El número creciente de hablantes de idiomas distintos del inglés ha hecho aumentar notablemente el movimiento English-only entre sectores conservadores
El primero de marzo pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva declarando el inglés como lengua oficial de Estados Unidos. Según establece la orden: «Establecer el inglés como lengua oficial no sólo agilizará la comunicación, sino que también reforzará los valores nacionales compartidos y creará una sociedad más cohesionada y eficiente». Aunque el inglés es el idioma más hablado y utilizado por el gobierno federal de EE.UU., en la educación y en el mundo de los negocios, la constitución de Estados Unidos no contiene una disposición de lengua oficial. Ésta es una curiosidad, por excepcional, que resalto cuando explico a mis estudiantes el significado y variaciones de las declaraciones de lenguas oficiales en la consolidación del modelo de Estado nación que emergió de las revoluciones liberales. Hoy, 180 estados tienen aproximadamente disposiciones constitucionales sobre la oficialidad lingüística, y en la mayoría se reconocen varias lenguas oficiales. Sin embargo, la declaración de una sola lengua oficial tuvo un papel esencial en el proceso de construcción nacional (‘nation building’) en EE.UU. y en la mayoría de democracias liberales; un proceso que se llevó a cabo mediante políticas de destrucción nacional (‘nation destroying’), parafraseando el elocuente título del influyente artículo de Walker Connor publicado en World Politics en 1972 (“Nation Building or Nation-Destroying?”). El paradigma asimilacionista, típicamente negacionista de la diversidad lingüística y cultural y promotor de un ideal monocultural de Estado nación antitético al reconocimiento de las minorías nacionales y de los pueblos originarios prevaleció durante esta fase. En la legitimación de la asimilación coercitiva pesaron razones de cohesión y unidad nacional, pero también argumentos supremacistas, etnicistas y racistas que asumían la superioridad de ciertas lenguas y culturas sobre otras consideradas inferiores o «poco civilizadas».
Las disposiciones constitucionales de lengua oficial (generalmente, exclusiva) son, pues, características de la genealogía de los estados liberal-democráticos, que nunca han sido neutrales respecto a la lengua y la cultura. Es interesante, pues, explorar las razones de esta omisión en EEUU y las motivaciones de la administración Trump para promover un cambio tan significativo a escala federal desde la fundación del Estado, hace casi 250 años.
Un apunte histórico es imprescindible para abordar estos interrogantes: en el momento constitucional fundacional (1787) los territorios (ex-colonias) que pasaron a formar parte de EE.UU. estaban compuestos por poblaciones que hablaban lenguas muy diversas, además del inglés. De hecho, los colonizadores anglosajones y sus descendientes formaban menos de la mitad de la población en el tiempo de la revolución. Lenguas indígenas como el algonquino (hablada, entre otros, por los pueblos ojibwe o cree) o el iroqués (de las tribus mohawks o los cherokees), el atapascano (de los apaches o los navajos) eran muy habladas por los mismos, pero estos pueblos fueron excluidos del imaginario nacional por los revolucionarios liberales y también del proceso constituyente. Por otro lado, aunque el inglés predominaba en las trece colonias originales fundadas por colonos anglosajones, coexistía con lenguas europeas como alemán, francés o neerlandés, muy presente en algunos territorios. En Nueva York, por ejemplo, existía una comunidad importante que hablaba neerlandés, y el alemán era el idioma de una parte notable de la población en Pensilvania, donde se establecieron un gran número de inmigrantes neerlandeses de habla alemana. El francés estaba muy presente en zonas como Luisiana (antes de ser comprada en Napoleón en 1803) y el español era un idioma dominante durante el período de formación estatal en varios territorios, especialmente en las regiones que fueron antiguas colonias del imperio español. Es el caso de Florida (antes de ser adquirida por Estados Unidos a España en 1819) o de los territorios del suroeste, como Texas, Nuevo México, Arizona, California y partes de Wyoming y Colorado, hasta el siglo XIX. El Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848), que puso fin a la guerra con México, significó la expansión hacia el oeste, pero el español siguió siendo una lengua importante en el comercio y la vida cotidiana entre las comunidades hispánicas locales.
