Estar de acuerdo con el objetivo independentista y defender la urgencia de la secesión no puede excluir de críticas a la clase política que aspira a liderar el proceso. Aún menos si entre las consecuencias del ejercicio del poder, además de errores que generen responsabilidades políticas, se detectan irregularidades, actividades delictivas o corrupción susceptibles de generar responsabilidades penales. La fundación de un Estado debe representar una oportunidad para limpiar: perpetuar las lacras que han podrido la Cataluña autonómica convirtiendo la nueva entidad soberana en un oasis de impunidad sería un golpe letal para la ambición de construir un país más democrático, más próspero y más justo, pero además sería una traición hacia el sacrificio de tantas generaciones que han luchado por la libertad.
Romper con España no puede llevar a reproducir las mismas inercias y los mismos vicios de una realidad que, tanto en el pasado como en la actualidad, ha transitado con demasiada frecuencia por las cavernas del desprestigio en el concierto de las naciones europeas. La máxima exigencia de transparencia y de honestidad hacia aquellos que se postulan para desafiar a España ni siquiera merece que se devalúe con imperativos utilitarios del tipo «hay que mirar hacia el otro lado mientras cumplan el compromiso de llevarnos hacia la independencia»: los enemigos del proceso, como hemos comprobado estos días, están en condiciones de conocer todos los indicios y de usarlos para aplastar la legitimidad de la causa.
Hay que combatir las difamaciones pero nos equivocaríamos gravemente si cualquier reclamo de transparencia se censurara con la acusación de estar haciendo el juego al unionismo. Y esto hay que recalcarlo porque los antecedentes inmediatos de la clase política catalana que ha ostentado responsabilidades en el régimen autonómico no son demasiado halagadores, demasiadas sombras acechan a los gestores de los últimos años con expedientes que se acumulan en los juzgados (caso Palau, caso ITV , caso Innova) hasta el punto de que no parecía descabellado pensar que si los dirigentes no reaccionaban ante el clamor de una sociedad que exigía un giro soberanista era, en parte, porque temían los dossieres que el aparato del Estado español había compilado y que en cualquier momento estaba en disposición de remitir a la fiscalía o al poder judicial.
¿Artur Mas ha permanecido completamente al margen de este expolio interno que, según todo apunta, ha sacudido el país? Es imprescindible que así sea si el presidente mira de verdad hacia el Estado catalán. Por el contrario existe el riesgo real de que la conversión en defensa del nuevo marco político sea leída como una estrategia para deshacerse de los corsés y los controles que puedan hacer emerger las irregularidades, una interpretación que ni una campaña de adhesión presidencialista podría disipar ni ahora (en convocatoria electoral) ni a largo plazo.
La otra cuestión sigue siendo, a pocos días de las elecciones, las serias dudas que todavía genera el proyecto de Mas y de Convergencia (ya no digamos el de Unión) como catalizadores del proceso de secesión. Una serie de discursos y una disolución del Parlamento no pueden tapar un balance de dos años en los que hasta el último día ha sido retrocediendo en la construcción de estructuras de Estado. ¿Es ir hacia la independencia enajenar un recurso crucial como las Aguas Ter Llobregat a Acciona, la empresa de Entrecanales con sede en Madrid y con vocación de promover manifiestos a favor de la unidad de España? ¿Es coherente con el propósito de avanzar hacia la plenitud nacional la erosión sin precedentes que ha sufrido el estado del bienestar y plantearse, como está sucediendo, la privatización de una infraestructura sanitaria de importancia suprema como el hospital clínico de Barcelona? ¿Nos ha hecho más independientes o más dependientes que la deuda del gobierno Mas en estos casi dos años sea tres cuartas partes de la que acumularon siete años de tripartito y lo mismo de los veintitrés tres años los gobiernos Pujol? En cualquier caso, estos son elementos que, a menos que se hayan producido ilicitudes, deben ser enjuiciados en el nivel de la responsabilidad política que se expresará pronto en las urnas.
