Cuando la comisión de los 5 presidentes de las asociaciones más representativas del país volvió de Madrid, le esperaba una multitud de gente en el andén. Gritos, aplausos y un viva Cataluña ovacionado, eran el recibimiento popular para los prohombres catalanes que habían ido a la capital castellana a negociar un concierto económico para Cataluña y la retirada del presupuesto español. Era el 7 de noviembre de 1899 y el cierre de cajas de miles de comerciantes catalanes (muchos de ellos barceloneses) que se negaban a pagar más impuestos al gobierno español, había causado una crisis sin precedentes.
Tras las derrotas en las guerras coloniales, y los intentos del gobierno Silvela de sufragar los gestos aumentando los impuestos, Cataluña había dicho basta. No por falta de solidaridad, sino porque ya pagaba un 25% de los impuestos a pesar de tener sólo un 10% de la población. Y es que el déficit (o expolio) fiscal no es un problema puntual como nos quieren hacer creer, sino un elemento estructural del sistema.
No sería porque no se hubiera intentado resolver. Aquel 1899, además, una campaña social y política a favor del concierto económico para Cataluña que resolviera el problema, y que había contado con el apoyo transversal de los diputados catalanes (fueran dinásticos o no y Pi i Margall entre ellos), las cuatro diputaciones provinciales catalanas, 318 ayuntamientos (entre ellos el de Barcelona comandado por el Doctor Robert) y todas las grandes entidades económicas sociales y culturales del país. No sirvió de nada, como explica Joaquím de Camps i Arboix en este magnífico libro de la Editorial Dalmau (1), la respuesta de la prensa de Madrid fue de una catalanofobia unánime que no sorprenderá nada al lector a pesar de los 122 años transcurridos. Tampoco sorprenderá saber que la respuesta del ministro Villaverde, fue que «¡jamás!, ¡jamás!, ‘¡jamás!» permitiría la decapitación de la soberanía fiscal española. Sin saber qué contestó Rajoy a Mas el año 2012 cuando éste le planteó la misma demanda, 113 años después, la respuesta no sería muy diferente, y es que hay cosas que no cambian nunca.
El rechazo a la reclamación legítima de los catalanes, sumada al expolio impositivo para tapar los fracasos militares del ya ex-imperio español dio el pistoletazo de salida a la crisis, y el 5 de agosto de 1899 los gremios hicieron un anuncio llamando al cierre de cajas, es decir, a el impago de las contribuciones del trimestre en curso. La fecha límite para pagar era el 20 de agosto, y se sobrepasó con unos siete mil tenderos con las cajas cerradas. Pasaron las semanas y los nervios aumentaron en el aparato represivo español, que comenzó a prohibir la exportación o importación de productos para aquellos que no estuvieran al corriente de pago. No fue suficiente. Entonces decidieron que aquellos que no hubieran pagado no podrían renovar la cédula personal. Tampoco fue suficiente, aún había miles de comerciantes e industriales que seguían con la protesta y el apoyo político y de las grandes asociaciones se mantenía firme.
Llegados a este punto, el 11 de octubre el gobierno español decidió tomar medidas más contundentes: embarga los bienes de los tenderos que siguieran con el cierre. Lo que quizás no contaban sin embargo, es que la contestación social era tan alta que el Doctor Robert, a pesar de haber sido elegido por el propio gobierno español como alcalde de Barcelona, decidió que él no ejecutaría ningún embargo a sus propios ciudadanos. El choque fue notable por tal osadía, así que se le amenazó que si no procedía debería afrontar un juicio por desobediencia. Ante esta situación y como muestra de protesta por la falta de sensibilidad hacia las demandas catalanas, el Doctor Robert dimitió como alcalde de Barcelona en un gesto de dignidad. Los embargos, sin embargo, saliron adelante, y al cabo de unos días, el 23 de octubre ya empezaban los embargos contra tenderos. Alguno tan sonado, como el que protagonizaron contra la modista Joana Valls a quien incluso requisaron una pintura de Ramon Casas.
