EL TEMPS
Violeta Tena
Las cifras no engañan. Los territorios del Arco Mediterráneo son los que más dinero aportan a España pero los que menos reciben. El mundo económico clama contra este estrangulamiento. Los últimos en hacerlo han sido los empresarios valencianos, que han abandonado su seguidismo a la administración para apuntar contra Madrid con una beligerancia inaudita en la historia reciente.
«La región valenciana es la más rica de España. Y la más ignorada. Y la peor tratada. Y la más explotada; la que menos participa de los presupuestos extraordinarios del Estado, a pesar de ser precisamente la que equilibra la economía nacional mediante nuestra pasmosa economía exportadora y la que en mayor proporción llena las arcas del Estado». Quien esto escribió fue Martí Domínguez, en 1931, en el semanario valenciano Levante. Las palabras del periodista y director de Las Provincias, además de referente del valencianismo del siglo XX, serían seguramente suscritas por muchos valencianos. Y especialmente por muchos empresarios valencianos que en los últimos tiempos han tomado conciencia de un problema que hasta hace poco había permanecido invisible para la mayor parte de la opinión pública valenciana y también para la clase dirigente: que los valencianos aportamos al Estado mucho más de lo que el Estado nos da a nosotros. O lo que es lo mismo: que a los valencianos les sale muy caro formar parte de España.
El problema, de hecho, no es exclusivo de los valencianos. El agravio es compartido con el resto de los territorios del eje mediterráneo. Cataluña y Baleares comparten con el País Valenciano el discutible honor de ser la cenicienta de España. Son territorios dinámicos, con capacidad exportadora, que atraen inversión, que aportan más que nadie a la caja común sin recibir, a cambio, la contrapartida que les debería corresponder. Con el argumento de la «solidaridad interterritorial» se drenan recursos a granel, como certifican las estadísticas del propio Ministerio de Hacienda.
La información, pues, no es nueva. Lo que sí resulta nuevo, por el contrario, es que por primera vez en la historia reciente el empresariado valenciano apunte directamente -y con la contundencia que lo ha hecho- hacia Madrid como causa directa de los males que sangran el País Valenciano. El desprecio del ‘Gobierno central’ hacia Valencia ha pasado a ser el eje sobre el que gravitan todos los discursos de patronales, cámaras de comercio y lobbies. La semana pasada misma, con motivo de la asamblea general de la patronal Cierval, su presidente, José Vicente González, no se recató al decir que el Estado «nos trata, no como una madre amorosa, sino como una madrastra pérfida». De esta manera, los empresarios valencianos siguen los pasos de sus homólogos catalanes y baleares, que en el pasado ya pusieron sobre la mesa esta problemática.
Motín en Conde de Carlet.
Que la infrafinanciación es uno de los principales causantes de la situación de muerte clínica de las finanzas públicas valencianas es algo que, en Valencia, casi nadie ignora a estas alturas. Tampoco los empresarios, que en los últimos tres años han incorporado la necesidad de reformar el sistema de financiación en su catálogo de reivindicaciones, en consonancia con lo que reclama el Gobierno de Alberto Fabra. Hasta ahora, los empresarios habían verbalizado en entrevistas y discursos su preocupación por un modelo de reparto que perjudica gravemente a los valencianos.
Sin embargo, la arrogancia y el desprecio con que el equipo del ministro Cristóbal Montoro ha abordado el tema (incluso se ha descartado revisar el modelo el año 2015, cuando caduca el actual sistema, y también ha abandonado, al menos de momento, la posibilidad de habilitar mecanismos de compensación) ha llevado a los empresarios a radicalizar su discurso. De la demanda, se ha pasado a la exigencia; las peticiones se han convertido en amenazas.
La escenificación de esta radicalización tuvo lugar el pasado 7 de julio. Ese día, las principales patronales, cámaras y lobbies convocaron una rueda de prensa en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Oficialmente, el objetivo de la convocatoria era presentar el documento -elaborado de manera conjunta por todos los convocantes- «Prioridades de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana». Sin embargo, el acto celebrado en la plaza del Conde de Carlet fue sobre todo la ocasión de mostrar un frente común empresarial contra la decisión de no revisar el modelo de financiación a pesar de los clamores valencianos.
