Entretenidos con los avatares sentimentales del presidente Hollande, nos ha pasado bastante desapercibido su reciente anuncio de un recorte de 50.000 millones de euros en el gasto público francés entre el 2014 y el 2016. Este recorte es consecuencia de que el gasto público en Francia ya ha llegado al 57% del PIB, el más elevado en la eurozona, y sólo superado –por poco– por Dinamarca en la UE. Procede precisar que la deuda pública en Francia ya supera el 90% del PIB, el doble que en Dinamarca.
La política económica francesa ha dado prioridad a expandir la demanda vía gasto público y ha flirteado con el proteccionismo, cuyo máximo promotor es Arnaud Montebourg, ministro de Reactivación productiva y defensor de evaluar la globalización no en función de si es eficaz para combatir la pobreza en el mundo, sino en función de si es favorable a los “intereses nacionales”. No en vano, la apertura exterior es la barrera inevitable que encuentra el impulso de la demanda sin reestructuración productiva interna. Con mercados abiertos y sin mejora de la productividad, el impulso de la demanda escapa en gran parte al exterior. El escaso impacto en la creación de empleo a pesar de los efectos sobre las cuentas públicas acaba resultando frustrante para sus promotores.
Esta es la dirección contraria a la tomada por los países continentales de la UE aglutinados en torno a Alemania –y los escandinavos–, que prefieren una economía europea abierta al mundo. Esto exige reformas que aumenten la flexibilidad de las estructuras productivas y su capacidad de adaptación a los cambios del entorno, que son acompañadas con políticas sociales que logran que estos países tengan los mejores resultados en materia de cohesión. Para muchos de estos países, el repliegue interior no es una opción, pues no tienen dimensión para ello. Para Alemania, la experiencia del cierre de la economía en los años 30 con Hitler y las consiguientes conquistas militares para aumentar el espacio económico constituyen un recuerdo doloroso y vivo de las consecuencias de tomar la dirección errada.
Es necesaria una mayor integración de las políticas económicas en la UE y ésta sólo avanza a trompicones si no progresa la unión política. Este es el principal reto de Europa y su mayor obstáculo es la reticencia de los estados más antiguos, liderados por Francia, a la cesión de mayores cuotas de soberanía y al avance de la unión política. En España, las pulsiones al repliegue interior son muy potentes; se busca más verticalidad y jerarquización del orden político e institucional, que devuelva seguridad a una sociedad conmocionada hace tiempo por las restricciones externas y por los vertiginosos cambios del entorno. Pero el peaje de tal seguridad es la rigidez y el estancamiento. Catalunya no se puede permitir seguir este camino, aunque sólo sea porque no tiene dimensión suficiente para replegarse hacia dentro. Reformar la economía y las instituciones en la línea en que lo han hecho nuestros socios de más éxito económico y más cohesión social es la dirección adecuada. Los esfuerzos necesarios, que son muchos, valen y valdrán la pena.
La Vanguardia
