamientos que se producen en sus dos laderas. La ausencia de una valoración de las estructuras sismogénicas y de la posibilidad de factores detonantes de seísmos (inducidos o anticipados) debido a la alteración del régimen de esfuerzos en el subsuelo como consecuencia de la actividad minera, el bombeo de aguas, la depresión de los freáticos o el uso de explosivos, perfilan un panorama de catastróficos impactos e incompatibilidad entre la actividad y el medio si no se evalúan previamente dichos riesgos con absoluta precisión. Los numerosos problemas de estabilidad de taludes a lo largo de todo el entorno de la explotación, como el ya citado en ambos lados del embalse de Yesa, hacen que, en ese contexto, cualquier vibración sísmica pudiera amplificar los movimientos actuales o desencadenar el inicio del deslizamiento de materiales que se encuentran en condiciones de metaestabilidad.

Promovido por la empresa Geoalcali, el expediente de “Mina Muga” se halla en este momento en el Ministerio de Industria, que debe responder aún a las alegaciones presentadas durante el período de información pública, entre otros por esta asociación. Tan pobre y carente de rigor era el estudio inicial aportado por el promotor que, a requerimiento de la Administración, se ha visto obligado a encargar otro. A través de su fundación, Geoalcali, que ha subvencionado actos en fiestas patronales y ofrece hierba artificial para los campos de fútbol, intenta ganarse la voluntad de los pueblos afectados con las mejores artes de los años del caciquismo. Eso sí, evita entrar en cualquier debate técnico con expertos, donde las deficiencias de su proyecto o la ocultación de los peligros que implica salgan a relucir.

Por todo lo enunciado, en virtud de los elementos específicos de cada uno de ellos, y del riesgo inherente compartido por los dos, basado en la conjunción de la sismicidad (efecto de la actividad) con la particular composición geomorfológica del contexto, Ecologistas en Acción solicita la paralización inmediata de los proyectos “Mina Muga” y el recrecimiento de Yesa, que amenazan gravemente la seguridad de las poblaciones afectadas (piénsese en la fatalidad que supondría aguas abajo el colapso de la presa). Es momento de contraponer las promesas (incumplidas) a los peligros (probados).

Cada uno de los gobiernos implicados es responsable de acuerdo a sus competencias. Así, el Gobierno Central, en el caso de Yesa tiene la facultad de paralizar el recrecimiento. A él se unen los gobiernos autónomos de Navarra y Aragón, como responsables cada cual en su respectiva parcela en el caso de “Mina Muga”. Ecologistas en Acción apela también a los partidos políticos, a quienes exige afrontar con valentía la gestión de estos proyectos y buscar con coherencia un futuro sostenible y seguro, lejos de falsas promesas.

http://www.ecologistasenaccion.org/article31863.html

El desmantelamiento ambiental de Navarra

El medio ambiente ocupa un lugar subsidiario para el Gobierno foral.

Ekologistak Martxan Estella-Lizarra, Ekologistak Martxan Pamplona-Iruña y Ecologistas en Acción de La Ribera. Revista El Ecologista nº 83.

La situación ambiental de Navarra se viene degradando vertiginosamente en los últimos años. Hemos pasado de una situación destacada en algunas áreas en los años 80 y 90 del siglo XX, a un panorama desolador, con una gestión ambiental en caída libre.

Las partidas presupuestarias dedicadas a la gestión ambiental en Navarra no pueden ser más elocuentes de la prioridad que tiene el medio ambiente para el Gobierno foral. Después de varios años de recortes y con presupuestos prorrogados, la partida económica se redujo un 9,1% en 2014 respecto a 2013. En 2014 los gastos previstos en medio ambiente, 17,7 millones de euros, solo eran el 0,47% del presupuesto total del Gobierno de Navarra. Pero para más inri, en 2013 solo se gastaron el 58,5% del presupuesto previsto y en 2014 llevamos un camino parecido. Por ejemplo, de los 155.000 € destinados a parques naturales a finales de octubre solo se habían ejecutado 18.228 €.

La disminución de la plantilla del guarderío forestal, el cierre del Crana (Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra, centro pionero y referente en cuanto a participación y educación ambiental), 1.200 MW en centrales térmicas, el abandono de los centros de interpretación de los Espacios Naturales Protegidos, la no declaración de ningún nuevo espacio protegido desde 2004, la rápida degradación de los paisajes de secano por las transformaciones de regadío del Canal de Navarra o un Plan de Recuperación del Oso Pardo que parece conformarse con que solo osos machos se paseen por Navarra, son otros botones de muestra esclarecedores (ver cuadro 1).

