Que en pleno 2020, 45 años después de la muerte de Franco, el Senado no permita calificar de “régimen genocida” al franquismo –según la respuesta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet– explica lo profundo que fue el franquismo en la sociedad española, lo impunes que salieron sus crímenes y el blanqueo repugnante de que gozaron sus responsables. De ahí la protección a la memoria del franquismo por parte de quienes, directa o indirectamente, vienen de esa herencia histórica.
Es decir, resulta que al franquismo no debemos llamarlo fascismo, al dictador que mató a centenares de miles de personas no le podemos llamar genocida y a los asesinados, miles de ellos aún desaparecidos, no podemos llamarlos víctimas. Es el bochorno deleznable de una democracia, la única del mundo que nunca investigó el terrorismo de Estado después de la dictadura, a pesar de las peticiones internacionales. Por ejemplo, España ha hecho caso omiso de las resoluciones de la ONU que han reclamado reiteradamente la investigación tanto de los crímenes como de los desaparecidos de la dictadura. Tampoco hizo caso de la petición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que en el 2006, a instancias de una iniciativa de Lluís María de Puig, exigió la creación de una comisión de investigación sobre los crímenes de la dictadura y pidió que el 18 de julio fuera el día internacional de condena al franquismo. Y, ayer mismo, Suiza pidió lo mismo en la ONU, en una dura reprimenda a España. Lo cual obliga a una conclusión igualmente deleznable: la democracia española no se asentó en la concordia de todos, sino en la impunidad de los criminales.
Una impunidad que, según parece, el Senado quiere mantener incluso censurando las palabras. Dice, en la respuesta a la pregunta de Carles Mulet, que hablaba abiertamente de “régimen genocida e ilegal”, que “la pregunta contiene términos que suponen una falta de respeto” y que, por ello, niegan su registro y solicitan al senador que la reformule para poder aceptarla. O sea, que alrededor de 150.000 desaparecidos por la represión no son un genocidio; tampoco los miles de fusilados sin garantías de ningún tipo, cuyos fusilamientos se prolongaron durante décadas. Sólo en el Camp de la Bota fueron asesinadas de manera legal 1.717 personas, desde 1939 hasta 1952. Es decir, trece años seguidos fusilando a prisioneros políticos. Y hubo fusilamientos en toda España hasta el mismo año de la muerte del dictador. No hay ninguna duda, Franco fue un genocida y el franquismo fue un régimen genocida, lo niegue el Senado, o su porquero.
LA VANGUARDIA
