Todas las instituciones del Estado han empezado a supurar su vademécum contra la independencia de Cataluña. Por ahora no hay ningún argumento que realmente pueda ser considerado como tal. Porque, más que argumentos, se sirven de la amenaza. Todavía no ha habido ninguna voz en España que haya pedido a los catalanes que reconsideren esta opción a cambio de revisar la propia. No ha habido ningún examen de conciencia, ningún propósito de la enmienda. Ni siquiera una palabra amable. Mientras en Cataluña se habla de separación en España braman por la amputación. Y ya se sabe, nadie accede a gusto a dejarse arrancar un miembro. Y menos si se piensa que este miembro le es vital.
Uno de los pretendidos argumentos que más corre ahora es el del desacato a la ley y las calamidades que se pueden derivar. No es extraño en un gobierno y unas instituciones integrados por abogados del Estado. Ya se sabe, además, que quien más fidelidad guarda al Estado son sus servidores, es decir, sus beneficiarios directos. Un abogado del Estado es menos abogado si el Estado es menos Estado. Delante de esta inmensa tropa presuntamente letrada está el ministro de Justicia. Estricto principio de jerarquía. Y dice el ministro de Justicia que el imperio de la ley es sagrado. Según Alberto Ruiz-Gallardón, «cualquier proceso no ajustado a ley no será reconocido por la comunidad internacional».
Se equivoca o miente Gallardón. La historia reciente está llena de casos no ajustados a la ley que han sido reconocidos por la comunidad internacional. Sencillamente, porque, en ésto de leyes, hay muchas. Y las hay justas e injustas. En Europa, por ejemplo, están las de la Unión y estaban las de Serbia. Prevalecieron las justas.
Por encima de la ley y de cualquier ajuste está el principio democrático. De él se deriuvan todas las leyes y las que no lo hacen son, sencillamente, injustas. El proceso que vive Catalunya será reconocido internacionalmente si se ajusta a este principio básico. Es decir, si la mayoría de los catalanes, que se consideran un colectivo nacional y un sujeto de soberanía, se decantan por la independencia. Una eventualidad que en España no se entiende porque allí el principio que ha imperado a lo largo de los siglos ha sido el de autoridad.