Coincidiendo con el desmantelamiento de la política ambiental y su asfixia económica, resulta sorprendente la proliferación de proyectos de explotación de materias primas del subsuelo con la complacencia o apoyo explícito del actual Gobierno de UPN. Navarra que ha presumido de tener la tasa de industrialización más alta del Estado y la apuesta por nuevas tecnologías como la fabricación de equipos para producción de energías renovables, pasa a vender sus recursos naturales no renovables al mejor postor (ver cuadro 2). Nuestro Gobierno apuesta por una extracción de materias primas que es “pan para hoy y hambre para mañana” y que degradará irreversiblemente un territorio que siempre ha destacado por la calidad y extensión de sus áreas naturales, por la producción de alimentos de calidad y el turismo ligado al paisaje y la biodiversidad.

Apuesta por el extractivismo

Magnesitas de Navarra S.A., ahora en manos del grupo francés Roulier, sigue empecinado en abrir una nueva cantera a cielo abierto en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Belate, de la Red Natura 2000, ahora en Zilbeti-Valle de Erro y antes y en un futuro en Erdiz-Baztán, recurriendo incluso a la coacción en los municipios afectados. Sorprendentemente, la administración sigue alimentando estos proyectos en vez de paralizarlos, y recientemente se ha renovado la DIA positiva.

En el mismo ZEC un proyecto de cantera de sílice amenaza al monte Mendiaundi de Espinal-Aurizberri. Además, la empresa Geoalcali, filial de un grupo australiano, está ya realizando sondeos para volver a explotar potasa en el entorno de la sierra del Perdón-Erreniega y la zona de Javier, afectando a 21 municipios. En esta última ya han manifestado su interés por iniciar la explotación en 2015. Potasas de Subiza cesó su actividad en 1996 y todavía se sufren sus impactos en la zona de Pamplona y el entorno del Perdón.

En materia de residuos, gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula el Plan de Residuos aprobado por el Gobierno de Navarra y la falta de fondos, se descarta el proyecto antes defendido de creación de una gran incineradora. Sin embargo, sí sigue adelante la valorización energética que la empresa de cementos Portland pretende realizar en Olazti, y que ha generado otro masivo movimiento de oposición en la zona durante los últimos años. Si bien todavía no se ha comenzado la incineración, la cementera cuenta ya con todos los permisos necesarios.

Quizás relacionado con esta dura amenaza a la salud pública, es en esta misma zona (Sakana) donde sus instituciones han apostado por la recogida de residuos “puerta a puerta”, lo que significa un notable incremento del porcentaje de reciclaje. Por ello, sorprende la persecución de este método realizado en varios municipios de la Sakana, por parte del Gobierno navarro y algunos grupos políticos como UPN, PP, PSN y Geroa Bai.

Infraestructuras ruinosas e impactantes

Sin embargo, sigue la apuesta autodestructiva por las grandes infraestructuras, que han sido un foco de corrupción y las causantes de buena parte de nuestra ruina económica, social y ambiental, como el TAV, el embalse de Yesa, la LAT o el Canal de Navarra (ver cuadros 3 y 4). Yesa sigue adelante, a pesar de los graves problemas de seguridad en sus laderas, sin unos fines claros salvo el posible aporte de agua a futuros trasvases.

El Canal de Navarra y sus nuevos regadíos están fagocitando la mayor parte de los fondos del Plan de Desarrollo Rural con una apuesta clara por una agricultura industrializada y de grandes grupos agroalimentarios, mientras se destruyen los regadíos tradicionales y se ponen en peligro el fin social de los comunales (los ayuntamientos tendrían que endeudarse para asumir la gran inversión inicial necesaria o ceder largos periodos de tiempo a manos privadas estos terrenos).

Con la ampliación del Canal se ha proyectado una zona regable en las vegas de los ríos Ega y Arga de más de 15.000 hectáreas (ver cuadro 5). La ciudadanía se opone, entre otros municipios en Lerín, donde la Plataforma en defensa del regadío tradicional ha realizado una consulta en la que los/as propietarios/as han decidido que no quieren la llegada del agua del Canal [1]. Ekologistak Martxan-Ecologistas en Acción, la Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma URA Nueva Cultura del Agua hemos presentado una denuncia contra la Dirección General de Desarrollo Rural por la aprobación de la concentración parcelaria de un sector de la ampliación de la primera fase del Canal que se ha realizado incumpliendo las condiciones de la DIA, que determina la redacción de un Estudio de Afecciones Ambientales previo a la concentración.

