Editorial
La alegría suele durar bien poco en casa del pobre. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional autorizando a la coalición Bildu a estar presente en las elecciones locales y forales enmendando el fallo del Supremo, nuevamente esta alta instancia de la magistratura del Estado ha vuelto por sus fueros obligando al Gobierno Vasco y a las tres diputaciones vascas a devolver los 435 millones de euros del IVA de Rover, en lo que parece toda una práctica de tratar de judicializar todo aquello que competa al devenir de Euskadi. Si ilógica fue su actuación con Sortu y quedó en evidencia en el caso de Bildu, el fallo del IVA de Rover supone un ataque directo a la Ley del Concierto Económico, verdadera columna vertebral del autogobierno vasco. Nuevamente, el Tribunal Supremo ha hecho interpretaciones políticas de parte vulnerando los derechos históricos vascos recogidos en la Constitución española, cuando el artículo 28 de la Ley del Concierto Económico es muy claro en este sentido. «Las entregas de los bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquiriente, se entenderán efectuadas en los Territorios Históricos del País Vasco». Con este texto no parece que haya lugar a ninguna interpretación, salvo que se oculte una clara intencionalidad política para lastrar de nuevo al régimen fiscal vasco. Una constante por parte de algunas instancias de poder del Estado que nunca han entendido el autogobierno vasco e, incluso, han tratado de cercenarlo. Se demandó en su día ante la UE y el Tribunal de Justicia Europeo reconoció la singularidad fiscal vasca. Recurrieron una y otra vez las normas fiscales de las Juntas Generales hasta que se blindaron a nivel del Tribunal Constitucional. Ahora, han encontrado este resquicio que pone también en cuestión a la Junta Arbitral del Concierto, que fijó en territorio vasco la tributación del IVA de Rover, lo que supone un grave precedente para esta figura del autogobierno por lo que supone de vulnerar un instrumento que precisamente trata de dirimir los conflictos entre el Estado y la CAV. La Junta Arbitral está compuesta por tres expertos propuestos por la Hacienda del Estado y el Gobierno Vasco que debaten sobre cuestiones exclusivamente técnicas. Por ello, no se puede entender la judicialización que ha hecho el Tribunal Supremo del Concierto Económico.