Con todo, la resistencia de los catalanes se mantenía firme y la preocupación en Madrid sería creciente, porque el día 24 de Octubre se suspendían las garantías constitucionales para la provincia de Barcelona. Se abría la puerta a detener a ciudadanos sin cumplir los requisitos legales, a exiliarse fuera de su residencia habitual y se perdía la inviolabilidad de domicilio. Indignado, Manuel Duran i Bas, ministro catalán en Madrid, dimitió como protesta y no antes de haber sido tachado de «separatista» por la prensa española y los políticos del régimen. Su firmeza a favor del concierto económico y la protesta de comerciantes e industriales, siempre dentro de los límites de la unidad del Estado, había sido respondida con descalificaciones. El recibimiento en Barcelona dicen que fue apoteósico, fracasado en el intento de décadas de reformar el Estado pero digno en la defensa hasta el final de los intereses de los catalanes.
Tras dos meses, la crisis estaba más viva que nunca. Y es en este momento cuando el rol de Evarist López Gómez, que tenía una mercería y una quincallería en el número 8 y 10 de la calle Jaume I, y era uno de los hombres fuertes de la Lliga de Defensa Industrial y Comercial que había instigado la revuelta fiscal (¡y que justo en ese momento era disuelta!) coge vuelo. La ‘Veu de Catalunya’ en su diario del 25 de octubre de 1899 le dedica la imagen de portada con los correspondientes elogios «Sin que se le pueda considerar de orador, está dotado de palabra fácil y una conversación atractíva. Lleva la convicción al ánimo de todo el mundo que le escucha». Evarist López pues era el líder, o uno de los líderes del cierre de cajas, y a pesar de ser malagueño de origen era plenamente catalán. Al cabo de muy pocos días, el 1 de noviembre, él y cuatro tenderos más fueron encarcelados sin juicio. ¿Su delito según las autoridades españolas? Sedición.
¿Sedición? Se preguntarán muchos lectores. ¡Pues sí! ¡Sedición! Y es que en medio, el 27 de Octubre, Eulogi Despujol, capitán general, declaraba el estado de guerra y decía «Serán considerados delitos de sedición: la resistència material o pasiva al pago de las contribuciones e impuestos, siempre que, a juicio de la Delegación de Hacienda, sea notoria la solvència de los deudores al Tesoro». Patapam.
Esto era una ilegalidad, claro. según el código penal español de 1870 (y en un redactado que se parece mucho al actual) sólo podían ser acusados de sedición los que «se alcen pública y tumultuariamente para…». Es decir, que la resistencia pasiva del cierre de cajas no encajaba ni en broma, pero como no tenían ningún artículo del código penal para encarcelar a los disidentes utilizaban éste. Exactamente lo que han hecho estos últimos años con los presos políticos, acusados de una sedición que nunca existió por el mero motivo a hacer un referéndum que no es delito en el Estado español. Para sumar una ironía más, quienes decidían quién iba a la cárcel y quién no, eran los militares, cuando según las propias leyes españolas los civiles sólo podían ser procesados y juzgados por tribunales civiles. Es decir, que el capitán general Despujols era tan competente para encarcelar a Evarist López como lo era el juez Llarena o Marchena para encarcelar a los Jordis, Forcadell y medio gobierno, es decir: nada.
Encarcelar a los líderes para espantar el movimiento era (y es) una solución de manual en el Estado español, pero sin embargo parece que bastante imprevista si hacemos caso a lo que publicaba la Veu de Catalunya. Íbamos fuertes. Si a mediados de septiembre comparaba el cierre de cajas con la revuelta contra la ‘Stamp Act británica’ de 1770 que posteriormente evolucionó hacia la independencia de las colonias norteamericanas, el martes 31 de octubre, un día antes de los primeros encarcelamientos, publicaba un texto titulado «Preludios de Victoria», en el que ya se medio daba por hecho que sería posible alcanzar todos los objetivos de la protesta. Para rematar, el día 2 de noviembre, La Veu de Catalunya publicaba un artículo de memoria histórica en portada que en teoría no venía a cuento de nada, pero que era toda una declaración de intenciones. Se titulaba «Recortes de la Revolución Inglesa» y tras recordar a la audiencia los hechos generales ocurridos aquel 1626, concluye: «Aquel conflicto entre el pueblo y el Rey, entre los gobernantes y el poder, en el que el pueblo usó constantemente su derecho a no pagar subsidios terminó tristemente decretando los revolucionarios ingleses la muerte del desgraciado Carlos I». Vaya con la amenaza para venir de un diario regionalista, ¿no?