1. Envenenamiento de aves: malas prácticas y malas soluciones

En 2012 fueron detenidos el presidente, el guarda y un vocal del coto de Montes del Cierzo (Tudela), el presidente del coto de Cintruénigo y una quinta persona relacionada con el coto de Monte Alto (Tudela). Están acusados del mayor envenenamiento de aves rapaces de España y uno de los mayores de Europa. Entre las aves muertas se encontraban especies protegidas como milanos reales y negros, alimoches, aguiluchos laguneros y buitres leonados. El uso de cebos envenenados es una práctica más o menos extendida en los cotos de caza. Aquí, se añade la introducción ilegal y sin control de poblaciones de conejo venidas de otras partes de la Península, sin que la administración tomara medida alguna. Hoy nos encontramos con una población de conejo descontrolada y genéticamente alterada. A estos hechos se suma otro legal, como las batidas de zorro que no hacen sino reducir los depredadores que controlan de forma natural al conejo. Las sanciones administrativas impuestas no han solucionado los problemas ambientales. Finalmente decisiones como la que adoptó el Defensor del Pueblo de Navarra instando a la no renovación de los cotos a la misma masa social vinieron a poner el contrapunto a una serie de errores políticos y técnicos. Ante la gran oferta de alimento ciertas especies proliferan más, como el conejo y jabalí. Justificado está el control por daños en el caso de aumentos descontrolados de las poblaciones con las medidas más razonables. Pero esto solo será una solución parcial y puntual a un problema difícil. Si además, no se permite el aumento de los depredadores naturales, el problema está garantizado. El equilibrio ambiental está en colisión con un modelo agrícola basado en el regadío con concentraciones parcelarias que destruyen los refugios y pequeños hábitats. Planea sobre nosotros la reintroducción del lobo no ya solo como un elemento aislado, sino como un reflejo de unos ecosistemas sanos. El proceso penal abierto contra los cinco acusados sigue su curso. La justicia determinará la validez de las pruebas que pesan sobre ellos. Pero las responsabilidades no se acaban ahí, ya que a día de hoy, seguimos esperando un Plan de Acción Contra el Veneno. El Consejero de Medio Ambiente del Gobierno foral se comprometió a la elaboración de este plan que ayude a luchar contra esta práctica tan irracional como indiscriminada. Han faltado pasos decididos de los ayuntamientos de Tudela y Cintruénigo, que no han sancionado administrativamente con contundencia, no solo a las juntas de los cotos sino también a un grupo de socios que hasta la fecha no han dicho absolutamente nada sobre el mayor envenenamiento de aves de España.

 

2. «Fracking»: cinco proyectos y mucha resistencia

Los cinco proyectos de estudio para extraer gas pizarra mediante fracking que afectan a Navarra penden sobre nosotros como una gran espada de Damocles. El primer proyecto en ser concedido, Usoa, nos obligó a organizarnos rápidamente, a buscar información y a transmitirla a la población. Compañeros de Estella/Lizarra, Pamplona/Iruña y Tudela se pusieron manos a la obra y en colaboración con personas de otras organizaciones dieron forma a la Nafarroako Fracking Ez-Plataforma Navarra AntiFracking. Urgía dar respuesta a una gran amenaza y desde Tierra Estella se empezaron a organizar diferentes actos. Fruto de nuestra labor, muchos ayuntamientos apoyaron el manifiesto de la Plataforma, declarando sus municipios libres de fracking. Se ha trabajado a diferentes niveles: vecinos, municipios y también partidos políticos. La idea era conseguir que el Parlamento de Navarra se posicionara en contra de esta técnica. Otro éxito de la lucha antifracking vino con la Ley aprobada por el parlamento navarro. Sabíamos ya entonces que el Gobierno central recurriría la norma, pero toda dilación resulta positiva. Lamentablemente, el lobby gasista ha marcado muy bien cuál es el camino que debe seguir el Gobierno central. Y otro proyecto más ha quedado concedido: Aquiles. El trabajo y el esfuerzo realizado en La Ribera se tuvieron que reforzar. No era suficiente que todos los pueblos afectados, menos uno, hubieran declarado sus municipios libres de fracking. En varios de estos pueblos se han formado grupos que están continuando con la información mediante charlas y mesas informativas. Los efectos para el medio ambiente del fracking son terroríficos, en especial por la contaminación del agua subterránea y las importantes fugas de metano que se producen en dichas explotaciones, y de las que tenemos buena prueba y constancia en el Valle de Lana. Pero estos graves efectos palidecen con lo que previsiblemente van a suponer en el descalabro próximo de la economía mundial. Y ello por una doble causa: la convulsión que la explosión de la burbuja del fracking va a suponer en los medios financieros mundiales, y por la disminución de la producción mundial de hidrocarburos que se va a producir, con la inmediata repercusión en la economía mundial, como ha venido ocurriendo en las sucesivas crisis que hemos padecido en los meses de agosto del 2008, 2011 y de este año 2014. Esta es una lucha de largo recorrido en la que se pone de manifiesto que los intereses de unos pocos están por encima de los del resto de la sociedad. Una sociedad como la navarra que claramente se está posicionando en contra. Pero a pesar de ello, el Gobierno central ha recurrido la Ley Navarra contra el fracking ante el Tribunal Constitucional y previsiblemente, al igual que en Cantabria o La Rioja, será declarada inconstitucional. Un lamentable error que nos aleja todavía más de la solución real y de futuro a la actual crisis de un modelo energético caduco. Cuanto más tardemos en darnos cuenta de que la solución pasa por el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, peor.