Este multilingüismo social, y la conciencia de que EEUU (a diferencia de los estados europeos) se funda con un ideal de sociedad diversa que incluye a inmigrantes de todo el mundo que contribuyen a generar riqueza, son factores que podrían explicar que los redactores de la constitución no vieran la necesidad de incorporar una disposición sobre la lengua oficial. Sin embargo, el documento constitucional se escribió en inglés, que también fue la lengua en la que se conducían los debates constitucionales en los célebres ‘Federalist Papers’ (‘Papeles federalistas’), una serie de 85 ensayos escritos entre 1787 y 1788 por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay que explican y defienden los principios constitucionales y se consideran documentos fundamentales en el pensamiento político y constitucional. Los ‘Papeles’ tenían el objetivo de promover la ratificación de la constitución y no abordaron directamente la cuestión de lengua oficial, pero sí subrayaban la importancia de crear una nación unificada ante los retos que planteaban los Estatutos de la Confederación, que habían demostrado ser ineficaces para gobernar la república incipiente. En el núm. 2, por ejemplo, Jay argumenta que una lengua común ayudaría a fomentar la unidad nacional y la identidad compartida, asumiendo que el pluralismo lingüístico podría ser un reto para la construcción nacional. Madison y Hamilton no trataron directamente de la cuestión lingüística en sus escritos, pero les preocupaba la autonomía estatal y el equilibrio con el gobierno federal. Por eso coincidían en la necesidad práctica de un gobierno federal fuerte para mantener el orden y combatir el riesgo de posibles facciones, como argumentó Madison en el núm. 10.
Entre los “padres fundadores”, Benjamin Franklin era quizás el más consciente de la naturaleza multilingüe del país. A este respecto, la omisión de una cláusula de lengua oficial era un elemento que permitía un enfoque del federalismo más inclusivo, que reducía el riesgo de confrontación interna (que era una de sus preocupaciones centrales). Sin embargo, Franklin, alarmado por la proliferación de periódicos y firmas en alemán, y también de las escuelas que enseñaban en esta lengua en Pensilvania, escribió: “¿Por qué Pensilvania, fundada por los ingleses, debería convertirse en una colonia de extranjeros, que pronto serán tan numerosas como para germanizarnos en vez de nosotros anglosajonizarlos a ellos, y no adoptarán nuestra lengua o costumbres?” (traducción propia).
En definitiva, el hecho de que el país estuviera en las primeras etapas de construcción y la población hablara lenguas diversas acabó evitando la inclusión de una disposición constitucional referida a la lengua oficial. La constitución deja estas decisiones en los estados, en lugar de dictar una única política lingüística de ámbito federal.
Ahora, aunque en este período inicial del constitucionalismo americano no se aboga explícitamente por una política lingüística nacional, existen muchos elementos que permiten extrapolar que una lengua unificada (inglés) se consideraba una necesidad pragmática (para simplificar la comunicación en todo el país), pero también de construcción cultural e identitaria de la nación. Para empezar, como he mencionado, el inglés fue el idioma utilizado para la redacción de la constitución y establecimiento del gobierno federal para las trece colonias iniciales. Esto generó, por tanto, exclusiones ‘de facto’ significativas en la configuración del poder estatal típicas del ‘settler colonialism’. Y si bien la omisión constitucional sobre la lengua oficial garantizaba el compromiso simbólico con la diversidad y la soberanía de los estados federados, cada uno con su idiosincrasia cultural, la imagen de tolerancia y pluralismo que pretendían proyectar los revolucionarios liberales no se corresponde con las prácticas homogeneizadoras. Las declaraciones de unidad de “espíritu nacional” para legitimar la unidad de las colonias y la construcción de un único Estado federal desterraba a numerosos pueblos y comunidades con una identidad diferenciada –claramente, los negros y los pueblos indígenas originarios.
