A menudo se dice que las batallas ideológicas las ganan quienes imponen el relato. La cosa es aún más elemental. Vence quien determina el sentido de las palabras. Palabras como ‘libertad’, ‘progreso’, ‘igualdad’ o ‘justicia’, y otra muy importante: ‘identidad’. Esta noción central del catalanismo ha sido interceptada y redefinida por la propaganda al servicio del Estado con el fin de privarla de su potencial de movilización. Los españoles saben que la identidad catalana es un hecho insoluble, a pesar de los disolventes aplicados de 1714 a esta parte. Tan difícil de digerir es esta pieza, que el Leviatán español no puede evitar regurgitarla cada vez que intenta tragársela. Por poner un ejemplo todavía caliente: la señora Parlón ya puede repetir el mantra de su partido contra la identidad (la catalana, se entiende), que la necesidad obliga a su jefe de filas a reconocer Cataluña como nación cultural.
Sánchez ofrece una migaja identitaria que ya recoge la constitución bajo el concepto de nacionalidad histórica. Es así que el PSOE más magnánimo nos propone avanzar en la rueda de la jaula para volver al instante fundacional del Estado actual. La oferta, no hay que decirlo, es un brindis al sol, no sólo por la condescendencia con que otorga una definición políticamente castrada de catalanidad, sino porque ni siquiera está en su mano ejecutarla. Qué sentido tiene ahora formalizar en un documento tan inconsistente como es una constitución española la existencia de una nación cultural, que si algo significa es una lengua sitiada, empobrecida y fragmentada en todos sus territorios; una literatura ignorada fuera del dominio lingüístico propio; unos medios de comunicación precintados dentro de sus jurisdicciones autonómicas; una historia perseguida desde los ministerios y las Reales Academias; una cultura folklorizada al tiempo que incongruentemente atacada por burguesa; y una idea de catalanidad tan vaga que el último lerrouxista venido del sur o del centro de la península puede denunciar su discriminación desde todos los micrófonos y desde el mismo atril del parlamento si alguien expresa la menor duda sobre la autenticidad de la identidad que niega con su conducta
El Lerroux original nunca llegó tan lejos en su cinismo. Este trato posesivo, este disponer de la identidad ajena y reírse de la misma describe perfectamente la actitud del dueño. Es una relación desigual. Un catalán desplazado a Castilla o Andalucía siempre será un catalán. Los mismos hijos de estas regiones, emigrados a Cataluña, se convierten en ‘los catalanes’, por lo que el grumo ideológico que confunde la españolidad con Cataluña se deshace en las aguas del Ebro. Pasada la orilla derecha, nadie identifica la españolidad con las formas de vida catalanas. Y ni hay que atravesar el río. El desahucio aflora cada vez que el españolismo ‘pied-noir’ ataca la inmersión lingüística, rechaza el catalán en el Parlamento, desautoriza a los Mossos d’Esquadra, amenaza a los cargos del gobierno y desprecia las instituciones del país. No nos engañemos: el unionismo actúa así por razones identitarias. Si no considera la catalanidad ‘Estado’, tampoco sabría reconocer su hispanidad.
A pesar de la euforia por la transversalidad del independentismo, los catalanes han sufrido un revés importante cuando han interiorizado el ataque a la identidad. Irreflexivamente, se han desprendido de uno de los instrumentos clave en todos los movimientos de liberación. Hoy es común renegar de la identidad, fiándolo todo a la supuesta racionalidad de unos objetivos económicos, o sea, a la denuncia de la desproporción entre lo que el Estado ingresa y lo que gasta en Cataluña. Son muchos los que creen más noble, moral e inteligente invocar razones pragmáticas que, en realidad, se agotan en el hipotético reequilibrio de las balanzas fiscales. Pero un problema de inversiones no explica por sí mismo el enfrentamiento radical con el Estado. El derecho a decidir, o sea, el reconocimiento de un nuevo sujeto político, es de arriba abajo una cuestión de identidad. La autonomía efectiva presupone una identidad determinable. Esta, y no otra, es la auténtica manzana de la discordia, porque la identidad se juega a dos bandas. Por más que los defensores de terceras vías lamenten que el referéndum divide la sociedad catalana, el término medio no existe.
Decidir es aceptar la responsabilidad de un futuro en lugar de otro. Cuando los españoles sostienen que la soberanía no es divisible, no practican teoría política sino que defienden una identidad que consideran inviolable. Una identidad basada en la negación de la catalana. Y la acritud con que la defienden es comprensible: están en juego trescientos años de dominio y unas maneras de pensar y actuar que dan como un hecho la relación de poder. Como la fábula del amo y el esclavo, España se siente ser, se vitaliza en la sumisión instintiva que degrada al vasallo. Y a la inversa, en la reivindicación catalana los españoles intuyen una disminución ontológica, una pérdida de sustancia que les resulta insoportable. El dueño no puede existir sin el esclavo. Es por ello que, cuando el esclavo se despereza y reclama el reconocimiento, la lucha es a muerte.
El derecho a decidir no depende de si Cataluña está más expoliada o menos, de si el Estado catalán será más próspero que la Comunidad Autónoma, de si de legislar sin el corsé de la constitución española resultará en una sociedad más justa y armoniosa. Todas estas cuestiones son subsidiarias de la identidad que las reivindica, porque es y se sabe un agente moral autónomo. Es la desidentificación de cada vez más catalanes respecto del sujeto que pretende gobernarlos conforme fines heterónomos lo que hace insoportable el yugo actual. Y a la inversa, las personas poco o nada desidentificadas con el Estado son las que hoy se oponen al referéndum, sea en nombre de un descarnado derecho de conquista prolongado en una legalidad opresiva, sea en nombre de un derecho a decidir platónico que se remite a la milagrosa transformación del dueño en cómplice de nuestra libertad.
El paternalismo, decía Kant, es el peor de los despotismos. Se trata, con la finta de reconocer la obviedad y negar a su vez su eficacia, de mantener la dependencia. El 1 de octubre, la decisión no puede ser otra que saber si Cataluña quiere hablar de tú a tú con el Estado, es decir, si logra la dignidad de sujeto político o no. Y esta decisión no se toma en el terreno de la legalidad del Estado sino en el terreno donde hay que llevar al Estado para obligarle a reconocer la identidad del esclavo, que por este solo hecho dejará de serlo.
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