Pero Evarist López no fue el único encarcelado por el cierre de cajas. También lo fueron a Pere Bofill, de la Rambla de San José núm. 8, Tomás Arana que vendía artículos de guarnicionería en el número 15 de la calle de los Banys Nous, Josep Morera i Borés, platero del número 14 de la calle Argentería (en una localización que ya no existe porque este trozo de calle fue arrasado para construir la Via Laietana) y Joan Vidal Rosselló, zapatero de la calle Ample 18. Todos fueron encerrados en la cárcel de la Reina Amalia, ahora también desaparecida, que se encontraba al otro lado de la ciudad, junto a la Ronda de Sant Pau en el extremo del Raval.
El apoyo social para los tenderos considerados sediciosos por las autoridades fue brutal. Tanto que al cabo de unos días las autoridades militares decidieron limitar las visitas que los presos podían recibir y dejarlo sólo para los familiares. Daba igual, ya habían pasado cientos de personas que habían ido a apoyar a los industriales represaliados, incluidos varios diputados y autoridades. La Diputación, Fomento, el Ayuntamiento, los diputados y senadores catalanes… todos reclamaban como un clamor la liberación de los tenderos encarcelados, que finalmente sucedió al cabo de 15 días de estar en una prisión de condiciones tan lamentables como podía ser un presidio de hace 120 años.
También habían ido a verlos los 5 presidentes de las grandes entidades catalanas que habían intentado negociar en Madrid sin éxito una solución. El Doctor Robert reivindicaba que era más digno no haber cerrado acuerdo alguno que hacer una mala solución, mientras Albert Rusiñol (Presidente de Fomento) reivindicaba una vez más el apoyo sin matices de la institución que él presidía hacia el concierto económico para Cataluña.
Sin negociación posible y con la censura y la rueda de la represión ya en marcha (hubo al menos seis tenderos presos más, como Francesc Llopart que vendía porcelana en la Plaza Real, Ferran Inglés, tendero en la calle Girona o Eusebi Aguilera y Martirià Llobateras que tenían un café y una tienda de novedades en la calle Boqueria), la protesta se acabó desinflando. Los últimos presos políticos fueron liberados el 5 de Diciembre y las semanas posteriores se siguió endureciendo la censura y las prohibiciones. El cierre de cajas había terminado.
¿Por qué he dedicado el artículo a estos hechos un poco remotos de nuestra historia? Primero porque es importante que los catalanes nos concienciemos: el bucle es España. Lo hemos intentado todo, de todas las maneras posibles y el resultado siempre ha sido el mismo. Represión y catalanofobia. Que hace 120 años ya tuviéramos práctica unanimidad a favor de un concierto económico que nunca hemos conseguido debería dar la medida de qué puede conseguir la vía «pactista» en el Estado.
Segundo, porque debemos recordar que hemos tenido muchas veces a lo largo de las décadas y los siglos presos políticos y exiliados. No es culpa de un mal gobierno español o unos jueces particulares, es una tradición del régimen político español responder a los problemas políticos encarcelándolos. Además, la historia del cierre de cajas es doblemente interesante, primero porque fueron acusados de sedición simplemente porque los querían meter en la cárcel, como han hecho recientemente con los presos del 1-O. Segundo porque el líder de los comerciantes encarcelados era un malagueño de nacimiento, Evarist López i Gómez, al que tal vez deberíamos hacer un homenaje algún día y que nos recuerda que defender a la gente que vive en esta tierra te acaba llevando a confrontarte contra España, aunque hayas nacido en ella.
Tercero, porque ahora que vuelve a haber una campaña de soberanía fiscal liderada por la ANC y el Consejo para la República, quería recordar la gesta del cierre de cajas para animar a que muchos ayuntamientos se sumen a Llívia, Vilafranca del Penedès y Vic a pagar los impuestos a la hacienda catalana. Se lidera con el ejemplo, y ellos lo han dado.
Finalmente es bueno recordar a todos aquellos que de pie han luchado por los derechos de nuestro pueblo durante décadas y siglos. También los comerciantes tan a menudo denostados y descalificados. Sin los miles y miles de Evarists López, sin los Morera, los Aguilera, Bofill o Vidal Rosselló, hoy este país no estaría donde está. Así que usemos el cierre de cajas como una lección y que no nos engañe la propaganda, los tenderos y los pequeños empresarios son y serán motor de cambio para construir un país más justo y más libre.
(1) https://onallibres.cat/botiga/el-tancament-de-caixes
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