Por lo que respecta al factor lingüístico, de hecho ocupó un rol central en la expansión del Estado más allá de las colonias constituyentes. Por lo general, se procuró que dominara una población anglófona antes de la accesión y en muchos casos las fronteras territoriales internas se crearon para evitar que coincidieran con los grupos culturales autóctonos, pre-existentes a la colonización. Por ejemplo, en los territorios dominados por navajos o chicotes se tomó una decisión deliberada de no aceptarlos como nuevos estados sin alterar antes la demografía hasta superar numéricamente a los grupos locales. En algunos casos, este objetivo se logró rediseñando las fronteras, de modo que los pueblos indígenas o los grupos de hispanos quedaran en minoría en sus territorios tradicionales. En otros casos, se promovió la emigración anglófona hacia un determinado territorio y se adoptaron políticas concretas dirigidas a la supresión de lenguas minoritarias de la esfera pública, como fue el caso del español después de la guerra con México en 1848. En otros casos, como Hawaii, la admisión como miembro de la federación se aplazó hasta que la influencia de los colonos anglófonos y su acceso al poder local fuera indiscutible. La ley federal de 1910 que concedió la estatalidad a Arizona y Nuevo México fue particularmente explícita, pues requería que las escuelas públicas operaran en inglés y que los oficiales y legisladores del estado leyeran, escribieran, hablaran y entendieran la lengua inglesa. Evidentemente, esta exigencia impuso serias limitaciones al ejercicio de los derechos individuales de participación política a un número significativo de ciudadanos que no hablaba inglés y también suprimió los derechos colectivos de los pueblos originarios que aspiraban a mantener el autogobierno sobre sus territorios ancestrales.
Un caso interesante es Luisiana, que fue el único estado admitido en la federación en un momento en que la mayoría de la población no hablaba inglés, sino francés, sobre todo. La adquisición de este territorio en 1803 dobló el territorio estadounidense así como su población francófona. Pero más que el número en sí de francófonos, el presidente Thomas Jefferson estaba preocupado por la concentración territorial. Napoleón había accedido a vender Luisiana bajo la condición de que sus habitantes gozarían de todos los derechos, privilegios e inmunidades, según la constitución federal, de los demás ciudadanos estadounidenses. Aún así, la constitución no ofrecía ninguna guía sobre el estatus de los pueblos anexionados, y el tratado carecía de mecanismos de ejecución. Aunque se confiaba en la honorabilidad de las intenciones estadounidenses, James Crawford comenta que, pese a que Jefferson firma el tratado, en privado expresa la idea de que “los nuevos ciudadanos incorporados son tan incapaces de autogobernarse como los niños”. Pese a las promesas hechas a Napoleón, el presidente de EEUU pronto mostraría claramente su actitud imperialista nombrando un gobernador que no hablaba francés y suspendiendo la celebración de elecciones locales. El descontento aumentó, y Jefferson aconsejó a su gobernador que revisara la política de inglés oficial, pero los planes para “americanizar” el territorio continuaron con la promoción de asentamientos en masa en la zona. Cuando Luisiana pasó a ser un estado de la Unión, todavía retenía a una mayoría de francófonos, pero el congreso insistió en que las leyes e informes oficiales fueran publicados sólo en inglés y que se reemplazara el código de derecho civil francés por la ‘common law’ (sobre esta medida de supresión cultural y lingüística y otras de similares, véase J. «Craw and Towers”. Reading, Mass., Addison-Wesley, 1992).