 

3. Alta tensión

El proyecto de Línea de Alta Tensión impulsado por Red Eléctrica Española para evacuar la energía producida en Castejón ha sido el detonante de un amplio movimiento social en los últimos años. El origen del proyecto es el abastecimiento de la Y vasca del TAV desde las ilegales centrales térmicas de Castejón, y su lógica responde a un modelo energético antisocial y al servicio de la especulación energética. Desde el año 2007 con el proyecto de LAT Castejón-Gasteiz y su posterior modificación de trazado para finalizar en Itsaso (Gipuzkoa), la movilización frente a este proyecto, el modelo energético que representa y sus múltiples afecciones ambientales ha hecho tomar conciencia y movilizado a múltiples sectores de población. Nunca sabremos si ha sido la crisis o el movimiento de oposición, pero lo cierto es que 7 años después, aquellas torres de 80 m de altura con sus pasillos deforestados continúan siendo una realidad… en el papel.

 

4. A alta velocidad

Las obras del tren de alta velocidad, TAV, continúan avanzando en Navarra, aunque no haya conexión con Zaragoza, ni con la Y vasca. Además la obra es ilegal: la DIA está caducada y así lo reconoce el TSJ de Madrid. Pero las obras siguen avanzando y las expropiaciones también, que ya han salido a información pública hasta Tafalla. Parece que el Gobierno de Navarra intenta adjudicar todas las obras que pueda para comprometer el gasto de cara a la próxima legislatura, por si viniese otro gobierno tras las elecciones. Ir de un pueblo a otro en Navarra, eso sí a alta velocidad, está presupuestado en 675 millones de €, pero algunas estimaciones lo acercan a los 3.000 millones. El precio de 2 km de TAV es aproximadamente el mismo que los recortes realizados en Sanidad en el 2012, por ejemplo. Este es el precio del viaje a ninguna parte que continúa el Gobierno de UPN. Sobra decir que la infraestructura más cara proyectada hasta ahora en Navarra, se ha realizado sin ningún tipo de debate social e información, ni estudio de viabilidad serio. Por otro lado, también continúa a alta velocidad la represión contra el movimiento antitav, la última imputación en octubre a un activista por un delito de daños en el Museo Ferroviario de Castejón en el contexto de una protesta realizada el 15 de marzo de 2014. Además, la burorepresión también hace estragos: las multas recibidas entre este septiembre y octubre por 47 opositores al TAV en Navarra, en dos protestas distintas, asciende a 20.450 euros.

 

5. Salvemos el Ega

A escala local, nos encontramos la problemática de la extracción excesiva en el acuífero de Valdega, del que la Mancomunidad de Montejurra extrae agua para abastecer a muchos pueblos de Tierra Estella (sin las oportunas autorizaciones) y de donde se quiere extraer aún más para abastecer pueblos de la ribera estellesa. La Plataforma Navarra URA Nueva Cultura del Agua [2] junto con la Asociación Salvemos el Ega [3] y la Fundación Sustrai Erakuntza [4] han dado luz a una demanda judicial por estos hechos. Denunciando que no se tiene en cuenta el uso sostenible del agua y las graves afecciones que el aumento de la extracción tendría en la salud del río Ega y en la conservación de parajes naturales protegidos.

 

6. ¿Transformación del modelo rural?