Las palabras que allí se dijeron sonaron muy gruesas, sobre todo si se tiene en cuenta que los empresarios valencianos se han caracterizado en la historia más reciente por su fidelidad a la idea de España. Reivindicaciones concretas al Gobierno central se han hecho cuando gobernaban todos los colores políticos (la lista es larga: desde la autovía A-3 a la conexión con AVE de todas las capitales de provincia), pero nunca desde la Transición había disparado contra Madrid como concepto abstracto de la manera como se hizo ese día. «El desprecio al que es sometida la Comunidad Valenciana alcanza cotas inimaginables. [El Gobierno español] Hace años que juega con la Comunidad Valenciana y esto ya está próximo al insulto», espetó Vicente Boluda, presidente del lobby Asociación Valenciana de Empresarios. «Estamos hartos de que nos tratan como muñecos», añadió este naviero. «Ha llegado el momento de dejar de ser buenos niños», amenazó Salvador Navarro, presidente de la CEV [véase entrevista *]. Igualmente contundente se mostró José Vicente González: «Es hora de decirlo alto y claro: basta ya. Hasta aquí hemos llegado».
‘Sorpasso’ empresarial.
El hecho de que allí estuvieran presentes los máximos responsables de Cierval, CEV, Coepa, CEC, AVE, Fecoval, cámaras de comercio y la Cámara de Contratistas da fe de que el acto no fue un despropósito, sino una escenificación de una postura compartida. «Nada fue casual. Estaba muy claro lo que allí iba a decirse y en los términos en que se dijo», explica una de las personas que participó en la organización del acto.
La toma de posición del empresariado valenciano evidencia, por otra parte, la debilidad política del Gobierno de Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat había convertido la reforma del modelo de financiación en su principal caballo de batalla. Sin embargo, el Gobierno español se ha desentendido de cada una de las peticiones que se le han hecho desde Valencia. Todo ello ha dejado a Fabra en una posición muy débil ante su parroquia. Así las cosas, los empresarios han optado por constituirse en agentes activos del debate público.
El eje asfixiado.
Razones para rebelarse no les faltan a los empresarios valencianos. Como tampoco a los empresarios catalanes o baleares. Ya que, si bien es el País Valenciano el que está en una situación más penosa (es la única comunidad autónoma que recibe menos dinero que la media del sistema de financiación a pesar de que tiene un PIB por debajo de la media), tanto el Principado como las Islas salen malparados en las estadísticas. Así, si se miran las balanzas fiscales encontramos que todos los territorios del eje mediterráneo aportan más a la caja común que lo que reciben (Madrid también aparece en esta estadística, pero habría descontar el «efecto sede» (distorsión que provoca que muchas empresas produzcan en un lugar X pero tengan su sede fiscal en Madrid).
Según calculó Solidaridad Catalana por la Independencia, en el camino de ida y vuelta a Madrid de nuestros impuestos, en 2012 los catalanes perdieron 16.500 millones de euros, por 6.500 los valencianos y 3.800 los baleares. Esto equivale a decir que España expolia el 14,1% de la riqueza de las Islas, el 8,1% del Principado y el 6,3% del País Valenciano. Balanzas fiscales aparte, también en el ámbito del sistema de financiación, Baleares y el País Valenciano salen perdiendo, mientras que Cataluña sólo ha podido mejorar su posición gracias a su presión negociadora en la última revisión del modelo, el año 2011.
Dicho esto, no es de extrañar que los dirigentes económicos hayan levantado la voz ante el desplume a que les somete Madrid. En Cataluña, donde los sectores empresariales se han caracterizado por jugar un papel activo en el debate público y las demandas puramente economicistas han ido acompañadas de una visión de país, la reivindicación de un pacto fiscal hace tiempo que se ha incorporado al catálogo de agravios. Y si bien en la actualidad, con el debate independentista, mantienen una posición más ambigua, han sabido hacer valer su peso para presionar a Madrid.
No más garrapatas.
En Baleares, el malestar entre las clases dirigentes es equiparable al del País Valenciano, si bien en las Islas, como en Cataluña, hace más tiempo que hay conciencia sobre la importancia de este asunto. El consenso a propósito del injusto trato fiscal se ha ido forjando durante más de dos décadas. En 1990 la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) inició una campaña contra el «exceso de presión fiscal» que a su juicio el Gobierno central del PSOE imponía. Ese año organizó un acto en el Auditorium de Palma, con masiva asistencia empresarial, bajo el lema, muy gráfico, de «No queremos más garrapatas», para exigir «un trato impositivo más justo».