El caso de Puerto Rico es también interesante. Tras la invasión norteamericana de 1898, el inglés pasó a ser, ‘de facto’, el idioma oficial de la isla, porque era el único que utilizaban los gobernadores militares y sus ministros. Poco después, en 1902, se aprobó una ley que disponía la cooficialidad del inglés y del español, pero la asimilación cultural inmediata de Puerto Rico se convirtió en objetivo primordial de la administración colonial. Incluso el nombre de la isla cambió: oficialmente, Puerto Rico pasó a ser “Porto Rico”, denominación que prevaleció hasta 1932. También, como en el caso de Luisiana, se suprimieron las instituciones de derecho civil y las leyes federales establecían procedimientos para imponer el inglés como idioma de enseñanza escolar (esta imposición perduró oficialmente hasta 1949).
En cuanto a los pueblos indígenas, Estados Unidos –como Canadá o Australia– no tuvo ningún tipo de reserva en utilizar mecanismos coercitivos. La frustración por la lentitud de la asimilación llevó a tomar medidas para “civilizar al enemigo”. La ‘Indian Peace Commission’, creada en 1868 para investigar por qué razón los americanos nativos ofrecían tanta resistencia a su “destino manifiesto”, concluyó que la mejor forma de acelerar el proceso era la asimilación lingüística: “mediante la igualación del lenguaje se produce la igualdad de sentimiento y pensamiento; costumbres y hábitos moldeados y asimilados de la misma manera”. Ésta fue la raíz de la iniciativa federal para reconstruir la identidad indígena a imagen y semejanza del “hombre blanco” (que hoy podría calificarse de auténtico genocidio cultural). El racismo y el supremacismo blanco predominantes imprimieron un carácter paternalista benevolente a las aberraciones y sufrimientos infligidos en los pueblos originarios. Los niños fueron separados de sus padres, en su mayoría forzosamente, y conducidos a escuelas públicas residenciales alejadas de sus tribus, donde eran severamente castigados si hablaban en una lengua distinta del inglés (aparte de ser objeto de otros abusos y torturas). El sistema de internados federales de Estados Unidos funcionó de 1819 a 1969 e incluía 408 escuelas. Este sistema tenía como objetivo suprimir las lenguas indígenas y asimilar a los niños a la cultura dominante, con consecuencias traumáticas, individual y colectivamente. En 2021, la secretaria de Interior, Deb Haaland (primera representante indígena norteamericana en servir al Departamento de Interior de Estados Unidos) promovió la Iniciativa de Internados Indígenas Federales, para abordar la historia y el impacto persistente de estas escuelas. El departamento elaboró un informe de investigación, profundizando en registros históricos y documentando los lugares donde estaban las escuelas y los nombres de los niños que estuvieron internados. También promovió la campaña «The Road to Healing» para recoger historias de antiguos estudiantes y sus familias. Sheldon dijo, citando al precedente canadiense, que la ‘Iniciativa de la Verdad’ del Departamento de Interior era un elemento importante en el proceso de curación, pero era necesaria una comisión con más poderes, como la ‘Comisión de la Verdad y la Reconciliación’ canadiense, para acceder a los registros de todos los niveles de gobierno y entender todo lo que pasó.
Pero, volviendo a la lengua oficial y la concepción de “nación de inmigrantes”, evidentemente sería absurdo definir los grupos nacionales que actualmente encontramos en Estados Unidos o Canadá sobre la base de la cultura, la raza o la descendencia étnica común. Lo importante, sea como sea, es que las constataciones empíricas no se erigieron nunca en un argumento de peso para impedir la implicación institucional en un proceso de construcción nacional unitario (de “americanización”, si se quiere) que trató de resaltar la unicidad de tradiciones, lengua y valores culturales ante la diversidad existente: ‘E pluribus unum’. Éste era el lema. Por eso expertos e historiadores sostienen que, a pesar de los diversos modelos de construcción nacional e integración en Francia y EE.UU., en el fondo, la idea del ‘melting pot’ también asumía que el resultado de la “mezcla” sería la hegemonía de los valores y la lengua de los colonos dominantes.