No decimos nada nuevo si afirmamos que la vida en el campo es dura, insegura, siempre mirando al cielo… pero aun así, y fruto de la necesidad de subsistencia, antiguamente se lograba la autosuficiencia en los pueblos: familiar y colectivamente hablando existía una forma de organización social solidaria y equilibrada (porque individualmente era inviable) que suponía un equilibrio real en el entorno natural donde se desarrollaba la vida de las personas. Las labores realizadas obedecían a unas pautas que desde antiguo nuestros antepasados fueron experimentando, basándose en la sabiduría innata propia del conocimiento de la naturaleza con el fin de vivir mejor y utilizando solo aquello que tenían a su alrededor. ¿Qué tal si comparamos esto con la realidad actual? La vida en el medio rural ha sufrido un deterioro total de su verdadero sentido y fin. No es cuestión de datos y demostraciones economicistas, sino de observar. Observar el despoblamiento, la desertización, la degradación total, el dirigismo de las multinacionales, el sometimiento de los políticos, los objetivos solo materiales y carentes de humanismo que dictan quienes rigen el mundo (y aquí al lado ¿dónde está el sentido del comunal, del auzolan, del concejo donde se decidía lo mejor para la colectividad, de la autoorganización, conceptos estos tan propios de nuestra tierra?). Y si hablamos del gasto, basta con observar el endeudamiento del labrador; los fraudes de la PAC, los precios y cotizaciones…

Notas

[1] http://www.noticiasdenavarra.com/2014/11/03/vecinos/estella-y-merindad/los-regantes-de-lerin-votan-no-a-incluir-sus-fincas-en-el-canal-de-navarra

[2] uranuevacultura.wordpress.com

[3] es-es.facebook.com/SalvemosElEga

[4] www.sustraierakuntza.org

http://www.ecologistasenaccion.org/article29241.html

Los directivos de Geoalcali continúan abandonando el barco

ARAINFO REDACCIÓN

Hasta tres caras visibles de la empresa que pretende explotar la mina de potasa junto a Yesa, han vendido sus acciones en la matriz Highfield Resources obteniendo millones de euros de beneficios

Imagen de la superficie que abarca el proyecto minero Muga. En amarillo la planta en superficie, en rojo la explotación subterránea.

La publicación de las cuentas anuales de Highfield Resources Limited pone de manifiesto que la fuga de directivos y promotores de su filial Geoalcali, que pretende explotar las minas de potasa en territorio aragonés y navarro, no se limita a la ya anunciada del que fuera Director de Desarrollo y cara visible del proyecto, Pedro Rodríguez.

Como ya explicábamos en un artículo anterior, en un primer momento Geoalcali perteneció a Geoxtrex Gestión Minera S.L., sin embargo, el 10 de agosto de 2012, Geoalcali pasa a manos de KCL Resources Limited, una sociedad australiana que, posteriormente, sería adquirida por Highfield Resources, el 12 de octubre de 2012, por un total de 150.000.000 acciones para los directivos de KCL, que en gran medida son los mismos que dirigen Highfield Resources.

Estos 150 millones de acciones se dividían de la siguiente forma:

• 50.000.000 Acciones ordinarias, que cotizan en bolsa.
• 50.000.000 acciones tipo A, que según estaba pactado, pasaron a ser cotizadas en febrero de 2015.
• 50.000.000 acciones Tipo B, que pasarán a ser cotizadas en el momento en que Geoalcali, tenga las minas en funcionamiento y esté extrayendo 500.000 toneladas de potasa al año.

Accionariado en 2015

Los miembros fuertes de Geoalcali tenían un alto porcentaje de las acciones de la matriz Australiana, algo bastante lógico ya que eran los principales valedores del proyecto y mostraban su confianza siendo principales accionistas, así mismo lo reflejaban las cuentas anuales de 2015 de la propia Highfield, en su página 72.

En ellas se mostraban la importante cantidad de acciones que tenían los principales responsables de Geoalcali. Pedro Rodríguez tenía un montante de 7.521.504 acciones, Raúl Hidalgo Fernández tenía 8.410.962 acciones y José Manuel Prada Fernández tenía 8.396.504 acciones.

Marcha de Pedro Rodríguez y Anthony Hall

En los 3 últimos meses el desconcierto y los cambios han sido constantes en la cúpula de Highfield Resources.

El pasado mes de marzo se producía un hecho relevante en el accionariado de Highfield Resources, Pedro Rodríguez uno de los principales representantes del proyecto en el Estado español sorprendía al mercado vendiendo la totalidad de las acciones que tenía en posesión. Unos meses después se conocía que junto a Anthony Hall abandonaban el consejo de administración de la propia Highfield Resources.

