Las selvas tropicales, base de la captación de una parte importante del CO2 del planeta, están en claro retroceso desde hace medio siglo, de Madagascar a Indonesia y especialmente en el Amazonas. Desde 1988, 400.000 km² de selva han desaparecido en Brasil para dar paso a terrenos cultivables. La deforestación ha producido un incremento de las emisiones de CO2 del 15% en los últimos años. El ritmo no es sostenible, como afirma en un último trabajo sobre la materia Jeff Tollefson.
Hay dos medidas posibles para combatir la destrucción de la selva: la simple persecución de los infractores que la practican y crear un fondo que permita a los países desarrollados comprar derechos de emisión a los países en vías de desarrollo, lo que les permitiría, con los ingresos conseguidos, poner en marcha medidas para evitar la destrucción de la selva compensando a los propietarios rurales para la contención del incremento de la tierra cultivable.
La selva tropical es un almacén de CO2. Se calcula que el Amazonas contiene 100 billones de toneladas de este gas. La destrucción del bosque lo libera, vía combustión, y la mayoría de los árboles abatidos terminan quemados, o vía putrefacción. La manera más eficiente, no eficaz, de contener la emisión de CO2 a la atmósfera es evitar la deforestación.
Brasil ofrece en el mercado de emisores de CO2 5 dólares por tonelada, el coste de almacenar en el subsuelo una tonelada de CO2 proveniente de la combustión de combustibles fósiles es de 100 dólares. Hay, pues, razones económicas que sustentan este mercado, REDD (Reducing emisiones from deforestation and forest Degradation), pero su formalización no es sencilla; se necesita tiempo, confianza de los inversores y medidas visibles los receptores que demuestren de manera contrastable que los ingresos recibidos resultan en una reducción de las emisiones de CO2 y de destrucción de selva tropical. Esta estabilización del mercado objetivaria los precios, crearía el efecto de imitación en los compradores y vendedores y aumentaría el volumen de las transacciones. La complejidad del sistema explica que su formalización no tuviera lugar hasta la conferencia sobre el cambio climático de 2007 en Bali.
Si los países desarrollados se pueden liberar de sus compromisos en cuanto a las propias emisiones a largo plazo, comprando derechos a los países en vías de desarrollo, esto puede retrasar las medidas para contener y reducir el volumen de sus propias emisiones. Puede ser cierto, sin embargo, que la ventaja del sistema se encuentre en el hecho de que, aparte de reducir las emisiones, protege la selva tropical y esta es, y puede serlo aún más en el futuro, un absorbente neto de CO2. Proteger la selva tropical supondría, pues, un doble beneficio.
Los árboles funcionan como bombas de agua que, absorbiéndola de la tierra, la liberan a la atmósfera vía transpiración. El vapor de agua al evaporarse reduce la temperatura ambiente y crea un microclima a gran escala que protege la selva tropical. Destruir árboles desencadena un mecanismo de aumento de la temperatura que acelera el daño a la selva y destruye un entorno con un equilibrio delicado. La sustitución de la selva tropical por la sabana, si se produce, creará un foco de emisión de CO2 de gran capacidad… En el último medio siglo, el 20% de la selva amazónica ya ha desaparecido. Nunca será recuperada.
La deforestación comenzó en Brasil en los años sesenta cuando la dictadura alentó a la población a emigrar al Amazonas con la promesa de tierras sin costo y subsidios para cultivarlas. Esto creó un flujo importante de personas a la zona, la población pasó de 6 a 25 millones de personas de 1960 a 2010.
Fue a partir de los ochenta cuando la observación del territorio vía satélite hizo patente el nivel de destrucción de vegetación en la zona. En 2003 llega al poder el presidente Lula y nombra ministra de Medio Ambiente a Marina Silva, una convencida ambientalista pasada a la política. En 2004 aún crece el ritmo de destrucción de la selva amazónica, pero a partir de este año el ritmo se reduce a pesar de que el incremento de los precios de los alimentos en 2008 vuelve a incrementar el ritmo de destrucción y obliga al gobierno brasileño a desplagar al ejército en la zona para evitar la deforestación salvaje.
La lentitud en la efectividad de la REDD lleva el presidente Lula en 2008 a crear un fondo brasileño de 21.000 millones de dólares para preservar directamente la selva amazónica que debería ser suscrito por los países desarrollados. Sólo Noruega aporta 1.000 millones de dólares.
En 2011, Dilma Rousseff llega a la presidencia de Brasil. Los propietarios agrícolas hacen una extrema presión política para reducir las leyes protectoras de la selva tropical. En 2012 se aprueba una ley que permite la eliminación de la selva a las orillas de los ríos y establece la amnistía para los que han violado las leyes de protección vigentes. La presidenta Rousseff logra modificarla y llegar a un cierto equilibrio entre el desarrollo agrícola y la protección de la selva tropical. El conflicto no está resuelto, el peligro de regresión está siempre presente. Sin embargo, Brasil es el país líder en la protección de la selva tropical.
El mundo comienza, sin embargo, a ser consciente de la magnitud del problema y establece como política de largo plazo la necesidad de fondos públicos provenientes de los países desarrollados para emprender políticas de contención de las emisiones. Se calcula ahora que el 2020 será necesario gastar 100.000 millones de dólares al año, de los cuales 20.000 serían dedicados a preservar la selva tropical. La magnitud del gasto no permite pensar que esta quiera políticamente ser cubierta a largo plazo sólo por fondos públicos y es por eso que el REDD o las políticas nacionales desarrolladas por Brasil en los últimos años pueden ser ejemplos que se extiendan a otros países con la participación de capital privado. De hecho, Noruega ha iniciado un programa similar al brasileño con Indonesia, que hoy es el primer emisor de CO2 por deforestación del mundo.
Siempre vamos tarde y las iniciativas de contención del daño al medio ambiente llegan siempre como medidas paliativas y reactivas de un agravio ya hecho, nunca como medidas activas que eviten el daño antes de que se produzca. Lo que sí está claro es que estas políticas deben ser globales para ser efectivas y que las nacionales como las de Brasil tienen el valor del testimonio de que otra política es también posible, porque lo cierto es que lo es.