Poco después fue la Obra Cultural Balear, bajo el liderazgo de Antoni Mir, la que puso en marcha, en 1991, la plataforma «Queremos mandar en nuestra casa» a la que se unieron organizaciones de todo tipo y también empresariales que, entre otras cuestiones referidas a tener más altas cotas de autogobierno y más protección para la lengua y cultura propias, exigían un «tratamiento fiscal justo para las Islas».
Por ahora, la exigencia de un nuevo modelo de financiación es una demanda compartida por todos en las Islas, desde los empresarios a los partidos de la oposición, pasando por el gobierno de José Ramón Bauzà. De hecho, unos y otros van de la mano a la hora de expresar esta reclamación. Carmen Planas, presidenta de la CAEB, dijo en el acto de su toma de posesión, el pasado 4 de abril, que «es una prioridad absoluta lograr un nuevo sistema de financiación autonómica más justo para Baleares», que sea «proporcional entre lo que aportamos a las arcas del Estado y lo que recibimos». Con tanta o más contundencia se han expresado en numerosas ocasiones otros dirigentes de asociaciones empresariales. Por ejemplo, Aurelio Vázquez, presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, hace justo un año, el 23 de julio de 2013, en una entrevista con el ministro de Industria, Energía y Turismo, dijo a José Manuel Soria que «en las Baleares no podemos esperar más, estamos hartos» de la financiación «totalmente injusta» que «está generando indignación y creciente descontento» empresarial, político y social.
Hay, como también había en 1931, conciencia de que existe un grave déficit.
«Exportadores que consienten las intromisiones de un poder central que nunca les ayudó -escribía Martí Domínguez en las páginas de Levante-; obreros valencianos que con su sudor se crean seguros, pensiones y graciosos regalos para los perezosos de otras regiones; agricultores que soportas las inquietudes de un régimen proteccionista; valencianos nunca escuchados, explotados, despreciados: ¿Hasta cuando vamos a consentir esto?» La pregunta era válida a principios de la década de los 30 del siglo pasado, para los valencianos, pero también para los catalanes y los baleares. Hoy sigue teniendo la misma vigencia.
Violeta Tena
Con información de Miquel Payeras
(*)
Salvador Navarro (Valencia, 1963) es presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y uno de los promotores del acto en el que los empresarios valencianos plantaron cara a Madrid. «El Estado desprecia la aportación que hacemos los valencianos», afirma este empresario del sector del transporte.
– ¿Cómo nace la idea de organizar una rueda de prensa como la que celebraron el pasado día 7, con todos los agentes económicos presentes y con un mensaje tan contundente?
– La idea de hacer este estudio [Prioridades de infraestructuras en la Comunidad Valenciana] surge a raíz de la visita del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalán, a la Delegación del Gobierno. Allí le trasladamos el agravio comparativo que sufrimos los valencianos: no puede ser que el Estado nos destine poco más del 6,19% de la inversión cuando representamos el 10,7% de la población. A partir de esa reunión, desde la CEV planteamos al resto de actores empresariales la posibilidad de redactar una especie de decálogo con las necesidades de inversiones en infraestructuras, una cuestión tan importante como lo es la reforma del sistema de financiación.
Al final, creo que quedará como una rueda de prensa histórica porque participaron la patronal, las cámaras y el lobby AVE. Es la primera vez que hay un posicionamiento común y tan contundente ante el Gobierno estatal. La rueda de prensa fue una demostración de lo que nos demanda la sociedad: dejarnos de individualismos y pensar en el bien de todos. En este sentido, los catalanes son un buen ejemplo de cómo deberíamos actuar, porque más allá de sus diferencias, tienen un posicionamiento común en Madrid y eso les permite plantear reivindicaciones y que su opinión sea tenida en cuenta. Espero, además, que este informe sea un punto de inflexión para poder trabajar sobre más documentos y estrategias en el futuro de forma conjunta.
– En la historia reciente ha habido dos cumbres empresariales: una en Oriola (Orihuela), la otra en Peñíscola. En esta última, uno de los organizadores, Javier Quesada, ya planteaba lo siguiente: «Mientras los empresarios valencianos han sorteado la falta de infraestructuras, por ejemplo, a base de ingenio particular, los vascos o los catalanes, organizaban comisiones para ir a protestar ante el ministerio o quien hiciera falta». ¿Le ha faltado visión estratégica al empresariado valenciano?
– L’empresariat valenciano ha tenido visión estratégica como empresario particular, pero no visión de conjunto. Y esto ha sido así porque hemos sido incapaces de aglutinar y dejar los personalismos aparte. Si de algo estoy satisfecho de la rueda de prensa del otro día es que por primera vez se ha visualizado que hay una posición conjunta.