Acciones de Tipo B

Las acciones tipo B son los 50.000.000 de acciones que estaban destinadas a ser cotizadas y pasar a manos de los directivos que vendieron Geoalcali bajo la condición de que se antes del 18 de octubre de 2017 se tuvieran todos los permisos vigentes y se alcanzara una producción de 500.000 toneladas/año en las minas abiertas en el Estado español, de las que a día de hoy, ni siquiera Mina Muga, el más avanzado de los proyectos, tiene los permisos, encontrándose en fase de resolución del Estudio de Impacto Ambiental.

Ante el retraso en los permisos, por las diferentes deficiencias encontradas, y dada la complejidad del proyecto, Highfield Resources decidió ser aconsejada por unos expertos australianos y tras recibir asesoramiento y por decisión del consejo de administración el pasado 28 de septiembre  se anunciaba que la empresa iba a reducir las reservas en 11.500.000 de dólares australianos.

¿Por qué la reducción? Las reservas son como un remanente, un colchón que tienen las empresas para hacer frentes a determinadas situaciones, en este caso el tener que compensar a determinadas personas con 50.000.000 de acciones supondría un gasto para Highfield Resources.

La empresa reconoce en el propio documento que es casi improbable alcanzar el objetivo fijado para tener que abordar ese pago de 50.000.000 de acciones por lo tanto disminuyen sus reservas en 11.500.000 de dólares australianos que es el coste que estimaba que podría suponer este asunto.

Imaginen el dinero perdido por esas personas que esperaban obtener 50.000.000 de acciones de forma casi gratuita y que luego podrían vender en bolsa a un precio muy superior.

Accionariado en 2016

El pasado 30 de septiembre la propia Highfield Resources presentaba a través de los órganos oficiales de la bolsa australiana sus cuentas anuales 2016, en la página 98 de estas cuentas uno puede comprobar el estado actual del accionariado de la matriz australiana, donde llama la atención que ilustres nombres, que pueden ser identificados como la cara visible de los proyectos mineros en Nafarroa y Aragón, no estén entre los accionistas de Highfield Resources.

En ese sentido, Raúl Hidalgo desaparece del accionariado, recuerden que justo hace un año tenía 8.410.962 acciones, José Manuel Prada Fernández también desaparece con 8.396.504 de acciones, y Pedro Rodríguez desaparece del accionariado, recuerden que tenía 7.521.504 acciones.

Para más detalle y por si alguien sigue leyendo las cuentas anuales en la página 100 podrá encontrar las acciones tipo B antes citadas, pero recuerden lo que comentaba unas líneas más arriba la propia Highfield Resources reduce sus reservas ante la imposibilidad del alcanzar los objetivos para la conversión de estas mismas.

Conviene entender esto ya que sino alguno podría pensarse que los principales cabezas del proyecto en el Estado español siguen perteneciendo al accionariado, pero hay que recordar que estas acciones tipo B todavía no han sido emitidas y no parece que lo vayan a ser, por lo tanto no pueden ser vendidas ya que no las tienen en posesión.

¿Desbanda en Geoalcali?

Resulta curioso que tras las venta de las acciones por parte del Director de Desarrollo de Geoalcali, unos meses después se produjera la marcha del consejo de administración tanto por su parte como por Anthony Hall, dos de los principales representantes del proyecto en el Estado español, sin embargo, una vez conocidos los datos del accionariado las conclusiones que se pueden empezar a sacar parecen bastante claras.

Los principales representantes del proyecto han vendido todas sus acciones de Highfield Resources, por los precios en los que se ha movido el mercado, siempre con valores superiores a un dólar australiano (0,69 euros a 30 de octubre), las plusvalías han tenido que ser cuantiosas, tal y como desglosábamos podría haber sido la venta de Pedro.

A unos meses vista de obtener todos los permisos según anuncia la empresa a bombo y platillo de forma constante, conocer que los propios directivos de Geoalcali están abandonando el barco por la parte trasera, y con los bolsillos llenos, llama la atención. ¿Acaso ya no confían en el proyecto? ¿Piensan que no van a obtener los permisos oportunos? O quizás tan solo les importaba obtener unos jugosos beneficios en el mercado bursátil gracias a la especulación con los permisos mineros y realmente la explotación en sí era lo menos importante.

http://arainfo.org/los-directivos-de-geoalcali-continuan-abandonando-el-barco/