La euforia con que en España se han tomado la constitución del nuevo gobierno vitoriano por el hecho de haber echado los nacionalistas vascos del poder es sintomática de un hecho que trasciende la realidad de Euskadi. El entusiasmo es tan grande que no les parece ningún problema que el nuevo gobierno de Patxi López sólo tenga una tercera parte de la representación parlamentaria, ni ven ningún inconveniente en el hecho de que tenga que gobernar con un pacto suscrito con el PP que no tan sólo representa el polo ideológico opuesto del PSE-PSOE, sino que durante la campaña electoral el líder socialista se comprometió de manera rotunda y explícita a rechazar. En el fondo, la naturaleza política del nuevo gobierno vasco sólo se entiende en clave española y españolista -ellos dicen constitucionalista, tal como si el PNV fuera una banda de terroristas-, y esta misma lógica es la que ha permitido que el Parlamento esté presidido por una diputada conservadora que ni siquiera habla la lengua propia de Euskadi. ¿Se imagina, el paciente lector, una situación paralela en las Cortes españolas, con un presidente que no hablara español? Afortunadamente, esto no es imaginable ni en Cataluña.
Haciendo un símil, un poco forzado sólo por el hecho de que a diferencia del País Vasco en España es materialmente imposible que se produzca, lo que acaba de pasar en Vitoria es cómo si en Madrid un día gobernara una coalición de partidos autonomistas -CiU, PNV, BNG, ERC, EA, etc- para desalojar el nacionalismo español uniformista de PP y PSOE que gobierna desde 1982. Ciertamente, como que la lógica de este nuevo gobierno que tendrá que gobernar en minoría y bajo la espada de Damocles del PP es de naturaleza española, la estabilidad gubernamental también estará dictada desde fuera del país. Cuando se acerquen las elecciones generales, y cada vez que PSOE y PP entren en conflicto en Madrid, el gobierno vasco temblará, con independencia de la misma realidad vasca. Ahora el acuerdo ha sido posible gracias a un documento que, lo más suave que se puede decir, es que es triste. Posiblemente no podían ir mucho más lejos sin que se haya hecho explícito el carácter contra natura del acuerdo. Paradójicamente, estos dos partidos que se pasan la vida rumiando contra los conflictos identitarios, en aquello que más han podido ponerse de acuerdo es en las cuestiones de identidad: la lengua, la escuela o los medianos públicos de comunicación, que ven como los grandes instrumentos que podrán utilizar al servicio de la desnacionalització de aquel país y de su renacionalització española. Que lo consigan ya es otra cosa, ¡pero a fe de dios que lo intentarán!
Aun así, el acuerdo para este nuevo gobierno en el País Vasco, formalmente legítimo pero que tendrá muchos problemas de aceptación popular en su propio territorio, hay que interpretarlo más allá del gesto que significa en contra del nacionalismo vasco y, de hecho, contra la supervivencia de una nación vasca con aspiraciones soberanistas. Y es que el entusiasmo desbordado y absolutamente acrítico que el nuevo gobierno ha creado en las élites políticas, mediáticas e intelectuales españolas -y, por lo tanto, también en la opinión pública vecina- tiene que ver, sobre todo, con el clima profundamente antiautonomista que se vive en España. Efectivamente, ya no se trata sólo que el proyecto de nación española sigue siendo profundamente unitarista y uniformista y, por lo tanto, que España nunca haya aceptado un modelo plurinacional que desde aquí nos habían hecho creer -o nos habíamos querido creer- que podía ser. No: ahora ya ni siquiera aceptan este modelo autonómico del cual tanto se van enorgullecer internacionalmente pero que se tragaron únicamente para aguar las exigencias históricas de vascos, gallegos y catalanes. Quiero decir que ahora van más lejos del viejo y conocido anticatalanismo ancestral de los españoles, y que ya hay una mayoría de élites que creen que no sólo los nacionalismos vasco y catalán estorban, sino que incluso las autonomías, aunque sean las propias, son un estorbo para el buen funcionamiento del Estado. Si fuera partidario del cuanto peor, mejor, tendría que estar francamente contento. Curiosamente, quién está en el camino de poner en crisis el modelo autonómico no somos quienes no hemos visto satisfechas las expectativas prometidas, sino a quienes los cayó una autonomía de regalo, sin haberla pedido nunca. Y es verdad que si alguien puede crear una crisis constitucional, son los mismos españoles. Ojalá nos encuentre a punto. Pero, mientras no llega el momento, todo hace pensar que nos tocará padecer, y que los intentos de recuperar competencias por otras vías, procedimiento suficientemente conocido, será especialmente intenso los próximos meses y años.
No quisiera estar en la piel del actual gobierno ni de los que puedan venir. Cerrada la vía estatutaria, rematada con una financiación insuficiente y un Tribunal Constitucional que reflejará el estado de ánimo de la opinión pública española más influyente, los gobiernos de la Generalitat de Cataluña vivirán tiempos adversos. Entretanto, mientras el político permanezca atrapado en este callejón sin salida, meditando si le hace falta o no tomar la gran decisión que el país necesita, el resto tenemos que seguir dando los pasos en la dirección adecuada, es decir, la de nuestra internacionalización. En definitiva, apertura máxima en el mundo en el terreno empresarial, científico y cultural. Y, por lo tanto, mínimas energías para seguir estando allá donde no nos quieren, e irnos acercando allá donde queremos llegar.