En definitiva, es posible realizar una lectura anglocentrista (de supremacismo ideológico blanco y anglófono) en la historia de construcción nacional de EEUU. Esta naturaleza sesgada del ‘melting pot’, pese a la aparente neutralidad cultural del paradigma constitucional liberal, se evidencia en tiempos de crisis, cuando alguna otra versión cultural, distinta a la lengua y cultura dominantes, parece ganar terreno. Éste es el caso del español y otras lenguas que han persistido a pesar de las políticas asimilacionistas, o que hablan los inmigrantes que son “nuevos ciudadanos”. El censo de 2020, por ejemplo, mostraba un número creciente de personas que hablaban idiomas distintos del inglés en casa, algo que desde principios del siglo XXI ha hecho aumentar notablemente el movimiento ‘English-only’ (‘Sólo inglés’) entre sectores conservadores que defienden el establecimiento del inglés como única lengua oficial de Estados Unidos.
El movimiento ‘English-only’ ha tenido un impacto significativo para preservar o promover cambios constitucionales de ámbito estatal sobre todo en territorios donde la población mayoritaria anglófona ha percibido un riesgo de minorización del inglés, en el contexto de las tendencias demográficas y de cambios culturales que han hecho que el español tenga un papel cada vez más destacado tanto en la vida pública como en la vida privada en algunos estados. Este movimiento, que Trump contribuye ahora a consolidar, se basa en una ideología política y social centrada en limitar el uso de otros idiomas, como el español, en la vida pública. El objetivo principal es garantizar que las funciones gubernamentales, incluidos los documentos oficiales, los servicios gubernamentales, la educación y la aplicación del derecho, sean exclusivamente en inglés. Los defensores se asocian a sectores contrarios a las políticas multiculturales para preservar la diversidad cultural, la autodeterminación indígena y el plurilingüismo social, aspirando a unificar culturalmente el país imponiendo el inglés como lengua única. El discurso más excluyente promueve una concepción racista y esencialista de la identidad norteamericana y de la ciudadanía, que ‘de facto’ identifica como “foráneos” o “ciudadanos parciales” (de segunda, en la práctica) a los miembros de poblaciones o comunidades latinas o indígenas (aunque no sean necesariamente inmigrantes). Aparte argumentos pragmáticos (como la eficiencia económica), los defensores argumentan que oficializar el inglés de forma exclusiva promoverá la unidad y la cohesión nacionales, facilitará la comunicación y asegurará que los nuevos inmigrantes se asimilen a los valores y costumbres de la sociedad estadounidense. En la práctica, el impacto está claro en la reducción de los recursos multilingües en escuelas y gobierno. California y Arizona, por ejemplo, tienen importantes poblaciones de hispanos. Alrededor del 39% de la población californiana se identifica como hispano o latino, y en Arizona el porcentaje es del 31%, más o menos. Muchas de estas personas son hispanohablantes nativos (no siempre de origen inmigrante reciente, sino que provienen de hogares en los que se habla español como lengua materna aunque sean familias nacionales americanas). Pese a que es poco probable que el español supere al inglés, el hecho de que sea la segunda lengua más hablada en Estados Unidos y que las comunidades hispanohablantes vayan creciendo y tengan tasas de natalidad más elevadas comparativamente, ha hecho que el español se utilice ampliamente en la vida cotidiana, incluidos los medios de comunicación, los negocios. En zonas como el sur de California, el español se habla habitualmente en los barrios, escuelas y empresas y los medios de comunicación en español (canales de televisión, radios, periódicos) tienen una gran audiencia hispánica, normalizando la lengua en los espacios públicos. Como reacción a este fenómeno, varios estados han constitucionalizado el inglés como única lengua oficial (Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Michigan o California) y otros han aprobado enmiendas o leyes constitucionales similares, en línea con el movimiento sólo inglés. Sin embargo, estados como Nueva York, por ejemplo, no tienen ninguna cláusula similar, y el gobierno de la ciudad de Nueva York se dirige a los ciudadanos en varias lenguas. O en Hawái, por ejemplo, el hawaiano es una lengua oficial junto con el inglés, lo que refleja la herencia cultural única del Estado; en Nuevo México la propia constitución prevé el uso del español en determinados contextos legales y educativos.
