Cuando escribí Amnistía y Libertad! El 113 de la Asamblea de Cataluña y el fin del régimen franquista no sabían un hecho que ahora, gracias a mi amigo Antoni María Piqué, he podido conocer y contrastar. El juez que el 12 de noviembre de 1973 emitió el procesamiento interlocutorio y el encarcelamiento provisional de los 113 detenidos del Comité Permanente de la Asamblea de Cataluña –la famosa “caída de los 113” en la parroquia de Santa María Mitjancera en Barcelona, el 28 de octubre de ese año – se llamaba Diego Córdoba Gracia (1930-2005). Fue el jefe del Tribunal de Orden Público No. 2, el órgano que instruyó los resúmenes que posteriormente fue juzgado por el Tribunal de Orden Público. Cabe precisar: Córdoba no era magistrado del TOP y no dictaba sentencias; como juez de instrucción, dictaba algo quizás más decisivo, las acciones de la fiscalía que conllevaban la prisión provisional. Firmó miles. El 113, que reclamaba la libertad, la amnistía y el Estatuto de la Autonomía, es, según los que más lo han estudiado, los que más acusaron a más personas en un solo resumen de todas las jurisdicciones especiales de la dictadura. El juicio, sin embargo, nunca se llevó a cabo: la muerte del dictador y la supresión de la jurisdicción, en enero de 1977, lo impidieron.
En mayo de 1976, Córdoba solicitó el permiso de ausencia de la carrera judicial. No retirarse: unirse, directamente, como jefe del asesoramiento legal de un periódico que acababa de nacer, El País, donde permaneció – más tarde al frente de los servicios jurídicos de todo el Grupo Prisa– hasta su muerte. La necrològicanecrología que el periódico le dedicó, en cada página, no mencionó ni una vez su paso por la jurisdicción del Orden Público. El que ha documentado todo esto con rigor ejemplar es Juan José del Águila, magistrado, autor del trabajo de referencia sobre el TOP y él mismo condenado por ese tribunal, en dos entradas de su blog Justicia y dictadura (aquí y aquí). Del Águila desmantela, de paso, la versión que Juan Luis Cebrián le da a sus memorias, Primera página. La vida de un periodista 1944-1988: que Córdoba le habría confesado que siempre había evitado dictar sentencias de las que debería avergonzarse. La frase es doblemente falsa: no dictaba sentencias, y lo que sí dictaba –enjuiciamientos y prisiones – podría haber tenido razones para avergonzarse de él.
Pero la continuidad no comienza con el juez: comienza en la casa del fundador/director del periódico de referencia de la Transición. Vicente Cebrián Carabias (Madrid, 1914-2010), padre de Juan Luis Cebrián, no fue un francoista tibio ni circunstancial. Oficial de ingenieros del ejército se rebeló durante la guerra, pasó veinte años en el periódico Arriba, el órgano oficial de la Falange, donde subió todos los escalones: editor, editor en jefe y, de 1957 a 1960, director. A partir de ahí pasó a dirigir Pyresa, la agencia de noticias de la Prensa del Movimiento, y coronó la carrera como miembro del Consejo Nacional de Prensa y secretario general de la Prensa del Movimiento hasta 1970. Toda una vida profesional, desde la guerra hasta el franquismo tardío, dentro del aparato de propaganda del régimen dictatorial. El padre de Cebrián era un franquista de pies a cabeza. El hijo, de hecho, comenzó a trabajar como periodista a la edad de diecinueve años en Pueblo, la noche del Movimiento dirigida por Emilio Romero (1917-2003), un amigo cercano de su padre.
Cuando Juan Luis Cebrián escribió más tarde sus memorias, envió la militancia paternal falangista como resultado de un simple pragmatismo: entró en ella, dice, no tanto por convicción como porque necesitaba un trabajo para poder casarse. Es exactamente la misma operación exculpatoria que hace con Diego Córdoba. En Can Cebrián nadie fue jamás franquista por convicción: todo fue siempre un malentendido laboral. Que quede claro: nadie elige al padre, y no hay pecado de origen. Muy pocos de nosotros estaríamos libres de pecado. Lo que es atribuible al hijo es lo que hizo con esta herencia: el periódico que se convertiría en el buque insignia de la prensa democrática española fue fundado y dirigido por el hijo del secretario general de la Prensa del Movimiento, encomendó el asesoramiento legal a un juez de la represión política y, cuando ese juez murió, se escondió de sus lectores quién había sido. Es un hecho que ayuda a entender por qué ese periódico nunca ha tenido prisa por agitar el pasado. También explica por qué Cebrián ha sido tan beligerante contra la independencia de Cataluña.
Lo escribí ayer en “18 de julio: noventa años de remordimiento”, tras la conmemoración del golpe de Estado organizado y perpetrado por los militares de alto rango, con el general Emilio Mola (1887-1937) como cerebro y director del levantamiento hasta su muerte, y a la que se añadió quien más tarde se convertiría en dictador: Francisco Franco (1892-1975). Del régimen de Franco, la estructura permanece. La estructura tiene herederos. Porque los años pasan y los descendientes de la dictadura no se encogen de hombros; por el contrario, se están volviendo cada vez más negacionistas. Y no son a pesar del comportamiento: son gracias a la exención histórica. Aquellos que nunca han tenido que rendir cuentas terminan convencidos de que no hay nada que pagar. Se llama impunidad, aunque la izquierda sumisa quiere cubrirla con gestos como la llamada “ley de nietos” de 2022, que ofrece la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados y perseguidos por la dictadura. Reparación simbólica para los descendientes de las víctimas; ni una sola demanda de cuentas a los herederos de los verdugos. Este es el pacto entre Santiago Carrillo (1915-2022) y Adolfo Suárez (1932-2014), dos de los grandes protagonistas —aunque no los únicos— de la Transición que constitucionalmente entronizó al rey, Juan Carlos I, educado bajo la supervisión de la dictadura.
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