La memoria del Primero de Octubre no depende de las urnas que haya en un almacén de la policía española: tan sólo depende y dependerá de qué hacemos, cada día, quienes la hemos vivido y de cómo la explicamos a quienes vienen detrás y continúan el combate
Hay un gesto que se repite, idéntico, en la historia de los imperios: cuando un poder colonial somete una revuelta, lo primero que hace no es castigar a los cuerpos rebeldes, sino borrar sus signos. En 1562, en Maní, en la península del Yucatán, el fraile franciscano Diego de Landa apiló en una plaza pública los códices mayas –los libros pintados que guardaban la memoria astronómica, religiosa e histórica de un pueblo– y les prendió fuego. Landa mismo lo contó sin ninguna vergüenza. Exhibiendo la mayor incultura, dijo que aquellos preciosos volúmenes «no contenían nada que no fuera superstición y falsedades del demonio». Hoy la humanidad ha perdido todo aquel valioso conocimiento porque se conservan sólo tres, quizás cuatro, de los cientos que allí habría. El resto es ceniza y silencio, una ceniza con la que un pueblo entero perdió la llave para leerse a sí mismo.
No hace falta ir tan lejos, a América, para encontrar la raíz del mismo gesto. En 1714, cuando las tropas españolas entraron en Barcelona, una de las primeras cosas que hicieron fue desmantelar las instituciones catalanas, requisar los archivos, símbolos y banderas de las corporaciones vencidas y quemarlo todo. El poder que gana una guerra sabe que no es suficiente con ocupar el territorio: hay que ocupar también el relato de quien lo ha perdido. Y de ahí esa costumbre salvaje de destruir sus objetos, o guardarlos con siete llaves hasta que dejan de significar nada, hasta que se convierten en piezas mudas de un almacén policiaco.
Y eso, exactamente, ha decidido ahora el Tribunal Supremo español hacer con el material incautado a los Mossos d’Esquadra el primero de octubre de 2017: destruirlo. Y negarse a entregarlo al president Puigdemont o a cualquier institución catalana, para que sea preservado como la memoria democrática del país que es. La sala del proceso añade, incluso, una frase que vale la pena releer dos veces para que no se desvanezca enseguida y se olvide: encuentran “discutible e incluso sorprendente” que aquel material –urnas, papeletas de voto, carteles, la humilde maquinaria de un pueblo que quiso votar– tenga ningún “valor testimonial o patrimonial”. Es decir, que el tribunal que juzgó y condenó el referéndum y le consideró un gravísimo ataque a la soberanía española argumenta ahora, en cambio, que las herramientas para realizarlo no tuvieron valor alguno. La cara de esta gente es simplemente estratosférica.
Es estratosférica, pero sobre todo –no nos engañemos– aplica la vieja lógica colonial. El poder no sólo debe decidir quién gana y quién pierde: decide también qué vale la pena conservar y qué hacer desaparecer. Decide, en definitiva, quien tiene derecho de memoria y quien no. Porque considera que un pueblo sometido no es sólo un pueblo derrotado políticamente sino también un pueblo al que se le niega la posibilidad de explicárselo a los hijos con sus objetos, con sus pruebas materiales. Lo que no puede narrarse –dice la doctrina colonial de siempre– es como si no hubiera existido.
Por eso la sentencia no habla sólo de un trámite administrativo sobre cómo deshacerse de un almacén lleno de cajas. Va más allá y discute quién tiene “título dominical” sobre la memoria de un país –es decir, quién tiene el documento o base jurídica que acredita su propiedad. ¡Pobres locos!, como si la memoria fuera una propiedad registral y no lo que une a una comunidad más allá de cualquier registro o ley.
Leí a alguien –creo recordar que a Zweig, pero duda si no era Márai– que los pueblos que pierden la memoria de lo que han sido capaces de hacer pueden acabar creyendo que nunca lo han hecho, en realidad. Ésta es la función exacta de la destrucción que ahora ordena el Supremo español: no es un simple gesto técnico ni una cuestión de gestión de espacio en un almacén. Es la última fase de una represión que empezó con porras en la calle, y multas, prisión, exilio, y continúa, nueve años después, con la incineración silenciosa de las pruebas que demuestran que aquello ocurrió en serio. Como hacía el indocumentado de Landa con los códices mayas, el poder español no solo quema urnas: intenta quemar la posibilidad de que dentro de diez, veinte, cincuenta, cien años alguien pueda tocar con las manos lo que el pueblo catalán supo hacer un día de octubre para decidir su futuro y saberse libre.
Y sin embargo –hay que decirlo también, porque esto lo sabemos todos, pero hay que repetirlo día y noche– ningún fuego conseguirá nunca quemar una memoria que ya está viva en el pueblo antes de existir en ningún objeto. La memoria del Primero de Octubre no depende de las urnas que haya en un almacén de la policía española: tan sólo depende y dependerá de qué hagamos, cada día, quienes la hemos vivido y de cómo la explicamos a quienes vienen detrás. El Supremo podrá quemar los objetos y creerse que hace una gran cosa, pero ya nada puede quemar la memoria del día más importante de la historia de Cataluña.
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