El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, viajaron a Nueva York para anunciar que el gobierno catalán crearía una empresa energética «pública». ¿Pero qué significa en el siglo XXI poner el calificativo de “pública” a una empresa? ¿Qué significa la «titularidad pública» de una empresa?
A mediados del siglo pasado hubo una tendencia, entre las izquierdas de influencia marxista, a defender el modelo de empresas, propiedad del Estado, que existía en la URSS, en la República Popular China y en el resto de países de su influencia. También, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos estados occidentales decidieron “nacionalizar” empresas energéticas. En el Estado español, después del triunfo de la guerra que siguió al golpe de estado fascista, el dictador y quienes le apoyaban, crearon una retahíla de empresas propiedad del Estado y eufemísticamente las calificaron de «públicas». Son una muestra aquel grupo empresarial que se llamó Instituto Nacional de Industria (INI) y ENASA, dos de las que fueron más emblemáticas del franquismo. Otras, en el campo de la energía, fueron ENDESA, ENHER, GESA, UNELCO y CAMPSA.
¿Qué significado tenía entonces la palabra “pública”? En resumen, quería decir que la empresa era propiedad de la administración franquista del Estado. Y era ese aparato el que nombraba, a dedo, los consejos de administración y los directivos, que solían ser fieles servidores de la dictadura.
Hoy sigue existiendo empresas llamadas “públicas” en varios niveles de la administración del Estado (sobre todo municipal, pero también autonómico). Todas estas empresas son propiedad de las administraciones, que siguen nombrando los consejos de administración y los directivos a dedo, al igual que lo hacía el franquismo, pero ahora según los equilibrios políticos existentes en el municipio o en la autonomía (el nombramiento lo suele hacer el alcalde de turno o el presidente o el consejero de turno de la autonomía). Hay muchos ejemplos de esta práctica y es muy aleccionador mirar sus consejos de administración. Un caso muy concreto es la empresa TERSA, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y del Area Metropolitana de Barcelona.
Hoy, en pleno siglo XXI, no tiene sentido continuar utilizando la palabra “pública” con el mismo significado que tenía en tiempos pasados y con las maneras de actuar que se han mantenido. Hoy todavía hay determinados sectores de la autonombrada “izquierda” que mitifican la palabra “pública” y que cuando la llevan a cabo, en la práctica, reproducen las formas de hacer del franquismo.
Con la muerte del dictador, viví personalmente una experiencia que me marcó profundamente. Una persona de izquierdas, muy comprometida en el mundo sindical en el centro de España, al saber que un grupo de gente había creado una cooperativa de técnicos para desarrollar tecnología eólica (era a principios de los años ochenta), nos dijo: “Por qué creais una cooperativa?, ¿para autoexplotaros? En España ya hay una empresa ‘pública’, el INI”. El hecho es que mientras el INI no salió adelante a la hora de desarrollar tecnología eólica, y derrochó muchos recursos, con un coste muy inferior la empresa cooperativa se convertía en líder mundial en tecnología eólica.
En el mundo hay, desde hace años, más formas de concebir las llamadas empresas “públicas”, mientras en el Estado español se sigue mimetizando la forma de hacer que impuso la dictadura y que se ha ido manteniendo en los años que han seguido a la llamada transición.
Ahora es necesario repensar el concepto de “público” aplicado al mundo empresarial. Que una empresa sea propiedad de la administración (del nivel que sea) no quiere decir que sea una empresa “pública”, aunque esté al servicio de la sociedad. En el mundo existen empresas que son propiedad directamente de los ciudadanos, en las que los ciudadanos eligen, en elecciones directas, los consejos de administración, independientemente de las elecciones que puedan existir para configurar los consistorios locales o los gobiernos supralocales. Y existen muchas formas jurídicas que puede adoptar una empresa de estas características: cooperativa, sociedad limitada, sociedad anónima, comunidad de bienes, etc. Pero para que una empresa pueda ser considerada «pública» al servicio de la sociedad se necesitan dos requisitos: 1) que sea abierta a la propiedad de los ciudadanos a los que sirve; y 2) que su consejo directivo sea elegido en elecciones directas, independientemente de las elecciones que se hagan para los gobiernos municipales y autonómicos.
Si en Cataluña queremos hacer un país nuevo, debemos dejar atrás las obsoletas prácticas del pasado. Y, claro, esforzarse por imaginar y hacer nacer nuevas maneras de hacer lo público, aprendiendo de las mejores experiencias que haya en el mundo. Hacer empresas “públicas” siguiendo los esquemas del pasado, aparte de ser una mala iniciativa, un desperdicio, es una coartada para poner a gente ‘de la cuerda’ de quien decide crearla, vicio endémico en el Estado español.
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