Los tiempos no están como para organizar una cumbre como la de Oriola o Peñíscola, pero en todo caso, creo que el efecto que hemos conseguido es mayor que en aquellas. Nuestra voluntad es la de mantener esta unidad porque hay algo evidente: este no es un problema con el gobierno actual del PP, este agravio viene de lejos. Si tomas los datos históricos, la media de inversión se sitúa en el 7,7%, una cifra inexplicable por completo.
– ¿Se plantean hacer algún acto más contundente? Los empresarios catalanes, por ejemplo, hicieron un gran acto en el año 2013 por el pacto fiscal.
– De momento, estamos a la espera de que nos llamen del Ministerio de Hacienda para poner día y hora a la reunión con Montoro y el Ministerio de Fomento. A medida que se posicionan el resto de actores, también nos posicionaremos nosotros. Pero no descartamos que haya que hacer más cosas si queremos conseguir que la Comunidad Valenciana sea tenida en cuenta.
Y esto también es una crítica general y a nosotros mismos. La invisibilidad de los valencianos en Madrid es un problema que arrastramos desde hace tiempo, como demuestran las cifras. Y esto ha sido así en parte porque creímos que éramos lo que no éramos en realidad. La Comunidad Valenciana tiene una renta per cápita por debajo de la media nacional y, en cambio, aquí ha calado el discurso que éramos los primeros y los mejores. En Madrid, con esta idea absurda del ‘Levante feliz’, no entienden cómo antes éramos el número uno y ahora estamos en la situación que estamos. Durante mucho tiempo hicimos creer a Madrid y a toda España que éramos lo que en realidad no éramos y ahora resulta muy difícil hacer pedagogía y hacerles entender que aquí tenemos un grave problema de infrafinanciación.
– ¿Los empresarios fueron poco hábiles a la hora de detectar el problema de la infrafinanciación? ¿Se dejaron llevar por el discurso del ‘Levante feliz’?
– Lo más cómodo fue dejarse llevar por este discurso, sobre todo porque entonces las patronales teníamos mucha dependencia del dinero público. Nos dejamos llevar y nos equivocamos, a pesar de que sabíamos que aquel crecimiento era efímero.
Nuestra opción, a partir de ahora, es no depender de las instituciones, porque eso nos permitirá ganar independencia. La formación no debe ser una de las misiones principales de esta organización. Así pues, los ingresos de esta casa deben proceder de las asociaciones y federaciones que forman parte y las empresas que deseen incorporarse directamente. Históricamente esta casa ha tenido un 98% de peso público, este año terminaremos con un 75% y mi objetivo sería dejar una proporción de 40% público y 60% privado. Si no dependemos del dinero público, ganaremos independencia como agente social.
– Da la sensación de que con el acto del pasado lunes los empresarios han querido transmitir a la opinión pública que tienen discurso al margen de la Generalitat. ¿En el pasado careció de independencia a la hora de trazar un discurso propio?
– Posiblemente no faltó independencia pero sobró comodidad. Esta comodidad, sin embargo, la vamos abandonando poco a poco, como se ha demostrado en el caso de la ampliación del Palacio de Congresos, a la que nos opusimos.
– Volviendo al acto del lunes, ¿informaron antes a la Generalitat de que tendría lugar?
– No, era un acto empresarial y considerábamos que no era necesario. Fue un acto en el que los empresarios nos unimos y reclamamos al Gobierno de la nación. Consideramos que no era un acto político y que la Generalitat debía enterarse por los medios habituales.
– Algunos medios han hablado de «motín empresarial». ¿Lo fue?
– No, nosotros tenemos nuestro propio hoja de ruta y la seguiremos. La rueda de prensa se organizó porque los Presupuestos se cerraban y había que dejar constancia de nuestra posición. Hasta ahora las reivindicaciones empresariales desde la Comunidad Valenciana a Madrid habían llegado de manera dispersa, ahora los unos, ahora los otros. Este documento de puesta en común puede hacer visible en Madrid que hay un posicionamiento conjunto y esto debería darnos fuerza.
Los valencianos somos un pueblo tranquilo, somos buena gente. Yo, como ciudadano y empresario valenciano, tengo lealtad institucional al Consell pero, con todos los respetos, comienzo a cansarme de España. Nosotros aportamos al Estado, pero él no nos considera igual que al resto de españoles, tal y como demuestran las cifras. ¿Por qué los valencianos debemos ser menos que cualquier ciudadano español? La mala financiación afecta a los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos, pero también a los empresarios.