La nueva administración Trump ha hecho suyo el movimiento ‘English-only’, que encaja con su posición sobre inmigración y unidad nacional. Previsiblemente, se enfrentará a críticas por marginar las comunidades no anglófonas y por el retroceso que significará en la limitación del multilingüismo y en la política de revalorización de las herencias culturales de los estadounidenses y del derecho a la supervivencia cultural de los pueblos indígenas, promovida por los gobiernos demócratas estas últimas décadas. La orden ejecutiva tendrá un impacto en la experiencia educativa de ciudadanos biculturales, con identidades híbridas, que había mejorado sustancialmente los resultados académicos y el sentimiento de orgullo y pertenencia. Los críticos argumentan que es una orden que socava la diversidad cultural y lingüística de EE.UU. y podría tener consecuencias negativas para los inmigrantes, las minorías nacionales y los pueblos indígenas. En el último caso, las lenguas indígenas son una parte importante del patrimonio cultural e histórico de la nación, aunque sus hablantes se han enfrentado a enormes retos a causa de la colonización, la asimilación forzada y las políticas de supresión cultural. Hoy en día, muchas lenguas indígenas se encuentran en peligro de extinción, pero los esfuerzos por preservarlas y revitalizarlas habían sido significativos, con programas federales de inmersión lingüística como las escuelas de inmersión de los pueblos navaho y cherokee, y también en el terreno tecnológico (por ejemplo, la aplicación Duolingo ofrece un curso ofrece un curso de cherokee). La ‘Native American Languages Act’ (Ley de lenguas nativas americanas), de 1990, fue muy importante para reconocer y revitalizar las lenguas indígenas de los pueblos originarios. Ahora muchos tememos que la administración Trump traerá una regresión importante en la política de reconocimiento de la identidad cultural de estos grupos como parte esencial de la identidad nacional. La orden ejecutiva dispone que en adelante las agencias y organizaciones gubernamentales que reciben financiación federal pueden elegir si quieren ofrecer documentos y servicios en idiomas otros que el inglés, revocando una orden firmada por el presidente Bill Clinton en 1990 que exigía que estos organismos proporcionaran asistencia lingüística a gente que no hable inglés. La idea de que el bilingüismo y la diversidad son peligrosos porque amenazan la cohesión social y el retorno a un ideal excluyente y etnicista, esencialista, en definitiva, de nación, contrasta con un modelo pluralista de nación y de integración basado en valores constitucionales de respeto, reconocimiento y tolerancia por la diversidad cultural y el multilingüismo.
Estos últimos son los valores que exaltaba el pabellón de EE.UU. en la Bienal de Venecia del año pasado, que diseñó Jeffrey Gibson, miembro de la ‘Mississipi Band of Choctaw Indians’ y de ascendencia cherokee. El pabellón estaba lleno de referencias a subculturas populares, estéticas tribales, literatura y tradiciones artísticas locales que se convierten en globales. Personalmente, me impresionó el trabajo de perlas, los textiles y los objetos y artilugios que reflejaban las realidades vibrantes de las comunidades indígenas de Estados Unidos, en una forma de crítica cultural que involucra un compromiso con un Estado que incorpora estas identidades y formas artísticas en lugar de borrarlas. La visión inclusiva de Gibson, que incluía obras de arte indígenas referidas a disposiciones constitucionales referidas a los derechos civiles, son exactamente lo contrario del imaginario de Trump y el populismo nacionalista conservador.
*Catedrática de derechos humanos en el Graduate Institute of International and Development Studies, Ginebra.
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