El revuelo creado en torno a la quema simulada de algunas páginas de la Constitución, por parte de Empar Moliner, en su sección del programa Els Matins, de TV3, con denuncias a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción, demuestra muchas más cosas que el déficit espeluznante de cultura democrática de España. Demuestra también hasta qué punto el franquismo sigue vivo a través de falsos demócratas que, como he dicho varias veces, han tenido que desteñir el color ‘azul’ de su camisa obligados por la coyuntura política de los nuevos tiempos. Con todo, si Franco, en vez de morir a los 82 años, hubiera muerto a 92, el régimen se habría prolongado hasta 1985. Es cierto que, por suerte, muchas de las momias vivientes de aquellos días ya no están, pero quedan sus hijos ideológicos; unos hijos que, a pesar de ser menos ruidosos que sus padres, son bastante más sibilinos. Son, por así decirlo, mucho más cínicos, porque han cambiado la violencia física por la impudicia.
Desde aquí, por tanto, expreso mi apoyo a Empar Moliner por dos razones: la primera, porque suscribo punto por punto el argumento en que fundamenta su acción; y la segunda, porque, como demócrata, sólo puedo estar al lado de la libertad de expresión, incluso de aquella contraria a mis ideas, siempre que se haga a cara descubierta, sin cobardía, y no atente contra los Derechos Humanos. Llegados aquí, ¿cuál es el crimen del que se acusa a Empar Moliner? ¿Cuál es el delito que ha cometido esta mujer, para que sea quemada en la hoguera de la sagrada inquisición española -antes inquisición en nombre de la fe católica, ahora en nombre de la fe hispánica- como lo eran en otros tiempos los herejes, los místicos, los protestantes, los moriscos, los homosexuales…? Pues sencillamente protestar contra la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, del decreto catalán de pobreza energética, que establece la imposibilidad de suspender el suministro de energía eléctrica de los consumidores en situación de vulnerabilidad entre los meses de noviembre a marzo. El pretexto de Madrid para torpedear la legislación catalana es que, como este decreto no existe en España, aplicarlo supondría «una discriminación hacia los consumidores del resto del Estado». Es decir, dado que los españoles pobres no tienen ningún amparo legal en este sentido y se deben congelar en invierno, los catalanes pobres tampoco deben tenerlo y deben congelarse igualmente porque, por encima de todo, España, además de ser una ‘unidad de destino en lo universal’, es también una ‘unidad de destino en la pobreza y en la congelación’.
Paradójicamente, no es Cataluña, con su decreto, sino España quien viola la artículo 47 de la Constitución española, que dice que «todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada» y que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». Es, pues, el Tribunal Constitucional quien viola los principios que teóricamente debería defender. Huelga decir que los catalanes no somos españoles por la misma razón que tampoco somos franceses, daneses o mongoles, pero si España, siempre tan gentil, nos considera así, debería premiarnos, no perseguirnos, por ser los únicos que nos ajustamos a la letra pequeña de su libro sagrado.
Por otra parte, la Constitución española y el Tribunal Constitucional están profundamente desacreditados, y Empar Moliner, con muy buen criterio, consideró que si la Constitución persigue decretos catalanes humanitarios y prohíbe que la gente en situación de pobreza pueda calentarse en invierno, es obvio que esta gente no tiene más remedio que calentarse con la Constitución. Por ello, para ilustrarlo, quemó una imitación de la misma en el plató televisivo.
A raíz de esto, como he dicho, la caverna, representada por PP, Ciudadanos, Vox, Sociedad Civil Catalana y el Grupo de periodistas Pi y Margall -echo a faltar Manos Limpias y la Asociación Francisco Franco-, pide que Empar Moliner sea llevada a la hoguera por los delitos de blasfemia, provocación, rebelión, incitación al odio, incitación a la violencia y ultraje en España -echo a faltar los Principios Fundamentales del Movimiento-, lo que, en términos del siglo XXI, significa defenestración, sanción económica y condena de cuatro años de prisión. Contra esto, me parece magnífica la réplica de la vicepresidenta del gobierno de Cataluña, Neus Munté, diciendo que no hay «nada más ofensivo que un gobierno considere que impedir cortes energéticos a personas vulnerables es inconstitucional».
Todo ello demuestra el profundo acomplejamiento del nacionalismo español más casposo, que en su delirio dictatorial conculca la libertad de expresión y pretende amordazar y aprisionar a la disidencia. Para esta gente, España no es un Estado, es una religión, y quien no comulga merece la condenación eterna. Incluso acusan a Empar Moliner de fomentar el odio. El odio, acomplejados inquisidores, lo fomentan sus acciones en contra de la gente necesitada y de los derechos y las libertades nacionales de Cataluña, lo fomentan la burla y el escarnio que hicieron de un Estatuto aprobado por el 89% del Parlamento de Cataluña, la negación del derecho inalienable a decidir y la criminalización de las urnas y de los dirigentes elegidos democráticamente que las pusieron al servicio de los catalanes y de la libertad. No les importa que se corte el suministro eléctrico a la gente sin recursos ni el sufrimiento que ello conlleva, especialmente para los niños y las personas mayores. Insensibles a la miseria, sólo tienen tres palabras en la cabeza: España, España, España. Su España, la España de la que todas las colonias han huido, esa España que tan gráficamente Pepe Rubianes describió y de la que abominan los españoles demócratas que vuestros medios de comunicación silencian. La España, en definitiva, de la que pronto Cataluña se liberará.
Empar Moliner tiene derecho a censurar la Constitución Española de la misma manera que otros tienen derecho a sacralizarla. Y es de acuerdo con este principio y con el artículo constitucional número 20, que garantiza la libertad de expresión, que Moliner ha fundamentado su acción: «Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. […] el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa». Pues bien, una Constitución que no garantiza el derecho de las personas a reprobarla no es una Constitución democrática, como tampoco es democrático el comportamiento de los magistrados, partidos políticos y entidades que persiguen a los reprobadores. Ante una Constitución no democrática, todo verdadero demócrata no tiene sólo el derecho a reprobarla, tiene también el deber ético de hacerlo. Y eso es lo que ha hecho Empar Moliner: ejercer un derecho democrático y cumplir un deber ético.
EL MÓN