– Los catalanes hablan de expolio fiscal. ¿Los valencianos podemos usar también esta palabra para definir nuestra situación?
– Lo que está claro es que aquí hay unas comunidades autónomas que aportamos más de lo que recibimos. Hace poco salió el presidente de Extremadura diciendo que a cada pensionista le iba a dar 200 euros. Estas son el tipo de cosas que nos irritan a los que hacemos aportaciones netas a la caja común y, encima, tenemos una renta per cápita inferior a la media.
– En una entrevista en este semanario, José Vicente González, presidente de la Cierval, dijo que estaba harto de ofrecer nuevas glorias a España. ¿Salvador Navarro también lo está?
– Ayer estuve con Enrique de Miguel, el rector de la Real Academia Española de la Lengua y estuvimos comentando que deberíamos empezar a estudiar la posibilidad de cambiar el himno de la Comunidad y pasar de decir «Para ofrendar nuevas glorias a España» a decir «para pedir lo que nos toca en España». Algo deberíamos pensar.
A mí el himno me gusta, pero esta frase no es nada acertada.
– ¿Diría que Madrid nos asfixia a los valencianos?
– Madrid nos está asfixiando. Este es un problema que arrastramos desde hace tiempo, en parte porque los valencianos no hemos sabido poner el tema sobre la mesa y hacernos valer en Madrid. Los valencianos somos bastante más importantes de lo que nos consideran en Madrid. Creo que España desprecia la aportación que hacemos los valencianos. Cualquier inversión del Estado que se hace aquí representa tasas de retorno de dos dígitos. Aquí hay una base empresarial, emprendedora, dinamismo económico, turismo, exportación… y esto se debe valorar.
– En el acto del lunes dijo que «debemos dejar de ser buenos niños». ¿En qué se debería traducir esto?
– Creo que durante algunos años hemos hecho demasiado seguidismo de la administración. La administración debe ir por un lado y nosotros por otro. Y en ocasiones iremos en paralelo pero en otras ocasiones nos cruzaremos.
Lo que no puede ser es que cuando aquí viene algún miembro de la administración central quiera hacer ver que las ayudas que nos dan son ayudas a fondo perdido, cuando en realidad se trata de préstamos. Me molesta mucho desde el punto de vista institucional que los responsables políticos de Madrid nos miren por encima del hombro, a nosotros y al Consell. Yo no permito que institucionalmente a nuestro Consell se le desprecie, como se ha visto en alguna ocasión.
– ¿Se desprecia al Consell en la negociación de la reforma del sistema de financiación?
– No es exactamente menosprecio. Sea como sea, cuando a finales de mes se publiquen las balanzas fiscales sabremos en qué posición estamos cada uno de nosotros.
Yo siempre traslade mi apoyo total al consejero de Hacienda, porque entiendo que es una persona que ha aportado seriedad y rigor de cara a Madrid, dos atributos que nos hacían mucha falta. Independientemente de los excesos y los problemas que hemos tenido en el pasado, en estos momentos tenemos unas cuentas saneadas, a pesar de la investigación de la Unión Europea.
– ¿Le parece casual que la misma semana que ustedes salen en tromba contra Madrid, se haga pública la investigación de Bruselas?
– No, creo que es una patada del Ministerio de Hacienda a nuestra comunidad y al Consell. No me parece casual que justo ahora se haya hecho pública la investigación. Creo que se ha exagerado porque con el ‘Plan de Pagos a Proveedores’ se oficializaron las facturas y ahora todo está en regla. Aquí hay que analizar cada una de las etapas de gestión y en la etapa de Fabra y Moragues ha habido más seriedad y rigor.
– ¿Faltó seriedad y rigor en la etapa de Camps al frente de la Generalitat?
– Sí, rotundamente sí. A las pruebas me remito, tampoco creo que haya que desarrollar mucho más el argumento. Todos los excesos que hemos tenido -y también en esto nosotros tenemos alguna responsabilidad- los estamos pagando. En un punto, esto parecía Alicia en el país de las maravillas .
– Aquí se hablaba del nuevo siglo de oro de los valencianos…
– Pues eso.
– ¿El problema, pues, no es sólo de infrafinanciación?
– Por supuesto. Hay un problema de infrafinanciación, pero también es cierto que gastamos más de lo que realmente teníamos. Y este no es un problema exclusivamente nuestro, porque también les ha pasado a los ciudadanos, a los empresarios y a todas las administraciones públicas. Nuestro problema es que la atención se ha focalizado en nosotros y da la sensación de que somos los más corruptos, los peores gestores y los que más hemos despilfarrado en inversiones.
– Fabra reclamará a Rajoy que se condonan los intereses que se derivan del rescate. ¿Es esta condonación suficiente, a su juicio?
– Necesitamos actuaciones de todo tipo. Esta puede ser una primera medida, pero necesitamos más.
– ¿Qué más?
– Si tenemos un déficit de financiación de 1.000 millones de euros al año, debemos pedir lo que nos corresponde. Y esto no se puede solucionar sólo por la vía de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, porque los préstamos hay que devolverlos. Necesitamos negociar los plazos y abordar la cuestión de la deuda histórica.
– ¿Hay que reclamar la deuda histórica?
– Sí, es necesario que en este ámbito el Consell tome la iniciativa. Entre batallar en la trinchera o batallar en campo abierto, yo prefiero pelear en campo abierto.
– El problema es que el Consejo reclamó que se cambiara el modelo de financiación en el año 2014 y no se hizo; se reclamó para 2015 con carácter retroactivo y no se hará; ha reclamado un fondo de compensación y no parece que se piense conceder… La sensación es que las reclamaciones de Fabra en Madrid caen en saco roto.
– La presión en Madrid debemos trabajarla también desde la parte empresarial. En Madrid, los valencianos -y aquí incluyo a los empresarios-, pintamos poco. Así como otras comunidades han conseguido hacer lobby, nosotros no y cuando los empresarios hemos ido, ha sido para hacer negocios privados. Hasta ahora, no hemos sabido hacer ni patria ni equipo.
Así pues, es un ámbito en el que tenemos que empezar a trabajar firmemente. Hace un mes tuve una cena con diputados del grupo popular para hacerles llegar nuestras inquietudes. Lo que no puede ser es que hagamos un discurso aquí y otro en Madrid. Debemos hacer ruido en Madrid porque si lo hacemos sólo aquí no servirá de nada.
– Dice que tuvieron una reunión con los diputados valencianos en Madrid. ¿Qué credibilidad le merece un partido político que en Valencia reclama la urgencia de la reforma del sistema de financiación y en Madrid veta hasta en cuatro ocasiones que se aborde una reforma del Estatuto que blinda las inversiones en Valencia?
– Esta postura ya la hemos criticado en varias ocasiones desde esta casa. Yo entiendo que los diputados tengan que mantener una cierta disciplina de voto, pero los diputados del Congreso no se deben olvidar que si están allí es porque les han votado los electores valencianos. Me gustaría que en cuestiones como éstas los diputados valencianos, independientemente de su color político, votaran de manera conjunta a favor de la Comunidad Valenciana. No hay que olvidar que estamos en un año de elecciones y los diputados tendrán que rendir cuentas.
– Las encuestas pronostican que el PP perderá la mayoría absoluta. Fabra ya ha advertido del «peligro» de un «tripartito de izquierdas y pro-catalanista». ¿Le da miedo el relevo al frente de la Generalitat?
– Nosotros somos leales a la institución, independientemente de quien gobierne, porque nuestra defensa de los intereses valencianos ha de estar por encima de cuestiones políticas. A mí no me dan miedo los relevos pero sí la inseguridad jurídica. No entiendo, por ejemplo, que el PSPV diga que eliminará los conciertos con empresas de sanidad privada, sin esperar al vencimiento del contrato. Y tampoco entiendo que el Gobierno del PP elimine las deducciones por la contratación de mayores de 45 años con efecto retroactivo.
– ¿Diría que en estos 20 años se ha gestionado bien la cosa pública?
– En estos 20 años se ha de reconocer que la Comunidad ha dado un vuelco espectacular, pero las inversiones que se han realizado se han hecho a costa de los valencianos. En cambio, en otros lugares, las grandes inversiones las ha pagado el Estado.
– El resultado es una comunidad empobrecida y con graves problemas financieros. Hay quien, llegados a este punto, es partidario de que el País Valenciano sea intervenido. ¿Cómo ven los empresarios esta posibilidad?
– No lo veo posible. Tendría sentido que nos intervinieron si la gestión pública estuviera fuera de control. Pero este no es el caso en la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos perfectamente diagnosticado cuál es el problema. Ahora, lo que falta es que Madrid lo entienda y nos aporte la ayuda que nos corresponde.
ElTemps 1571 , 21/07/2014
Violeta Tena
